La Fiscalía confirmó este martes que el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, tiene calidad de imputado en la causa por eventuales irregularidades en nombramientos judiciales que lleva adelante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
Para los querellantes de la causa era algo conocido, pero hasta ahora el Ministerio Público no había aclarado públicamente cuál era la calidad procesal del diplomático. Las dudas habían aumentado luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lo excluyera de su querella.
Consultada este martes por la situación de Zaliasnik, Perivancich fue escueta: “Es conocido que tiene la calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas”.
Lo cierto es que las palabras de la persecutora no modifican sustancialmente el escenario penal que enfrenta el embajador. La calidad de imputado significa que está siendo investigado por su posible participación en un hecho que podría revestir carácter de delito, pero no implica aún una formalización ni una acusación.
Zaliasnik está bajo la mira del Ministerio Público en el marco de la investigación que se lleva adelante por eventuales irregularidades en nombramientos judiciales. Arista que tomó especial fuerza luego de la declaración que Luis Hermosilla prestó ante la Fiscalía. En ella, el penalista sostuvo que el actual embajador tenía mayor acceso que él a ministros de cortes de apelaciones e incluso de la Suprema y relató conversaciones -en base a sus chats- que mantenía con Zaliasnik y Samuel Donoso sobre candidatos a cargos judiciales.
Ese antecedente es el que ha puesto el foco sobre el diplomático. En La Moneda, los nuevos elementos volvieron a encender las alertas sobre su permanencia en Israel. Desde hace días, en el gobierno reconocen “incomodidad” con el flanco que abrió el caso y que su situación está siendo evaluada a la luz de los antecedentes conocidos.
La señal del gobierno
Desde el Congreso, el canciller Francisco Pérez Mackenna abordó el asunto y sostuvo: “Los cargos de confianza, los embajadores, que pertenecen a esa categoría están siempre siendo evaluados”.
En esa línea, tras agregar que no tenía los antecedentes sobre si había algo nuevo, reiteró: “Lo importante es que todos los cargos de confianza están siendo permanentemente evaluados”.
El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, se alineó con esa postura. Dijo tener entendido que la defensa de Zaliasnik sostiene que su calidad de imputado no es un hecho nuevo y que “siempre ha estado en esa condición”. Pero, al mismo tiempo, recalcó que los cargos que se ejercen por confianza del Presidente “estamos permanentemente sometidos a evaluación”.
Consultado por si el conocimiento público de la calidad de imputado de Zaliasnik hacía más compleja o aguda la evaluación sobre su continuidad, Alvarado aseveró que “las evaluaciones se hacen de manera permanente y en función de las condiciones que rodean esos procesos de evaluación”.
Si bien las declaraciones de Pérez Mackenna y Alvarado no fueron explícitas respecto de un eventual término de la permanencia de Zaliasnik en Israel, tampoco fueron una defensa cerrada de su continuidad.
La diferencia con la administración anterior es que en el actual gobierno no existe un criterio general que establezca la salida de un funcionario o representante por el solo hecho de estar siendo investigado. La evaluación, explican en La Moneda, es caso a caso.
En el gobierno del expresidente Gabriel Boric, el llamado “criterio Tohá” -establecido por la otrora ministra del Interior, Carolina Tohá, frente a la formalización del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez- operaba sobre otro umbral: la formalización de una persona implicaba que debía dejar su cargo.
En el caso de Zaliasnik, ese escenario todavía no se configura, por lo que incluso bajo ese estándar su situación sería distinta. Sin embargo, eso no significa que el episodio no constituya un problema político para La Moneda.
Es más, algunos de los antecedentes que hoy vuelven a poner a Zaliasnik bajo escrutinio ya eran conocidos en La Moneda antes de que se concretara su designación.
Durante una de las revisiones de antecedentes realizadas para quienes asumirían cargos en esta administración, el gobierno ya estaba al tanto de que el entonces candidato a embajador mantenía intercambios de mensajes con Hermosilla. Ese antecedente, por tanto, habría estado sobre la mesa al momento de resolver su nominación.
