La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) ha aplaudido como “una buena noticia” la creación de 500 plazas para juez impulsada por el Gobierno, si bien ha expresado que teme que, con su “tan diferida” implantación definitiva, prevista para 2027, esta iniciativa quede en “un mero acto de propaganda”.
“Si el conjunto de problemas de que adolece la justicia no se afronta de forma seria, la creación de plazas judiciales, con una implantación práctica tan diferida en el tiempo, puede acabar diluyéndose, o convertirse en un mero acto de propaganda que no redunde en un beneficio efectivo para todos; esperemos que no sea así”, ha trasladado este lunes FJI en un comunicado.
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Así se ha expresado la asociación después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunciara tras el Consejo de Ministros del pasado martes la creación de 500 nuevas plazas para jueces y 200 para fiscales.
FJI considera que la medida constituye “una buena noticia” puesto que “responde a la reivindicación tantas veces expresada de incremento de la planta judicial”, pero matiza que “ha de entenderse como un primer paso” que aún “está muy lejos de alcanzar” el objetivo final y que deberá “tener continuidad en próximos ejercicios”.
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Un objetivo final que, para la asociación, consiste en lograr que “el número de efectivos en la carrera judicial sea acorde a las ratios de los países del entorno europeo, a fin de preservar que jueces y magistrados desarrollan su función en las condiciones de trabajo más adecuadas, sin tener que soportar una sobrecarga de trabajo inasumible”.
Además, indica, de “garantizar que el servicio público de justicia se presta con las debidas garantías de calidad, dando respuesta a las peticiones de tutela de los ciudadanos y ciudadanas en unos plazos de respuesta razonables”. “Está claro que aún estamos muy lejos de alcanzar tales objetivos”, señala.
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“POCO ESPERANZADOR” EL PLAZO HASTA 2027
Para FJI resulta “poco esperanzador” que la entrada en funcionamiento de las primeras plazas no esté prevista hasta el 31 de diciembre de 2026 y que la mayor parte de las mismas no se hagan efectivas hasta junio y noviembre de 2027, un calendario propuesto por el Consejo General del Poder Judicial.
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“El ministro de Justicia ha explicado en múltiples ocasiones que esta ampliación de plazas se enmarca en el contexto de la ley que supuso la implantación de los tribunales de instancia, de modo que a día de hoy es posible crear plazas judiciales, sin la consiguiente creación de todo un juzgado. Si es así, ignoramos por qué ha de tardarse tanto (hasta año y medio) en poner en práctica las nuevas plazas aprobadas”, reprochan desde la asociación.
En este sentido, critican que, “en el mejor de los casos”, esta creación de plazas judiciales “no se traducirá en una efectiva reducción de las cargas de trabajo de jueces y magistrados hasta pasado mucho tiempo de su aprobación”, lamentando que “no se haya dado explicación alguna para ello”.
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Ante ello, FJI ve aún “más necesario” que el Ministerio de Justicia “atienda la petición hecha por varias asociaciones judiciales y por el Consejo General del Poder Judicial de revertir la decisión de no renovar a partir del 1 de julio de 2026 diversas comisiones de servicio que hasta ahora se venían aprobando para reforzar distintos órganos judiciales”.
“A pesar de este real decreto de creación de plazas judiciales, lo cierto es que, en términos globales, las cargas de trabajo que han de soportar los miembros del poder judicial a día de hoy son superiores a las que tenían que asumir el pasado 30 de junio”, reprocha la organización.
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“NO PODEMOS QUEDARNOS EN EL APLAUSO FÁCIL”
Asimismo, FJI ha remarcado que, aunque la norma ha supuesto la posibilidad de crear nuevas plazas judiciales sin crear a la vez nuevos órganos, “es evidente” que “obliga también a la ampliación en los mismos plazos temporales de las plantillas de fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, forenses… en una proporción adecuada para que la reforma se traduzca en una efectiva mejora para el servicio público de justicia”.
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Algo que la asociación ve como “especialmente oportuno” en el actual contexto, alegando que “la reciente implantación de tribunales de instancia está provocando en general la precarización de las oficinas judiciales, tanto por la limitación de personal que efectivamente desarrolla el trabajo, como por la reducción de los niveles de calidad del servicio prestado”.
Con todo, han remachado que han solicitado al Ministerio una reunión para abordar esta cuestión y que “hasta ahora” no han obtenido “respuesta alguna”. “Por tanto, aunque el Real Decreto constituya sin duda una buena noticia, no podemos quedarnos en el aplauso fácil”, concluyen.
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Otras agrupaciones, como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) o Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ya celebraron que la convocatoria de 500 plazas para juez “va en la dirección correcta”, aunque también criticaron que “el grueso de las mismas no se haga efectivo sino hasta junio y noviembre de 2027”, en un comunicado conjunto remitido la semana pasada en el que lamentaban así que dicho plazo retrase “la incidencia real de esta medida sobre la carga de trabajo que hoy soportan jueces y tribunales”.