La economía colombiana atraviesa “el momento más difícil” de su historia reciente, según afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante el 25° Congreso Nacional Cooperativo en Cartagena.
Gómez dijo que Colombia vive esta etapa por la combinación de una crisis fiscal sin precedentes, un nivel elevado de gasto público, debilidad exportadora, menor ahorro, inversión insuficiente y los efectos del sismo del 10 de agosto de 2026. Para respaldar el diagnóstico, citó un desfase presupuestario de $30,2 billones, una cartera de crédito de $800 billones, activos financieros por $3.550 billones, utilidades de $28 billones, inversión de 17% del Producto Interno Bruto (PIB) y un límite de crecimiento de 3% para no presionar más la inflación.
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Ante representantes del sector cooperativo, habló de la gravedad del momento con una frase tajante: “Es el momento más difícil de la economía colombiana, de lejos, tenemos todos los factores en contra”. También habló de una “catástrofe ambiental muy compleja”, una crisis fiscal profunda, problemas de competitividad de las exportaciones y una inflación que “no cede como quisiéramos”.
Agregó que el país enfrenta “un momento gravísimo” y que “no tenemos alternativa”. Según dijo, la situación actual exige medidas inmediatas y un ajuste fuerte de las finanzas públicas.
La advertencia del ministro coincidió con la discusión del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. Las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara de Representantes devolvieron el proyecto el 11 de agosto al cuestionar la solidez de los ingresos y detectar un desfase cercano a $30,2 billones.
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El Gobierno tiene plazo hasta el 30 de agosto de 2026 para presentar una nueva propuesta ajustada a la realidad fiscal del país. El monto definitivo para el próximo año debería conocerse, a más tardar, el 20 de octubre.
Ante eso, Miguel Gómez fijó una línea de acción basada en el recorte del gasto. “La irresponsabilidad, la corrupción y, sobre todo, el mal manejo de las finanzas públicas nos han llevado a una situación en la cual la única opción es implementar una política muy fuerte de austeridad”, afirmó.
Precisó que el ajuste resulta indispensable para que la economía recupere margen de maniobra. Al mismo tiempo, transmitió al sector cooperativo que el país conserva capacidad para recuperarse y volver a crecer.
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La intervención de Miguel Gómez ocurrió 11 días después del terremoto con epicentro en Chocó. El balance citado por el ministro incluyó 176.890 viviendas averiadas, 329 personas fallecidas y 4.600 heridas en cinco departamentos.
Para Gómez, el desastre mostró de manera vehemente la necesidad de actuar con rapidez y de ampliar la respuesta institucional en el territorio. En ese punto, asignó a las cooperativas un papel más amplio y pidió dejar de verlas como estructuras pequeñas o marginales.
Al centrarse en el frente financiero, el ministro de Hacienda dijo que la cartera de crédito en Colombia asciende a $800 billones, equivalentes al 42% del PIB. Según él, ese nivel no impulsa con suficiente fuerza el crecimiento económico. También señaló que los activos del sistema financiero suman $3.550 billones y que las utilidades llegaron a $28 billones al cierre del año pasado.
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Gómez sostuvo que esa rentabilidad no es especialmente alta y la vinculó, en parte, con la debilidad del ahorro interno.
“Teníamos un mejor comportamiento de ahorro hace 20 años; pero, hoy en día, estamos gastando mucho. La gente no está ahorrando”, afirmó. Después añadió que la inflación sigue desbalanceada y que la inversión no avanza al ritmo necesario.
Según el ministro, el país invierte apenas 17% del PIB, una proporción que ayuda a explicar el crecimiento ligero de la economía. También sostuvo que Colombia no puede crecer por encima del 3% en las condiciones actuales, porque eso empujaría la inflación y los precios y obligaría al Emisor a subir las tasas de interés para frenar el consumo.
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Como parte de la respuesta, Gómez propuso impulsar el crédito con mayor participación del cooperativismo. Según expuso, las cooperativas tienen una cartera de aproximadamente $4,5 millones, equivalente al 70% del consumo, 12% del crédito comercial, 10% de vivienda y 8% de microempresa.
Dijo que esa distribución “no es tan satisfactoria” y planteó que el crecimiento de esa cartera puede ayudar a resolver parte de los problemas de la economía. También marcó una diferencia entre el uso de medios electrónicos y la bancarización, al insistir en que el acceso real al sistema financiero se mide por la posibilidad de obtener crédito formal. Afirmó que hace falta reforzar la presencia territorial del sistema financiero para llegar a la población que hoy no accede al crédito. Gómez sostuvo que esa capilaridad solo puede ampliarse con apoyo de cooperativas presentes en zonas donde la banca no llega.
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También vinculó esa expansión del crédito con la lucha contra los préstamos ilegales. “Este Gobierno anuncia que va a declararle la guerra al gota a gota”, dijo, y después remarcó que ese mecanismo de usura golpea a miles de familias y que la meta oficial es quitarle espacio de negocio.
Para sostener ese giro, el Ejecutivo presentará un proyecto de ley y abrirá una mesa de trabajo para actualizar el marco legal del sector cooperativo. Gómez dijo que esa normativa, heredada del gobierno de Virgilio Barco, resulta “completamente obsoleta” frente a la modernización, la tecnología y los cambios de los mercados financieros y monetarios. El ministro también planteó revisar trabas que frenan la capacidad del sector, crear un marco legal especial para el cooperativismo y examinar las capacidades de cada entidad sin descuidar la vigilancia. En ese mismo espacio, prometió abordar prácticas ilegales que afectan en particular a las cooperativas más pequeñas.
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