El fiscal Héctor Barros dijo a Noticias Caracol que el dirigente chavista pactó con la banda criminal para ejecutar al exmilitar opositor en territorio chileno.
El fiscal chileno Héctor Barros confirmó que la cúpula del gobierno venezolano encomendó a la organización criminal Tren de Aragua la ejecución del secuestro y homicidio del exteniente y opositor Ronald Ojeda Moreno en territorio chileno, en declaraciones exclusivas al medio colombiano Noticias Caracol.
En la entrevista difundida por el citado medio, el fiscal apuntó al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del regimen interino venezolano, Diosdado Cabello, también considerado el número dos del chavismo, como el autor directo de la orden de atentar contra el exmilitar.
"De acuerdo a los antecedentes y a los WhatsApp que tenemos nosotros, esto lo encarga Diosdado Cabello y es quien finalmente negocia con la organización Tren de Aragua", dijo Barros, fiscal encargado del caso.
"Ese encargo lo dio Diosdado Cabello con los niveles superiores del Tren de Aragua", enfatizó en otro momento de la entrevista.
El juicio oral por el caso del asesinato de Ojeda implica a una veintena de integrantes de la banda transnacional y se inició el pasado 10 de septiembre en Santiago de Chile.
De acuerdo a la investigación fiscal, el crimen respondió a un encargo de persecución política originado en Caracas contra desertores de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tras una operación de rastreo que se extendió desde Colombia hasta Chile.
El fiscal chileno dijo que el caso de Ronald Ojeda evidenciaría una alianza entre el poder político y el crimen organizado, donde se tercerizan operaciones de inteligencia y eliminación de adversarios políticos evitando el despliegue directo de fuerzas armadas oficiales.
La logística del crimen y las mofas de Diosdado Cabello
El fiscal Barros sostuvo que los miembros del Tren de Aragua acordaron recibir el dinero en dos fases, coordinando la operación directamente con la cúpula política venezolana. Y tras el crimen -ocurrido en febrero de 2024- los ejecutores implementaron un complejo sistema de ocultamiento del cadáver.
"En el caso de Ronald Ojeda, lo que se busca con el cuerpo es que nunca aparezca. Lo sepultan a 1,40 metros de profundidad, lo meten dentro de una maleta, le meten un saco de cal para efecto de de evitar los olores [...]. Esta sepultura la hacen dentro de una caseta básica y le ponen más encima, un radier de cemento sobre el lugar donde ellos lo sepultan", detalló el magistrado.
Barros dijo a Noticias Caracol que el dirigente venezolano realizó declaraciones en televisión mofándose de las instituciones chilenas cuando la muerte del opositor aún no había sido confirmada públicamente por los peritos.
Para el fiscal, estas mofas en medio de declaraciones de Cabello en su programa Con el mazo dando' demostrarían que poseía información privilegiada sobre el desenlace fatal del secuestro antes de que las autoridades del país austral hallaran la sepultura clandestina.
"Cuando lo dice él ya sabía que estaba muerto y que, por lo tanto, sabía que no estaba en Venezuela. Nosotros todavía no sabíamos que estaba muerto, él sí lo sabía, porque estaba riéndose y hablando y haciendo alusión a esto", aseveró el fiscal.
"Diosdado Cabello está amparado por su Constitución"
Barros indicó que la justicia chilena ha mantenido contactos de cooperación con autoridades de Estados Unidos e intentado avanzar en tomar declaraciones al propio gobernante Nicolás Maduro dada la naturaleza del delito.
Sin embargo, reconoció las dificultades jurídicas para someter a juicio a los altos mandos del gobierno bolivariano debido a las protecciones constitucionales de dicho país que prohíben la entrega de sus ciudadanos a jurisdicciones extranjeras.
"Aunque tuviésemos todo en la mano para poder enjuiciarlo, Diosdado Cabello está amparado por su Constitución venezolana o bolivariana en este caso, que le da la posibilidad de no ser extraditado jamás, porque la Constitución así lo establece", dijo el fiscal.
El fiscal chileno dijo que el caso de Ronald Ojeda evidenciaría una alianza entre el poder político y el crimen organizado, donde se tercerizan operaciones de inteligencia y eliminación de adversarios políticos evitando el despliegue directo de fuerzas armadas oficiales.
"Se produce una vinculación del sistema político o de gobierno con una organización terrorista o criminal transnacional que en este caso es el Tren de Aragua. Es como la cooperación que nosotros llamamos en nuestro país público-privada, pero en este caso es pública-criminal", subrayó Barros.
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