Jonathan Malagón y Gabriel Santos exponen las razones por las que cuestionan el incremento de la tarifa para las actividades financieras. - crédito @JoMalagon/X
La propuesta de aumentar de 14 a 21 por mil la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las actividades financieras en Bogotá enfrenta reparos de Asobancaria y Colombia Fintech. La modificación está incluida en el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, que se encuentra en discusión en el Concejo Distrital.
La Secretaría de Hacienda de Bogotá, por su parte, sostiene que el ajuste responde a un análisis técnico de la capacidad contributiva de las actividades financieras y asegura que, incluso con la nueva tarifa, el sector mantendría una tributación efectiva inferior al promedio de las actividades económicas de la ciudad.
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La posición de los gremios fue expuesta por Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, en un video difundido en redes sociales.
Malagón cuestionó el aumento planteado y afirmó que podría afectar la actividad financiera en la capital. “Bogotá dejará de ser la capital financiera de nuestro país. Suena absurdo, pero es una realidad”, manifestó.
El presidente de Asobancaria agregó que, desde su perspectiva, el incremento podría tener efectos sobre las compañías del sector y sobre el costo de los productos financieros. “La propuesta de la alcaldía de subir en un 50% la tributación al sector financiero tiene como consecuencia no solamente el éxodo de las compañías, sino el encarecimiento de todos los productos dentro de la capital”, señaló.
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Durante su intervención, Malagón también cuestionó que el sector financiero aparezca en la exposición de motivos del proyecto entre las actividades que, según el documento citado por él, generan externalidades negativas. En ese punto mencionó, además, actividades como el consumo de tabaco y de licor.
Gabriel Santos centró sus reparos en las empresas fintech y en las condiciones para los emprendimientos vinculados con servicios financieros y tecnología.
“El mensaje para los emprendedores y para el talento tecnológico es peor”, afirmó el presidente de Colombia Fintech, quien explicó que el ICA se aplica sobre los ingresos de las empresas.
Santos sostuvo que esta característica del impuesto implica que las compañías deben asumirlo antes de obtener utilidades. “Esto quiere decir que antes de ver el primer centavo en utilidad, estas compañías van a estar teniendo que pagar un impuesto profundamente regresivo”, expresó.
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A partir de ese argumento, el dirigente gremial señaló que una mayor tarifa podría llevar inversión y talento relacionado con las fintech hacia otras ciudades. “¿Hacia dónde se va la inversión y el talento en temas fintech? Pues se va a ir a otras ciudades donde son muchísimo más competitivas”, dijo.
También sostuvo que un eventual desplazamiento de estas actividades tendría efectos sobre la posición de Bogotá dentro del ecosistema financiero y tecnológico y sobre los usuarios de servicios financieros digitales.
Los reparos de Asobancaria también incluyeron el posible impacto sobre quienes realizan negocios financieros en Bogotá.
Malagón sostuvo que el eventual incremento elevaría el costo de desarrollar este tipo de actividades en la ciudad y afirmó que el efecto no se limitaría a las empresas del sector.
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“En general, todo el que quiera hacer un negocio financiero, no solamente de la oferta, todas las compañías, localizarse en Bogotá va a ser oneroso, casi expropiatorio”, afirmó.
El presidente de Asobancaria también se refirió al consumidor financiero y planteó que la medida podría aumentar los costos asociados a la realización de negocios financieros en la capital.
“El consumidor financiero, yo que soy de provincia, antes la gente viajaba a cerrar negocios financieros en Bogotá. Hoy cerrar negocios financieros en Bogotá, en caso de aprobarse este acuerdo, tendría un costo muchísimo mayor”, manifestó.
En la misma intervención, Malagón y Santos hicieron un llamado conjunto para evitar el desplazamiento de la actividad financiera fuera de Bogotá.
La Secretaría de Hacienda de Bogotá respondió a los planteamientos de los gremios y reafirmó que la modificación de la tarifa se sustenta en un análisis de la capacidad contributiva del sector financiero.
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De acuerdo con la entidad, las actividades financieras tienen actualmente una tarifa efectiva de tributación del ICA de 6,6%, frente a un promedio de 9,9% para las actividades económicas de Bogotá.
Hacienda señaló que, incluso después del ajuste propuesto, la tributación efectiva del sector financiero continuaría por debajo del promedio de la economía de la ciudad.
La administración distrital también indicó que para elaborar la propuesta tuvo en cuenta la tributación conjunta del impuesto de renta y el ICA. Según su análisis, las actividades financieras mantienen una de las tarifas efectivas más bajas entre los sectores de la economía cuando se consideran ambos impuestos.
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Otro de los argumentos utilizados por la Secretaría de Hacienda es la comparación con las tarifas aplicadas en otras ciudades del país.
La entidad señaló que Barranquilla y Tunja tienen una tarifa de 30 por mil para el sector financiero, mientras que Cali aplica una tarifa de 25 por mil. Bogotá mantiene actualmente una tarifa de 14 por mil y el proyecto propone llevarla a 21 por mil.
Hacienda sostuvo que en Barranquilla, Tunja y Cali no se ha observado una disminución del recaudo en el tiempo y manifestó que espera que esa situación tampoco ocurra en Bogotá con el ajuste propuesto.
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La Secretaría también explicó que la territorialidad de los servicios financieros en el ICA está definida mediante criterios establecidos en la ley. Según la entidad, estos criterios no dependen de decisiones discrecionales de los municipios ni de los contribuyentes y permiten que la Administración Tributaria del Distrito Capital adelante las acciones de fiscalización correspondientes cuando se adopten medidas contrarias a la ley.
Frente al planteamiento de los gremios sobre un posible impacto en los productos financieros, la Secretaría de Hacienda informó que realizó una verificación directa de las condiciones de créditos ofrecidos por entidades bancarias.
La entidad indicó que, al consultar sobre un crédito hipotecario, una institución financiera informó que las condiciones ofrecidas son iguales independientemente de la ciudad en la que se encuentre el cliente.
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Hacienda explicó, con base en esa consulta, que las condiciones de los créditos dependen del comportamiento crediticio del cliente y no de la ciudad en la que este se encuentre.