(BUENOS AIRES).- “Esta ley tiene muchas bondades que vienen a dar certeza al contribuyente”, dijo Bartolomé Abdala, senador libertario por San Luis. El proyecto de Inocencia Fiscal II no logró obtener dictamen en el Senado durante la reunión del 9 de septiembre y quedó a una sola firma de avanzar: la del radical Flavio Fama, de Catamarca. Sin ese respaldo, el oficialismo no pudo cerrar el despacho de mayoría que habilitaría el debate en el recinto.
El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda trató el texto en un encuentro de menos de dos horas, sin participación de funcionarios del Poder Ejecutivo. Las comisiones estuvieron presididas, respectivamente, por Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde, y durante el tratamiento expusieron Martín Caranta, contador especializado en Derecho Tributario, y Juan Martín Jovanovich, abogado especializado en Derecho Tributario. La Libertad Avanza reunió apoyos de bloques aliados y busca convocar una sesión para el jueves 17 de septiembre, con el objetivo de convertir en ley el proyecto junto con el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires y la aprobación de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto.
La ausencia de Beatriz Avila complicó la firma del despacho. El fracaso del oficialismo para convocar a una sesión durante la semana del 9 de septiembre, destinada a tratar una modificación a la ley de biocombustibles, provocó la salida de la senadora peronista tucumana, alineada con Osvaldo Jaldo. Avila integra las dos comisiones que analizaron Inocencia Fiscal II, por lo que su ausencia colaboró a demorar el dictamen.
Los cambios que propone el proyecto
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone modificar el régimen tributario y penal vigente para ampliar la presunción de buena fe hacia los contribuyentes y facilitar la regularización de activos dentro del circuito formal. El texto llegó al Senado con media sanción de Diputados y busca ampliar el universo de personas que pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa apunta a que el sistema concentre el control estatal en los casos de mayor gravedad.
El cambio central elimina los topes de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al régimen simplificado. Esos límites estaban fijados hasta ahora en $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio. La reforma también redefine el concepto de discrepancia significativa: para el proyecto, existirá cuando la diferencia implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado.
La propuesta limita el uso de indicios y establece parámetros más precisos para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda objetar una declaración simplificada. También exige que las operaciones se canalicen por vías formales y contempla beneficios vinculados con la regularización, como la condonación de determinadas multas. Con ese esquema, el Gobierno busca que más personas incorporen al sistema financiero fondos que permanecen fuera de la economía formal, incluidos los llamados dólares del colchón, sin quedar expuestas automáticamente a sanciones o investigaciones del fisco.
El próximo paso dependerá de la firma pendiente de Flavio Fama, que permitiría habilitar el debate en el recinto. El Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 el 15 de septiembre, antes de que Diputados comience su discusión. El oficialismo pretende aprobar Inocencia Fiscal II antes de esa instancia y llevarla a la sesión del Senado que La Libertad Avanza busca convocar para el jueves 17 de septiembre.