Representantes de fiscalías en todo el país aceptaron que usan Inteligencia Artificial, pero en un 96 por ciento de los casos siempre revisan los resultados y, a la hora de integrarla a su trabajo, advierten que es indispensable la supervisión humana y la garantía de protección de datos personales. Además, en el ámbito de sus investigaciones ven como tareas más “riesgosas” en el uso de la IA el análisis de pruebas o evidencias, investigación penal, elaboración de dictámenes, resoluciones o escritos judiciales e inteligencia criminal.
Además, entre quienes perciben algún nivel de riesgo, lo más mencionado fue “la calidad o precisión de los resultados” y la “dependencia excesiva con pérdida de juicio crítico”. También la transparencia es un tema a considerar.
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El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) dio a conocer así los resultados de un relevamiento realizado entre agosto y septiembre de 2025 que consultó a 2.339 integrantes del organismo sobre sus conocimientos, usos y percepciones respecto a la IA.
La encuesta revela que un 83% del personal declaró utilizar herramientas de IA en su vida cotidiana. Sin embargo, apenas el 33% las emplea en sus tareas laborales dentro del MPF. “Existe un saber-hacer consolidado a nivel individual que aún no permeó plenamente la práctica institucional”, señala el informe publicado en Fiscales.gob.ar.
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Entre aquellos que sí han realizado alguna incursión profesional, ChatGPT es el dominador común: 9 de cada 10 usuarios de IA en el trabajo emplean la popular herramienta de OpenAI, muy por encima de otros chatbots como Gemini o Copilot. Sin embargo, solo el 15,9% de los profesionales reporta un uso diario, mientras que la mayoría lo hace de modo esporádico. Además, el personal emplea la IA de manera supervisada: el 60% utiliza las respuestas únicamente como consulta para luego redactar de cero, y un 36% las toma como base pero revisa y adapta.
El 93% de los encuestados apoyaron que las fiscalías avancen con el uso de IA en los próximos años, aunque casi un 40% pide hacerlo “con precauciones”.
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La protección de datos personales y sensibles aparece como uno de los ejes centrales del debate sobre la IA en el ámbito judicial.
Ocho de cada diez encuestados reclamaron principios generales para un uso responsable, políticas de resguardo de la privacidad e instrucciones claras sobre qué está permitido. Más de la mitad sostiene que los protocolos de buenas prácticas deberían aplicarse “en todos los casos”.
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El 53% consideró que los riesgos “dependen del contexto y tipo de tarea”. Los más mencionados son la calidad y precisión de los resultados, la privacidad y la posible dependencia excesiva que erosione el juicio crítico. La mayoría respondió que siempre debe haber intervención humana en cada etapa del uso de la IA.
Se trató de un Relevamiento institucional sobre Inteligencia Artificial entre personal del Ministerio Público Fiscal con respuestas completas de 2.339 personas, lo que representa casi un 40% de los integrantes del organismo.
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