«Exteriores concede la máxima prioridad a esta tarea. Por eso, la pasada semana se anularon las vacaciones en curso y las previstas para las próximas semanas de todos los cónsules de las oficinas afectadas por las medidas cautelares». El Ministerio de Exteriores ha acelerado los trámites para cumplir las órdenes del Tribunal Supremo con respecto a la suspensión cautelar del voto de 163.000 nacionalizados por la ley de nietos, pero reconoce que es «imposible» reunir el 100% de la información en algunos consulados, como ya avisó la Abogacía del Estado.
EL MUNDO avanzó ayer que la tardanza de la Dirección de Asuntos Consulares en reunir los datos de los 163.000 nacionalizados que tienen suspendido el derecho a voto amenaza con desatar una enorme batalla legal después de las elecciones del 29 de noviembre. Y un aluvión de impugnaciones de los resultados.
Ante esto, fuentes de Exteriores inciden en que no da tiempo material a obtener un listado definitivo y completo: «La Abogacía del Estado ya advirtió al Tribunal Supremo, en su informe del pasado día 9, que el tiempo hasta la cita electoral era manifiestamente insuficiente para los consulados con mayor volumen de expedientes». Y señaló también, recuerda el equipo de José Manuel Albares, «que en algunos supuestos el cumplimiento resultaría materialmente imposible, pese a que Exteriores ha puesto en marcha todos sus recursos humanos y materiales».
El Ministerio asegura que seguirá «colaborando plenamente con el Tribunal Supremo, la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente y de las medidas acordadas por el Supremo».
Las autoridades electorales y la Oficina del Censo han constatado que ahora mismo no hay visos de que se pueda cumplir al 100% lo que ha ordenado el Supremo: que el Gobierno discierna a tiempo, uno a uno, cuáles de los nacionalizados por la ley de nietos pueden votar y cuáles no.
Exteriores asegura que los consulados y los servicios informáticos del Ministerio han trabajado en una plataforma «que ya está operativa». «A través de ella se trasladan de forma segura a la Oficina del Censo Electoral los datos requeridos. La Oficina ya ha recibido datos de casi una treintena de consulados», revelan. Es decir: los trámites avanzan, pero sin perspectiva de completarse al 100%.
«Los consulados están completando con la mayor rapidez posible las comprobaciones restantes», inciden. Pero no parece que vaya a ser suficiente. «Los funcionarios del Servicio Exterior están dedicando todo su tiempo a este esfuerzo. Lo hacen en un plazo excesivamente breve para el volumen de expedientes, gran parte de ellos sin informatizar, y en un calendario acelerado por la convocatoria electoral». Esto significa que lo más probable es que no se pueda finalizar al 100% el trámite. Ése es el peligro que sobrevuela este caso.
Pero nada de esto convence al PP. Para el principal partido de la oposición, «la sospecha es que estamos ante una maniobra deliberada». Es decir, cree que se trata de un ardid para saltarse la prohibición cautelar del Alto Tribunal. Preguntadas por esta información, fuentes del PP aseguraron que «esta situación no es casual ni responde a un problema burocrático sobrevenido», sino que el Ejecutivo quiere «dejar pasar el tiempo para hacer materialmente imposible el cumplimiento de la resolución judicial sin que nadie pueda ser acusado directamente de desobediencia». Curiosamente, tanto Exteriores como el PP usan la misma expresión: «Materialmente imposible».
Si el bloqueo burocrático continúa y no hay manera de censar por completo el veto a los votantes suspendidos, el Supremo deberá decidir entre anular todo el voto exterior o levantar las medidas cautelares y permitir un escrutinio total. Ambas opciones generarían la impugnación de las elecciones en cada circunscripción.
La ponencia del TC
Además, hay que recordar que el Defensor del Pueblo ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que puedan votar todos los nacionalizados. Si el TC decreta medidas cautelares, podría suspender a su vez las cautelares del Supremo, y podrían votar todos los afectados. El tribunal de garantías tiene pocos días para tomar la decisión. Y en plena precampaña electoral.
Hay que destacar, en ese sentido, que la Sección Cuarta del Tribunal Constitucional deliberará este lunes sobre el recurso de amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo. La ponencia ha correspondido al magistrado del bloque conservador Enrique Arnaldo que presentará un informe donde se considera el amparo como prematuro, según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO.
Sin embargo, la Sección la completan los magistrados del sector progresista María Luisa Balaguer y Ramón Sáez y habrá debate. Fuentes del TC indican que es posible que, dada la naturaleza del asunto, el recurso del Defensor del Pueblo acabe siendo deliberado por el Pleno del tribunal que tiene previsto reunirse el próximo miércoles.
Un grupo de magistrados considera que el amparo, solicitando una medida cautelarísima sobre la medida cautelar acordada a su vez por el Tribunal Supremo, es prematuro, ya que el procedimiento en la jurisdicción contencioso-administrativo se encuentra en tramitación. La doctrina inveterada del TC hace difícil que se puedan adoptar medidas cautelares para suspender a su vez otras cautelares.
Por su parte, el amparo firmado por Ángel Gabilondo sostiene que «el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble». «Resulta pues, desde una perspectiva de derechos fundamentales, harto problemática la posibilidad de privar, temporal o definitivamente, de este derecho fundamental», afirma el Defensor.