El Gobierno hondureño anunció un incentivo económico de L2.500, equivalentes a unos US$93, para los migrantes que regresen al país desde Estados Unidos, en momentos en que Honduras se prepara para recibir gradualmente a más compatriotas.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, explicó que el dinero será entregado mediante una tarjeta que permitirá retirar los fondos en cajeros automáticos.
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El programa también incluirá a personas que ya regresaron.
“Los que vinieron desde el 27 de enero y todos los que vengan” podrán acceder al beneficio una vez que el mecanismo entre en funcionamiento, aseguró Cordero.
El incentivo busca ofrecer liquidez inmediata a una persona que puede regresar sin empleo, vivienda propia o recursos disponibles en Honduras.
Pero su alcance económico es limitado. Los L2.500 (US$93) pueden cubrir gastos iniciales como transporte, alimentos o comunicaciones durante los primeros días, pero difícilmente permiten financiar un proceso completo de reinserción.
Ese es precisamente el desafío que enfrenta el Estado.
Un migrante que retorna después de años fuera del país puede necesitar algo más que dinero en efectivo: documentación, acceso al mercado laboral, capacitación, atención médica, apoyo psicológico o incluso ayuda para encontrar vivienda.
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Cordero indicó que los hondureños que retornaron previamente recibirán instrucciones sobre el procedimiento para obtener la tarjeta.
El funcionario aseguró además que el beneficio será otorgado sin distinción política.
“Aquí somos el Gobierno de la República y el Gobierno de la República es para todos los hondureños”, señaló.
Todavía no se ha divulgado una fecha exacta para comenzar la entrega.
Tampoco se informó cuántas personas podrían resultar beneficiadas ni cuál será el presupuesto total necesario para mantener el incentivo hasta el final de la administración actual.
Ahí aparece una de las principales preguntas financieras del programa.
Por ejemplo, cada 10,000 retornados representarían un desembolso aproximado de L25 millones, unos US$932.000.
Si el número llegara a 50.000 personas, el costo ascendería a alrededor de L125 millones, unos US$4,66 millones.
Estas cifras son únicamente ejercicios matemáticos para dimensionar el programa; el Gobierno no ha anunciado todavía que esos sean los números esperados de beneficiarios.
El presupuesto final dependerá del ritmo de retornos desde Estados Unidos y de las reglas de elegibilidad que adopte el INM.
El anuncio llega mientras Honduras enfrenta preocupación por el retorno de compatriotas procedentes de Estados Unidos y por las consecuencias económicas y sociales que puede generar una llegada más numerosa.
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Durante años, muchos migrantes han enviado remesas, sostenido hogares y construido experiencia laboral en sectores como construcción, servicios, agricultura y transporte.
Su regreso puede convertirse en un problema si no encuentran oportunidades, pero también en una fuente de capital humano si existe una política capaz de aprovechar las habilidades adquiridas.
Por eso, la tarjeta de L2.500 puede resolver la primera necesidad, pero no la segunda.
La prueba real será saber cuántos retornados consiguen empleo o emprenden después de llegar y cuántos terminan intentando migrar nuevamente ante la falta de oportunidades.
El Gobierno ya definió cuánto entregará cuando regresen. La siguiente pregunta será más difícil: qué ofrecerá Honduras para que puedan quedarse.