El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó frenar el giro de $38.724 millones que habían sido postulados ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para el pago de servicios del régimen subsidiado correspondientes a septiembre. De acuerdo con El Tiempo, la decisión fue anunciada este domingo por Miller Soto, vocero oficial de la Presidencia, después de una revisión adelantada por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).
La medida tiene carácter preventivo y busca evitar que los recursos sean desembolsados mientras se verifica la información que sustenta las solicitudes de giro directo. El proceso involucra a 26 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, que fueron excluidos temporalmente de los procesos de pago relacionados con las inconsistencias identificadas.
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Soto señaló que el Gobierno mantendrá suspendido el desembolso hasta que se compruebe la existencia y el respaldo de las obligaciones reportadas. Durante su declaración, afirmó: “La plata de la salud no es de una EPS, no es de una clínica, no es de un intermediario, es de quien espera una cita, un medicamento o una cirugía”.
La decisión del Ejecutivo se produjo después de que la Supersalud realizara un cruce de la información financiera presentada por algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) para solicitar el giro directo de recursos a clínicas, hospitales y proveedores.
De acuerdo con la información entregada por la entidad de vigilancia, el análisis permitió identificar situaciones que generaron alertas sobre la consistencia y trazabilidad de los datos incluidos en las postulaciones correspondientes a septiembre.
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Por esa razón, los $38.724 millones quedaron sujetos a la medida preventiva. El propósito es impedir que los recursos del sistema sean girados mientras se determina si las obligaciones que sustentan las solicitudes existen, corresponden a los valores reportados y cuentan con los soportes necesarios.
Soto explicó que la suspensión no constituye una autorización definitiva del pago, sino una decisión para mantener los recursos detenidos mientras avanza la verificación. “No vamos a hacer de cuenta que $38.000 millones de pesos son un simple error de digitación”, manifestó el vocero presidencial.
El funcionario agregó que la documentación será determinante para establecer cuáles obligaciones pueden ser acreditadas. “Lo que no se demuestre, no se paga”, puntualizó.
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La revisión de la Superintendencia Nacional de Salud se concentró en la información financiera reportada por las EPS para el proceso de giro directo. El cruce de los datos permitió identificar diferentes situaciones que requieren verificación antes de continuar con el desembolso.
Uno de los hallazgos corresponde a valores postulados superiores a las obligaciones registradas en la información contable analizada. Esta diferencia generó alertas frente al respaldo de los recursos solicitados.
La Supersalud también encontró postulaciones de recursos a terceros respecto de los cuales no se evidenciaron deudas reconocidas dentro de la información revisada. Este punto hace parte de los aspectos que deberán ser aclarados por las entidades involucradas.
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Otro elemento identificado fueron las variaciones significativas frente a los promedios mensuales de causación y giro directo registrados durante 2026. La entidad también reportó debilidades en los mecanismos de control y validación empleados por algunas EPS antes de presentar las solicitudes ante la Adres.
La revisión encontró, además, insuficiente trazabilidad documental para respaldar algunas de las obligaciones incluidas en las postulaciones. Por ello, la Supersalud requerirá información adicional a las EPS y, cuando corresponda, a sus firmas contraloras.
Como parte de la actuación preventiva, la Supersalud ordenó excluir temporalmente a 26 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud de los procesos de giro relacionados con las inconsistencias detectadas.
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El valor asociado a estas postulaciones asciende a $38.724 millones. La exclusión se mantendrá mientras se adelanta la comprobación de la información presentada por las entidades responsables de las solicitudes.
La medida busca que los recursos permanezcan sin desembolsar hasta establecer la existencia, consistencia y trazabilidad de las obligaciones que fueron incluidas en las postulaciones de giro directo.
Las EPS y las instituciones involucradas deberán aportar los documentos, explicaciones y soportes solicitados para permitir la revisión de los valores reportados y de las obligaciones que los respaldan.
La Superintendencia Nacional de Salud informó que continuará con las actuaciones correspondientes sobre las postulaciones objeto de revisión. El proceso contempla el requerimiento de documentación adicional a las EPS e IPS involucradas.
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La entidad también señaló que mantendrá una vigilancia sobre el flujo de los recursos del sistema para identificar posibles riesgos y adoptar las medidas que correspondan dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control.
En este caso, la decisión de mantener frenados los $38.724 millones está relacionada con las inconsistencias detectadas en las postulaciones de septiembre. El siguiente paso será revisar los soportes entregados por las entidades involucradas para establecer la trazabilidad de las obligaciones antes de que pueda continuar el proceso correspondiente al giro de esos recursos.
La Supersalud reiteró que la protección de los recursos destinados al sistema de salud hace parte de sus actuaciones de vigilancia y que continuará solicitando la información necesaria para determinar la consistencia de las obligaciones reportadas.
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