Infraestructura y certeza jurídica para el grado de inversión

2026/09/14

Criterio urbano

Dos palabras que ayudan a entender el reto

La semana pasada, Fitch Ratings publicó su último informe para Guatemala, en el cual se mantiene la calificación de riesgo-país en BB+ con perspectiva estable. Hay dos palabras que resumen por qué Guatemala sigue a un paso de ser grado de inversión, en todas las calificadoras, ejecución y gobernabilidad.
Ejecución, porque, si bien se han aprobado leyes importantes como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas y la Ley del Sistema Portuario Nacional, la falta de ejecución y el incumplimiento en muchos casos en los temas de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria muestran un Organismo Ejecutivo que todavía no es capaz de ejecutar lo que la ley mandata.


Gobernabilidad, porque es evidente que todavía necesitamos entender que la certeza jurídica es vital para atraer más inversión. Los bloqueos, las extorsiones, los homicidios, así como la informalidad hacen ver cómo Guatemala todavía tiene serios retos para mostrar un clima de negocios favorable, con reglas claras y comprensibles, en el caso de los bloqueos, el Ministerio Público deberá investigar quiénes estaban detrás.


Si a esto le sumamos el terrible precedente que sería la incertidumbre jurídica que crearía una posible declaración de lesividad, de un contrato como el de la subasta de frecuencias de la banda de 700 MHz, tres años después, eso definitivamente no abonaría a la certeza jurídica que piden las mismas calificadoras. ¿Se imaginan el daño que se le haría a la competitividad del país? Seamos claros: países como Guatemala deben brindar mejores señales a la inversión de que los contratos se cumplen y en dado caso existan procesos que deban investigarse; esta es una función del Ministerio Público, ante las cortes y no en el Congreso, o en los medios de comunicación.


En el caso de la evaluación de Fitch Ratings, la nota se sustenta en un crecimiento sólido y estable, métricas fiscales favorables y superávits de cuenta corriente que han fortalecido los colchones externos. “La economía creció 4.3% en 2025 y Fitch proyecta 4.1% para 2026”.


La deuda consolidada del gobierno general se mantendría en 24.6% del PIB en 2026, muy por debajo de la mediana de 52.1% de los pares BB. Fitch proyecta un déficit del gobierno central de 2.6% del PIB en 2026 y 2.8% en 2027, cifras inferiores a las presupuestadas, principalmente por las dificultades persistentes para ejecutar el gasto.


Las reservas internacionales llegaron a unos US$34 mil millones a inicios de septiembre, equivalentes a cerca de nueve meses de pagos externos corrientes, frente a una mediana de cinco meses en el grupo BB. La posición neta de activos externos soberanos fue de 14.6% del PIB en 2025, contra una mediana BB de 3.7%. El superávit de cuenta corriente bajaría de 4.4% del PIB en 2025 a 3.4% en 2026, por la moderación de las remesas y una mayor factura petrolera. Las remesas marcaron un récord de 20.7% del PIB en 2025, pero su crecimiento interanual se moderó a 5.4% en agosto de 2026, y la incertidumbre migratoria estadounidense constituye un riesgo hacia adelante. La inflación subió a 3.4% en agosto tras haber caído a 1.0% en enero de 2026.


Sin embargo, el país se ubica en el percentil 29 de los indicadores de gobernanza, reflejando debilidades en participación política, capacidad institucional, Estado de derecho y control de la corrupción. Estos factores requieren mayor voluntad política para mejorar la ejecución y la gobernabilidad del país.