El Tribunal Supremo admitió a trámite el pasado jueves la denuncia del Ejecutivo de Ceuta, en la sala de lo contencioso-administrativo, contra la "inacción" del Gobierno central "antes, durante y después" del asalto masivo a la ciudad los días 30 y 31 de julio.
En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, la Sala Tercera requiere al Ministerio de Presidencia que entregue en un "improrrogable plazo de veinte días" el expediente administrativo sobre la gestión de las expulsiones, devoluciones y solicitudes de asilo tras el asalto masivo a Ceuta.
Pasados casi 90 días de "la invasión", como la define el presidente local, Juan Jesús Vivas, éste es el primer movimiento judicial efectivo que señala a Pedro Sánchez y a su Consejo de Ministros por esta "inacción" de la que se le acusa.
El Supremo, según se lee en el documento, exige diligencia al departamento de Félix Bolaños "bajo los apercibimientos" legales que pueden desembocar en "multas coercitivas" si no se remite la documentación. Al tratarse de 20 días hábiles, el plazo cumple el lunes 23 de noviembre.
La resolución admite a trámite el recurso del Ejecutivo de Vivas contra la supuesta inactividad del Gobierno. Ceuta pretende que el tribunal obligue al Ejecutivo de Sánchez a aprobar un plan operativo, dotarlo de medios y "establecer un calendario con hitos quincenales" para tramitar los procedimientos y ejecutar las resoluciones que procedan.
Sobre esta petición, se piden además medidas cautelarísimas en el mismo sentido. Es decir, obligar a Moncloa sin darle audiencia previa.
En pocas horas
La decisión judicial llegó el jueves 22 de octubre por la tarde, el mismo día y pocas horas después de que los servicios jurídicos ceutíes presentaran la denuncia ante el contencioso-administrativo del Supremo.
Este periódico pudo acceder al recurso elaborado por los letrados ceutíes tras estudiar el miércoles los 63 folios con los que el Ejecutivo central dio por contestado y desestimado el requerimiento previo de la Ciudad.
Su conclusión fue que aquella respuesta, fechada el martes 20 y emitida un día después del vencimiento, "no satisfacía lo requerido" en el escrito del 16 de septiembre remitido a Moncloa. La misma que la de la Sala del Supremo, en su escrito de admisión a trámite.
El recurso del Ejecutivo ceutí sostiene que el Gobierno no facilitó "el estado de tramitación de los procedimientos" ni acreditó "la asignación y el despliegue de los medios necesarios para tramitarlos" en plazo, "que es, en sustancia, lo que se le requiría".
El requerimiento inicial de Ceuta llegó el día 18 de septiembre al Ministerio de Presidencia y los otros departamentos concernidos. Ceuta concedía un mes para resolver los expedientes, ejecutar las salidas cuando correspondiera y reforzar los servicios estatales de extranjería, asilo y seguridad.
20 días, 10 más y multas
El gobierno contestó 24 horas fuera de plazo y sin satisfacer las peticiones de Ceuta. Por eso, el Supremo remite ahora al artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que fija 20 días "improrrogables" para que el Ejecutivo central remita el expediente.
La Administración debe enviarlo "completo", en "soporte electrónico, foliado, autentificado y acompañado de un índice". También debe "identificar al órgano responsable del cumplimiento" de la resolución judicial.
Si vence el plazo sin que el expediente haya llegado completo, la ley marca que se reitere la reclamación, abriendo otro término de 10 días, que computa igualmente desde su entrada en el registro correspondiente.
Así, una vez cumplido el mes sin que se entregara, la ley prevé sanciones de 300 a 1.200 euros en forma de multas coercitivas a la autoridad o empleado responsable, en este caso del Ministerio de la Presidencia.
Esa multa "será reiterada cada 20 días, hasta el cumplimiento de lo requerido". Si no puede individualizarse al responsable, pagará la Administración, sin perjuicio de repercutir después el importe contra quien corresponda.
Tras las tres primeras multas sin conseguir el expediente completo —es decir, dos meses más—, el tribunal "comunicará los hechos al Ministerio Fiscal" y podrá seguir imponiendo otras sanciones, hasta el delito de desobediencia.
