Las principales metas de la política económica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, establecidas en el Plan México, son estar en el ‘top 10’ de economías globales y alcanzar un crecimiento sostenido de largo plazo de 3 por ciento anual.
Ello implica que el país invierta este año recursos por el equivalente a 25 por ciento del PIB y a más de 28 por ciento en 2030, incluyendo la inversión pública y privada.
Sin embargo, la inversión fija aún no se ha recuperado de forma sostenible y se sitúa en 21.8 por ciento del PIB, por debajo del pico de 24.5 por ciento que alcanzó en 2024, según un reporte reciente del banco de inversión UBS.
Esto refleja la cautela del sector empresarial ante la revisión anual del T-MEC y las exigencias de mayor contenido regional en cadenas estratégicas como el equipamiento de inteligencia artificial.
Para lograr una inversión respecto al PIB de al menos 25 por ciento es necesario, en primer término, mantener un clima de estabilidad económica que propicie confianza en los empresarios nacionales y los inversionistas extranjeros.
Ello precisa de un adecuado manejo de la política fiscal, conforme al cual se financie de manera saludable el gasto público.
Otro componente fundamental para la consecución del objetivo de crecimiento de largo plazo tendría que ser la mayor generación de ahorro interno, tanto público como privado.
Una mayor generación de ingresos públicos debería permitir, a su vez, crear espacios para incrementar la inversión pública.
Pues bien, los ingresos públicos se están viendo presionados a la baja este año, lo que complica el esfuerzo fiscal por elevar el gasto social y de inversión.
Los recientes informes de finanzas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda dejan ver como primer elemento la debilidad de los ingresos, que en el periodo enero-agosto de 2026 crecieron, pero no lo suficiente.
Entre enero y agosto, los ingresos presupuestarios del sector público, que son los ingresos totales, ascendieron a 5 billones 661 mil millones de pesos y aumentaron 1.3 por ciento real anual, pero fueron inferiores en 201 mil millones de pesos a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para ese periodo de ocho meses.
Al cierre de agosto, la recaudación tributaria del gobierno federal fue de 3 billones 857 mil millones de pesos y, en términos reales, tuvo un crecimiento de sólo 0.6 por ciento respecto al periodo comparable del año anterior.
No obstante, quedó 107 mil millones de pesos por debajo de lo programado para esos ocho meses.
La captación por concepto del ISR, que aportó casi 52 de cada 100 pesos a la recaudación, cayó 5.6 por ciento real anual y quedó corta en 124 mil millones de pesos con relación a lo programado.
Esto no se corresponde con el mayor dinamismo de la economía mexicana observado tanto en el segundo trimestre del año como en julio pasado.
Según las estadísticas de Hacienda, los menores ingresos por ISR fueron compensados por la recaudación por concepto del IVA, que registró un aumento de 11.4 por ciento real anual en el acumulado a agosto, el mayor avance para un periodo similar desde 2021.
Además, superó en 123 mil millones de pesos lo previsto en el programa para el periodo. Su mayor recaudación estuvo apoyada por el alza de 23 por ciento en agosto, “como reflejo del dinamismo del consumo interno y el fortalecimiento de la gestión aduanera”, informó Hacienda.
Esto quiere decir que cada peso perdido por la menor recaudación por ISR se compensó con la mayor captación por IVA.
El IVA es la segunda fuente más importante de ingresos del gobierno federal, después de los ingresos fiscales derivados del ISR. Incluso, está cerca de duplicar los ingresos fiscales derivados del petróleo.
Entre enero y agosto, la recaudación del IVA representó 28.7 por ciento de los ingresos totales del gobierno federal y 30.8 por ciento de sus ingresos tributarios.
La pregunta es qué opciones se tienen para absorber el impacto en la reducción del ISR, componente más importante en los ingresos tributarios no petroleros, si esta se prolonga.
Hay alternativas, pero si la disminución se recarga en el nivel de gasto e inversión públicos para no incrementar el endeudamiento y preservar el grado de inversión, se afectaría directamente el objetivo de crecimiento económico.