El Ejecutivo ingresó las enmiendas para incidir en la moción parlamentaria que se está discutiendo en el Senado y así reformar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). El gobierno, a través del ministro de Justicia, Fernando Rabat, semanas atrás ya había anunciado por dónde iba a ir la mano de La Moneda en esto.
Sin embargo, luego de eso, socializó sus propuestas con una serie de actores como alcaldes y expertos en RPA, lo que hizo ajustar algunas propuestas iniciales.
Por ejemplo, Rabat había dicho que el Ejecutivo estaba interesado en crear un mecanismo de transferencia para que adolescentes de 16 y 17 años, que cometieran delitos especialmente graves, sean juzgados como adultos.
Sin embargo, fuentes que supieron del trabajo prelegislativo cuentan que la idea no logró concitar apoyo. De hecho, Rabat sostuvo una reunión con alcaldes de distintos sectores políticos para conversar sobre esto y luego de eso, para darle viabilidad política a las modificaciones legales, se optó por desistir de ese mecanismo de transferencia.
En esa reunión -donde participaron alcaldes como Sebastián Sichel, Carol Bown, Claudio Castro, Cristopher White, Camila Merino, Karina Delfino, entre otros- los jefes comunales manifestaron sus reparos en dos direcciones. La primera -que fue desechada desde un inicio por el Ejecutivo- fue bajar la edad para imputar a menores. La segunda tenía que ver con los mecanismos de transferencia al sistema adulto.
Pese a que el gobierno había revisado experiencia comparada, los alcaldes recordaron que volver al sistema que había antes de 2007 cuando los jueces de menores hacían el juicio por discernimiento, no sonaba una buena idea.
De esta manera se optó por enmiendas que concitaran amplio apoyo. Así fue como el lunes de esta semana el Ejecutivo mostró sus cartas e ingresó sus indicaciones.
Los cambios del gobierno
Un grupo de enmiendas apuntan a que todos los adolescentes deberán responder por faltas. El sistema actual establece que respecto de las faltas, sólo responden los adolescentes mayores de 16 años y exclusivamente aquellas faltas tipificadas en una norma específica. Con la indicación el gobierno propone que, respecto de las faltas indicadas, respondan todos los adolescentes desde los 14 años.
Rabat también ingresó una enmienda para que en caso de condenas por delitos graves, la sanción sea siempre en régimen cerrado. El objetivo de esa modificación es eliminar la posibilidad de imponer la sanción de libertad asistida especial en caso de condenas iguales o superiores a tres años y un día de privación o restricción de libertad.
La finalidad de esta indicación, señalan desde el Ejecutivo, es intensificar la naturaleza de la sanción, entendiendo que uno de los principales nudos del sistema actual es que gran parte de los infractores de ley se encuentran cumpliendo sanciones en libertad.
Los cambios del gobierno también incluyen reforzar la respuesta penal en caso de reiteración y de reincidencia en la comisión de delitos por parte de adolescentes infractores.
Junto con eso, las indicaciones abarcan modificaciones para realzar el rol de Gendarmería en la seguridad en los centros de justicia juvenil, permitiendo el ingreso frente a situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de cualquier persona que se encuentre en el recinto.
El listado de indicaciones también restringe la posibilidad de sustituir la sanción de internación en régimen cerrado. Para eso al menos se exigirá el cumplimiento de un tercio de la condena antes de que el juez pueda evaluar la posibilidad de sustitución por otro tipo de sanción.
Las modificaciones que impulsa Rabat también incorporan una nueva regla que vuelve obligatorio para el tribunal ordenar el traslado del mayor de 18 años a un recinto penitenciario administrado por Gendarmería, siempre que se trate de adolescentes condenados por los delitos graves del catálogo, y cuenten con informe del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que sugiera el traslado.
Las enmiendas del Ejecutivo además incluirán una sanción contra la persona que, sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto, ingresare, intentare o permitiere ingresar por cualquier medio a un centro cerrado de privación de libertad o a un centro de internación provisoria, intercomunicadores, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior.
Finalmente, hay una indicación que pretende incluir a los directores de los centros de privación de libertad de RPA entre los sujetos obligados a denunciar la comisión de delitos ocurridos al interior de los centros.
Los esfuerzos del gobierno por endurecer las sanciones penales para menores van en paralelo a otro proyecto emblemático que promueve Rabat. Se trata del mensaje, que ya inició su tramitación en la Cámara, y que busca que los padres respondan por los actos de sus hijos.