La respuesta "fuera de plazo"
La iniciativa judicial de la ciudad autónoma había sido adelantada por este diario el pasado martes, ante su inminente aprobación por el Consejo de Gobierno ceutí. La contestación "fuera de plazo" de Moncloa motivó después "una revisión jurídica" que precedió a la presentación efectiva del jueves.
El escrito definitivo, al que también ha podido acceder EL ESPAÑOL, incorpora la resolución de Moncloa, firmada por Ángel Víctor Torres como autoridad funcional de la crisis.
Ceuta no la impugna como acto autónomo, sino que recurre "contra la inactividad de la Administración" que, según sus letrados, originó el requerimiento y persiste después de la respuesta.
El Gobierno central, por su parte, sostenía en su larguísima contestación, de 63 folios, que las actuaciones están "iniciadas y en curso". Y alegaba que la controversia afecta al ritmo de tramitación, al alcance de los medios y a los plazos, negando que exista una obligación concreta exigible en los términos planteados por la Ciudad.
Pero los juristas ceutíes replican que esa respuesta "ni detalla cuántos procedimientos de expulsión o devolución se han incoado", ni cuántos "se han resuelto o ejecutado". Tampoco permite conocer "cuántas solicitudes de protección internacional se han registrado, presentado o resuelto".
En palabras de fuentes del Ejecutivo ceutí, los 63 folios son una mera "enumeración de refuerzos policiales, medios militares, instalaciones de acogida, actuaciones sanitarias y ayudas económicas".
La contestación estatal recoge, por ejemplo, que se han destinado 92 policías dedicados a extranjería, menores y protección internacional, equipos rotatorios de cuatro o cinco personas y 10 interinos de refuerzo.
Ceuta considera insuficiente esa descripción para verificar el cumplimiento de los plazos legales "para volver a la normalidad" previa a "la invasión".
Calendario y responsables
La primera medida solicitada es un plan operativo en 10 días improrrogables. Debe asignar recursos y establecer hitos quincenales para tramitar los expedientes de los adultos llegados el 30 y 31 de julio que siguen en la ciudad.
Ceuta pide también ejecutar las resoluciones de expulsión y devolución que sean ejecutivas, incluida la conducción hasta el puesto fronterizo de salida. Lo reclama "con respeto a las suspensiones judiciales, la protección internacional y el principio de no devolución".
En cinco días quiere recibir una relación agregada de las personas que permanecen en Ceuta, los procedimientos y los medios desplegados. Solicita identificar a los responsables de las medidas y que el Gobierno informe al Tribunal Supremo cada 15 días.
Cabe aclarar que la admisión a trámite no declara probada la "inactividad" ni concede, de momento, esas medidas. El Supremo abre el procedimiento y reclama la documentación sobre la que deberá desarrollarse el litigio.
Retornos "voluntarios" o no
El recurso de la ciudad reconoce que se han producido salidas: recoge las cifras estatales de 12.142 retornos voluntarios y 563 expulsiones hasta el 18 de octubre.
Pero su acusación es más concreta: los representantes ceutíes en los comités de situación certifican que "no se ha llevado a cabo ni una sola expulsión que no sea un retorno voluntario o la ejecución de una sentencia judicial" por infracciones o delitos.
Extracto del recurso contencioso-administrativo de la ciudad de Ceuta contra “la inactividad” del Gobierno.
E.E.
Es decir, que "pasados ya casi tres meses", el Gobierno no ha devuelto a ninguna persona llegada irregularmente aquellos dos días mediante el procedimiento administrativo ordinario de la Ley de Extranjería.
"Queremos que se actúe y se retornen a adultos y menores ya", reclama un miembro del Gobierno ceutí, en declaraciones a este diario. El mismo integrante del Ejecutivo local resume su demanda: "Lo que queremos es normalidad, pedimos lo que por derecho nos corresponde a los ceutíes, libertad y seguridad".
Finalmente, otro miembro del Gobierno de Vivas recibió la admisión con una reacción más emocional: "Tengo ganas de llorar... Por fin algo de movimiento".