Expertos independientes en derechos humanos pidieron a Honduras que detenga de inmediato la ejecución de más de 1000 órdenes de desalojo que afectan a miles de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, al advertir que la pérdida de esas tierras no implica solo quedarse sin vivienda, sino también sin la base para producir alimentos y sostener sus medios de vida.
Según la información citada por los especialistas, al 1 de julio ya se habían emitido más de 1000 órdenes y algunas habían comenzado a ejecutarse. El reclamo al Gobierno incluye suspender nuevos procedimientos y consultar antes a las comunidades afectadas por reclamaciones territoriales pendientes.
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La preocupación de los expertos se concentra en el Decreto 107-2026, una normativa que, según explicaron, protege determinadas tierras destinadas a actividades agroindustriales, ganaderas, energéticas y turísticas frente a reclamos vinculados con la reforma agraria o con derechos ancestrales. También advirtieron que esa legislación fue elaborada sin consulta a las comunidades que podrían ser desplazadas.
“Una ley redactada sin haber realizado una sola consulta a las comunidades que se verán desplazadas no puede servir de base para desalojar a miles de familias”, afirmaron. “Estos desalojos son fáciles de ejecutar, pero casi imposibles de revertir”.
Los especialistas señalaron que una parte de los terrenos en disputa está siendo utilizada por cooperativas y agricultores de subsistencia para cultivar alimentos. Por eso, el desalojo puede privar a las familias de recursos productivos esenciales para su supervivencia.
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A juicio de los expertos, el conflicto no se limita a determinar quién puede ocupar o usar un territorio. También abre interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de Honduras de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación, por su impacto directo sobre la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades.
Uno de los casos recientes mencionados fue el desalojo del 6 de julio contra la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida, de un territorio ancestral que, según indicaron, había sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como perteneciente a esa comunidad.
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Durante ese operativo fueron detenidos cinco defensores de derechos humanos garífunas, que luego recuperaron la libertad, aunque siguen enfrentando procesos penales por usurpación agravada. Los expertos pidieron investigaciones rápidas sobre los actos de violencia ocurridos en ese procedimiento y reclamaron el cumplimiento íntegro de la sentencia de 2023 de la Corte Interamericana sobre el territorio ancestral de San Juan, así como de otras decisiones pendientes sobre derechos territoriales en el país.
También citaron el caso de más de 40 familias campesinas desalojadas el 6 de agosto de la comunidad de El Tulito, en Choluteca, en aplicación del mismo decreto. Según la información recibida, las disputas por la tierra han estado acompañadas de episodios de violencia y las personas defensoras de derechos humanos continúan expuestas a represalias por su trabajo.
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En una comunicación enviada al Gobierno hondureño, los especialistas plantearon la necesidad de realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente y eficaz sobre el asesinato de 20 personas ocurrido el 21 de mayo en Rigores, Colón. De acuerdo con la información recogida en esa comunicación, los atacantes presuntamente vestían uniformes policiales y militares.
Ocho de las víctimas pertenecían a organizaciones campesinas que días antes habían denunciado la destrucción y confiscación de sus propiedades por parte de la policía. Los expertos solicitaron que los hechos sean esclarecidos y que los responsables rindan cuentas.
El grupo también instó a las empresas involucradas en disputas territoriales a aplicar procesos sólidos de diligencia debida en materia de derechos humanos. El pedido incluyó evitar que las comunidades y quienes defienden sus derechos queden expuestos a riesgos indebidos, entre ellos el posible uso indebido del derecho penal.
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“No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se cierran deliberadamente todas las vías legales a través de las cuales una familia campesina, indígena o afrodescendiente de Honduras pueda impugnar el despojo”, afirmaron.
Los firmantes son relatores especiales y miembros de grupos de trabajo de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, con mandatos sobre derechos de los campesinos, vivienda, alimentación, ejecuciones extrajudiciales, libertad de asociación, defensores de derechos humanos y empresas y derechos humanos. Actúan a título individual, son independientes y sus opiniones no representan necesariamente a las Naciones Unidas ni a la Oficina de Derechos Humanos.
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