Fredy Orlando Quintero Mogollón, que se desempeñaba como subdirector general de la Unidad para las Víctimas durante la administración de Gustavo Petro, finalmente no regresará a su cargo, después de que el Tribunal Superior de Cúcuta negara en segunda instancia su acción de tutela con la que buscaba revertir su salida de la dependencia.
El fallo judicial, citado por El País América, anuló la versión expresada por el exfuncionario, quien aseguraba que era el único responsable económico y de cuidado de su hija, cuya condición de discapacidad, según su argumento, le otorgaba protección laboral reforzada y acceso a una pensión especial para padres de personas con discapacidad sin el requisito de edad.
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En la tutela, Quintero Mogollón planteaba una presunta vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada, una garantía que protege a trabajadores en situación de vulnerabilidad frente a un despido sin justa causa.
Además, afirmó que tenía 1.153 semanas cotizadas y que, por ello, debía ser considerado prepensionado, condición aplicable a quienes están a tres años o menos de cumplir los requisitos para la pensión de vejez.
En la decisión de primera instancia, emitido el 10 de agosto, la justicia no ordenó su reintegro pero si solicitó a la entidad que evaluara si el exsubdirector estaba amparado por la protección especial prevista para quienes están próximos a pensionarse.
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El exsubdirector había sido declarado como insubsistente el 16 de julio de 2026. El exfuncionario alegó además que estaba bajo incapacidad médica cuando se decidió su desvinculación y que esa fue la razón por la cual rechazó presentar una renuncia voluntaria.
Ante ello, el juez de Cúcuta ordenó suspender provisionalmente los efectos de esa decisión mientras resuelve la acción constitucional.
Sin embargo, la Unidad para las Víctimas cuestionó la petición de Quintero Mogollón. “Arixa Milena Villamizar González, madre de la menor, cuenta con capacidad económica para soportar la carga familiar”, manifestó la entidad en su respuesta a la justicia.
En cuanto a su condición de prepensionado, la dependencia reportó 1.051 semanas, una cifra que lo excluía de ese grupo. En ese sentido, la justicia finalmente descartó su regreso a la subdirección general, en la que administraba parte de los recursos destinados a las víctimas del Catatumbo.
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Así mismo, la Unidad para las Víctimas replicó que permanecía incapacitado incluso el 10 de agosto, fecha en que interpuso la tutela.
Quintero ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, una modalidad de empleo público asociada a tareas de dirección o confianza, en la que la administración puede designar y retirar discrecionalmente a sus funcionarios.
El nombramiento de Quintero había despertado cuestionamientos por el proceso penal que cursa en su contra. Los testimonios del expediente también lo relacionan con su paso por la Alcaldía de Chitagá (Norte de Santander), donde, de acuerdo con el expediente judicial revelado por Semana, habría gestionado y desviado recursos públicos para financiar al frente Efraín Pabón del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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“El material probatorio da cuenta de que el exmandatario habría financiado a ese grupo armado durante el período en el que ejerció el cargo (2016-2019) y, supuestamente, auspició la comisión de actos delincuenciales, como cobro de extorsiones, secuestros y ataques contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura en Pamplona, Toledo, Labateca, Chitagá y Silos (Norte de Santander), y varios municipios de los departamentos de Santander, Arauca y Boyacá”, señaló la Fiscalía.
Pese a que el expediente se encuentra en etapa de juicio, Quintero llegó a ocupar el segundo cargo de mayor poder dentro de la Unidad para las Víctimas. El exalcalde sostuvo que su presunción de inocencia le permitió “acudir al llamado” para ser directivo de la entidad y que el proceso no podía inhibir sus “derechos y deberes civiles y políticos”.
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Su permanencia continuó incluso después de la salida de Adith Romero, el director que lo incorporó a la Unidad. Quintero se negó a renunciar hasta que fue declarado insubsistente, antes del cambio de Gobierno y de la llegada de un presidente con una visión distinta sobre el conflicto armado y la atención a las víctimas.