Aunque en el Ejecutivo repiten que existe presunción de inocencia y que corresponde a la justicia esclarecer los hechos, algunos en La Moneda, en privado, cuestionan que, teniendo conocimiento de esos intercambios y de la cercanía de Zaliasnik con Hermosilla, se haya persistido con su nombramiento. El argumento de fondo, plantean esas voces, es que se trataba de un punto débil previsible y que tarde o temprano podía terminar convirtiéndose en un enredo para el gobierno.
Entra Jorge Gálvez
Quienes saben del caso comentan que antes de partir a su misión diplomática en Israel, el abogado dejó firmado un patrocinio y poder.
Así fue como fichó al abogado penalista Jorge Gálvez, quien será el defensor que lo representará ante los requerimientos que realice la Fiscalía en el marco de esta compleja indagatoria.
Sobre los dichos de la fiscal Perivancich, la defensa de Zaliasnik fue enfática en aclarar el punto. “La calidad de imputado no corresponde a una decisión del Ministerio Público, sino a una consecuencia legal procesal de la denuncia hecha por el diputado Manouchehri y la senadora Ciccardini”, afirmó Gálvez.
“Hago un llamado a informar con responsabilidad y a identificar el carácter político de algunas declaraciones de terceros en medios de comunicación, ya que en las declaraciones judiciales que ha realizado el señor Hermosilla en los últimos días y que se han divulgado profusamente, no existe ningún antecedente diferente a los ya conocidos por el Ministerio Público desde hace más de dos años”, agregó el defensor.
Gálvez y Zaliasnik son viejos conocidos. Si bien ambos son de generaciones distintas y han hecho sus carreras en casas de estudios opuestas -el primero en la Universidad Católica y el segundo en la Universidad de Chile-, en sus trayectorias han cruzado sus caminos.
El 2004, Gálvez era parte del estudio de Zaliasnik y, desde esa vereda, asumió la representación de la UDI en el caso Spiniak como parte querellante. De hecho Gálvez no solo fue procurador del estudio de Zaliasnik cuando era un joven estudiante, sino que después, luego de doctorarse en España, volvió como asociado.
Pese a dedicarse a delitos económicos y a las cátedras de penal en la UC, Gálvez saltó a la primera línea cuando en 2021, en plena pandemia, asumió la defensa constitucional de su amigo, el exministro de Educación Raúl Figueroa.
Lo mismo repitió después, en ligas mayores, cuando asumió la representación del expresidente Sebastián Piñera en la fallida acusación constitucional que se levantó en su contra a raíz de los Pandora Papers. Ambas las ganó y logró desactivar a tiempo los libelos acusatorios.
Zaliasnik, además de estar en la mira por la arista de los nombramientos judiciales, también está bajo escrutinio por su rol como defensor del exgeneral director de Carabineros Mario Rozas.
Allí el punto está en el pago de su defensa, ya que si bien quienes supieron del caso comentan que fue financiada por la Fundación Nos Importan y que habrían facturas que así lo comprueban, la Fiscalía indaga un eventual fraude al Fisco con recursos de ENAP, dado el rol que tuvo la exdirectora de la estatal Loreto Silva en coordinar las defensas de los imputados por delitos vinculados al estallido social.
Oposición insiste en renuncia
La primera bancada en pedir la salida de Zaliasnik fue la del Frente Amplio. Su jefa de bancada, Emilia Schneider, calificó al embajador como “un activista de Israel” y sostuvo que “hoy se cruza un nuevo límite”, luego de que Fiscalía confirmara su calidad de imputado en la causa por nombramientos judiciales.
“Como Frente Amplio, en ejercicio de nuestra facultad, para resguardar los intereses de los chilenos y chilenas, le exigimos al Presidente Kast que saque al embajador Zaliasnik, que salga de su cargo”, afirmó Schneider, quien cuestionó que Chile mantenga como representante a una persona “reñida con la justicia”.
Tras la arremetida del FA, el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos PS, también solicitaron su salida.
“Esperamos que sea formalizado y que renuncie como embajador por la imagen de Chile. El riesgo de fuga debe tomarse en serio”, sostuvo Manouchehri.
Cicardini, en tanto, afirmó que “Chile no se merece un embajador en calidad de imputado” y que un cargo diplomático “no puede ser un escudo para que pueda responder ante la justicia”.