El expresidente del Consejo de Ministros del exmandatario José Jerí, Ernesto Álvarez, es el primer ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.
Álvarez regresaría al Poder Ejecutivo a meses de haberlo dejado, luego de que Jerí fuera destituido en febrero de 2026. Su gestión en la PCM duró poco más de 4 meses.
Un detalle particular marcó la juramentación: el expremier, al no estar presente de manera presencial, prestó juramento de forma virtual. La situación dejó constancia de una ceremonia que combinó la presencialidad con la participación remota de al menos uno de los funcionarios convocados.
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La administración de Álvarez como jefe del gabinete no estuvo exenta de controversias. El 19 de enero de 2026, en una entrevista con la periodista Milagros Leiva en el podcast Siempre a las 8 de El Comercio en medio del escándalo del “Chifagate”, Álvarez describió públicamente al entonces presidente José Jerí como alguien sin la experiencia suficiente para el cargo.
“El presidente ha caído en una trampa por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República. Entonces, a sus 38 años no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo”, dijo.
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Al día siguiente, el 20 de enero de 2026, en una entrevista con el canal Willax, Álvarez admitió que no recordaba el nombre del ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz, con quien llevaba cuatro meses compartiendo sesiones de Gabinete. “Sí, lo conozco del Gabinete”, dijo, pero al ser preguntado directamente por el nombre del titular del Minem, respondió: “No recuerdo su nombre”.
Para justificar el desconocimiento, Álvarez explicó que Jerí había designado a los ministros antes de contar con un titular de la PCM, y que él, al asumir, pidió información sobre sus perfiles. “No había un ministro, sino aspirantes o propuestas para las diversas carteras ministeriales. Cuando acepté, le dije: ‘Tengo que ver a qué personas usted ha ido eligiendo para saber si son las personas idóneas’”, declaró. La justificación no convenció: el propio artículo de Infobae señaló que Álvarez no explicó por qué, habiendo participado en el proceso de nombramiento, no conocía el nombre del funcionario.
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En la misma entrevista, al ser consultado sobre si respaldaría al ministro Bravo De La Cruz, el premier dijo: “No, no pongo las manos al fuego”.
Ernesto Julio Álvarez Miranda nació en Lima el 21 de mayo de 1961. Se graduó como abogado en la Universidad de San Martín de Porres (USMP), donde también obtuvo el doctorado en Derecho y una maestría en Derecho Civil y Comercial. Amplió su formación con una especialización en Derecho Político en la Universidad de Navarra, España, como becario del Instituto de Cooperación Iberoamericana.
Su carrera universitaria se desarrolló casi íntegramente dentro de la USMP. Ocupó sucesivamente los cargos de secretario de la Facultad de Derecho entre 1997 y 2003, coordinador académico del doctorado en Derecho entre 2004 y 2006, y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Desde noviembre de 2014 ejerce como decano de la Facultad de Derecho. También dictó clases en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Peruana Los Andes y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.
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En el ámbito institucional, fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional en 2007, candidatura presentada por la bancada de Unidad Nacional.
En 2014, junto a los magistrados Carlos Mesía y Gerardo Eto Cruz, Álvarez Miranda suscribió dos fallos que generaron una grave crisis institucional. El primero anuló el nombramiento de las fiscales supremas Zoraida Ávalos y Nora Miraval, y ordenó el nombramiento de Mateo Castañeda como fiscal supremo. El segundo fallo ordenó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) nombrar a César Hinostroza Pariachi como fiscal supremo, quien años después se convertiría en uno de los protagonistas del escándalo de los “cuellos blancos del puerto” y terminaría prófugo de la justicia.
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El entonces presidente del CNM, Pablo Talavera, calificó los fallos de “golpe de Estado al orden constitucional” y anunció denuncias contra los magistrados firmantes por presuntos delitos de prevaricato y usurpación de funciones. El nuevo pleno del TC, conformado en mayo de 2014, dejó sin efecto ambas sentencias y dispuso el archivo definitivo de los casos, señalando que el TC había “invadido las competencias constitucionales del CNM”.