La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos mujeres por la presunta tortura y las lesiones contra un niño de siete años en Barranquilla y Soledad, Atlántico. Las procesadas son la madre del menor, Mileidys Nohemí Viloria Sanjuanelo, y su pareja, Sindy Patricia Santiago Echeverría.
El ente acusador solicitó que ambas permanezcan en un centro carcelario mientras avanza el proceso. El juez de control de garantías aplazó la decisión tras una petición de la defensa.
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La investigación señala que el niño habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas durante un periodo comprendido entre 2024 y 2026. Los hechos habrían ocurrido en viviendas de los barrios Simón Bolívar, en Barranquilla, y Costa Hermosa, en Soledad.
La Fiscalía imputó a las dos mujeres los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas. Ninguna aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.
El caso se centra en la presunta violencia que sufrió el menor mientras permanecía al cuidado de las procesadas. La Fiscalía sostiene que los actos habrían causado lesiones corporales y afectaciones emocionales.
De acuerdo con la información conocida en la audiencia, las autoridades incorporaron un dictamen de Medicina Legal que otorgó al niño una incapacidad médico-legal de 25 días por las heridas en el rostro.
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El informe también registró secuelas que, según la Fiscalía, incluyen una deformidad física permanente. Ese elemento hace parte de la evidencia que el ente acusador presentó ante el juez.
La investigación recoge declaraciones atribuidas al niño sobre episodios en los que habría recibido golpes con diferentes objetos. La Fiscalía indicó que esas agresiones le provocaron heridas en varias zonas del cuerpo.
Un familiar del menor también habló de lesiones que incluyen la pérdida de parte del labio superior y de varias uñas de las manos. Esos hechos continúan bajo verificación dentro de la investigación penal.
Las dos mujeres fueron detenidas mediante órdenes judiciales en el municipio de Soledad. El procedimiento estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército.
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La Fiscalía vinculó las capturas con la hipótesis de que las agresiones ocurrieron durante el periodo en que el niño estuvo bajo el cuidado de la madre y de su pareja sentimental.
El expediente también incluye información sobre el traslado del menor desde Cartagena. Según el relato de un familiar, el niño vivía con su padre antes de que su madre lo llevara a Atlántico en 2024.
Tras ese cambio de residencia, los allegados habrían perdido el contacto con él durante un tiempo. La Fiscalía deberá establecer qué ocurrió durante ese periodo y cuál fue la eventual participación individual de cada procesada.
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Actualmente, el niño está bajo el cuidado de su progenitor, según la información expuesta alrededor de las diligencias judiciales. La investigación busca determinar las circunstancias en que se produjeron las lesiones.
El representante de la Fiscalía pidió una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El argumento principal fue la protección del niño y la necesidad de impedir nuevos acercamientos que puedan ponerlo en riesgo.
El ente acusador sostuvo que una restricción de la libertad permitiría reducir el peligro para la víctima mientras continúa el proceso. La solicitud aún no ha sido resuelta por el juez.
La defensa pidió suspender la audiencia para revisar todos los elementos materiales probatorios. Entre la información que busca conocer figura la historia clínica del menor.
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El juez aceptó el aplazamiento para que las procesadas preparen su estrategia jurídica. La continuación de la diligencia fue fijada para el 5 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m.
En esa audiencia, el juez analizará de nuevo la petición de la Fiscalía y decidirá si impone una medida de aseguramiento en prisión. Hasta que exista una sentencia, las dos mujeres mantienen su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.