
Un caso de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, entidad educativa enfocada en educar a los hijos del personal superior de la Marina de Guerra del Perú, ha devenido en varias investigaciones a diez muchachos que habrían estado involucrado en el acto contra uno de sus compañeros.
Y si bien la preocupación es de salud por el menor afectado y de determinar responsabilidades, también el foco está en si la institución ha actuado con respecto a sus protocolos y el código que protege al menor.
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Ahora Indecopi ha abierto investigación para determinar si el Liceo Naval no cumplió con el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley para la Convivencia Sin Violencia en instituciones educativas. Si no lo hizo, podría devenir en una sanción con una multa de hasta 450 UIT, la mayor en estos casos (dado que es similar a lo que pasó en el caso Innova Schools). Esto equivale a S/2 millones 475 mil.
“Ante la grave denuncia de agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, el Indecopi, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, ha dispuesto el inicio de una fiscalización para garantizar el estricto cumplimiento del marco legal que protege a los consumidores en el país”, reveló la entidad.
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Así, las acciones que tomarán son: primero, la Dirección de Fiscalización del Indecopi inició la fiscalización para determinar si el centro educativo cumplió con las obligaciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley para la Convivencia Sin Violencia en las Instituciones Educativas
Luego, dado que como parte de la fiscalización se ha requerido al centro educativo información de los hechos, así como de otros aspectos, esto permitirá determinar si cumplió con la normativa a la que se encuentra obligado. El citado colegio deberá presentar de manera obligatoria esta información a la autoridad.

Así, de verificarse hechos que constituyan incumplimientos, el Indecopi a través de la Comisión de Protección al Consumidor N°3, podrá iniciar un procedimiento administrativo sancionador. “Asimismo, se advierte que cualquier negativa, demora u omisión injustificada en la entrega de la información requerida derivará en la interposición de una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el colegio o sus representantes por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad (Art. 368 del Código Penal)”, añade el organismo.
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La entidad resalta que su accionar “se ejecuta con la máxima firmeza en la vía administrativa, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de índole penal que corresponden al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú”.

Como se sabe, también está pendiente de resolverse en el Indecopi el caso de Innova Schools, tras denuncias de padres de familia sobre una presunta falta de actuación frente a hechos de violencia sexual al interior del plantel.
“De detectarse incumplimientos, el Indecopi podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador, el cual podría derivar en la imposición de multas de hasta 450 UIT, además de la adopción de medidas correctivas en favor de los consumidores”, señaló entonces.
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