El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella presentó ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República cuatro denuncias para que se investiguen y se frenen contratos y decisiones del Gobierno nacional antes del cambio de mando. Esta ofensiva busca bloquear movimientos administrativos del gobierno saliente de Gustavo Petro antes del 7 de agosto de 2026.
Las denuncias fueron radicadas por un equipo liderado por el abogado Germán Calderón España. Según el grupo de empalme, los cuatro procesos apuntan a presuntas irregularidades contractuales que se estarían moviendo en la recta final de la administración saliente.
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Uno de los procesos se concentra en Colombia Compra Eficiente y en un contrato para la selección de proveedores de ciberseguridad por cerca de $300.000.000.000. El equipo advirtió dudas sobre la fecha de adjudicación, prevista para el 28 de julio de 2026.
“La primera y más urgente corresponde al proceso CCENEG-094-01-2026 de Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores de ciberseguridad, valorado en cerca de $300.000 millones de pesos, cuya adjudicación está prevista para el 28 de julio. El Empalme Anticorrupción advirtió sobre presuntos pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas locales, estudios de mercado desactualizados y una celeridad sospechosa en el cronograma, y solicitó la suspensión inmediata del proceso mientras se verifica su legalidad”, puntualiza el documento oficial.
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Conforme a lo expuesto por el grupo, la rapidez del programa y las condiciones del proceso generan sospechas de presuntos pliegos direccionados y de una posible limitación a la participación. Por eso, pidió la suspensión inmediata del contrato mientras se verifican esos hechos.
Otro frente de las denuncias apunta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Uno de los contratos cuestionados corresponde a un convenio por más de $6.435.000.000 con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender casos de desnutrición en el departamento del Chocó.
“La segunda y la tercera denuncia apuntan al ICBF, que suscribió un convenio por más de $6.435 millones con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en el Chocó, pese a que dicha entidad ya se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud y presentaba antecedentes de baja ejecución”, según el escrito.
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Y agregó: “Durante la ejecución del convenio se documentaron la ausencia de personal médico y nutricional, el uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad, lo que derivó en una reducción del 40% en la cobertura, dejando por fuera a siete municipios y liberando más de 2.060 millones de pesos en recursos inicialmente comprometidos. Niños menores de cinco años y mujeres gestantes en condición de vulnerabilidad pagaron las consecuencias de esa contratación irresponsable”.
El equipo de empalme señaló que esa entidad ya estaba bajo vigilancia de la Superintendencia de Salud (SuperSalud) y presentaría antecedentes de baja ejecución. Ese fue uno de los elementos expuestos para pedir revisión sobre el convenio.
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La denuncia específica que esas fallas habrían afectado a menores de cinco años y a mujeres gestantes en condición de vulnerabilidad. El señalamiento forma parte de dos contratos relacionados con el Icbf que fueron llevados a control disciplinario y fiscal.
La otra actuación cuestionada por el equipo de empalme se refiere a Electrohuila. Según expuso el grupo, la Procuraduría ya abrió una investigación por una presunta reforma estatutaria que querrían implementar y que, a su juicio, beneficiaría al actual gerente de la empresa.
“La cuarta denuncia recae sobre Electrohuila, donde la Procuraduría ya abrió indagación previa por una presunta reforma estatutaria diseñada para favorecer la permanencia de la actual gerente de la empresa”.
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El equipo del presidente electo afirmó: “Desde el Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella reiteramos que el primer empalme anticorrupción de la historia de Colombia no es un ejercicio retórico: es una acción concreta, documentada y con nombres propios. Estas denuncias son la demostración de que el compromiso de defender cada peso de los colombianos comenzó antes del 7 de agosto. Caiga quien caiga”.