El juez de conocimiento encargado del proceso penal contra Juliana Guerrero, activista cercana a Gustavo Petro, lanzó un severo llamado de atención a la procesada durante la audiencia pública, en la que se evaluó el preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación.
El togado enfatizó que la radicación de títulos profesionales falsos para aspirar al despacho de viceministra de las Juventudes no respondió a una equivocación involuntaria, sino a un acto consciente y estructurado para vulnerar las normas del Estado.
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La diligencia judicial se llevó a cabo este miércoles 9 de septiembre de 2026, fecha en la que se formalizó la aceptación de responsabilidad de la joven por el delito de fraude procesal.
El acuerdo suscrito entre las partes estableció una rebaja en el grado de participación a la condición de cómplice, al fijar una pena de tres años de prisión con beneficio de ejecución condicional, además de la imposición de una sanción económica y la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.
Durante la revisión de los términos de la negociación, el juez cuestionó de manera categórica la trascendencia de la falta cometida por la imputada al intentar posesionarse en una alta dignidad de la rama ejecutiva mediante certificaciones irregulares de la Fundación Universitaria San José.
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“Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de las Juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país”, afirmó el juez de la República en el desarrollo de la vista pública.
De igual manera, el titular del despacho comparó la conducta de la procesada con el recorrido formal que deben cumplir los ciudadanos colombianos para acceder a un título de educación superior en las instituciones académicas del país.
“Muchos de los que estamos acá sentados tuvimos que pasar por 10.000 vicisitudes para tener el diploma. Entonces, no es cierto que nos encontremos en presencia de un simple error. Nos encontramos en presencia de un actuar totalmente contrario al ordenamiento jurídico y, por tal razón, y estando consciente de dicha actividad, se considera también cumplido este requisito”, reprochó el funcionario judicial para fundamentar su postura sobre el impacto social de la falta.
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Las investigaciones del caso se remontan a mediados de 2025, cuando la activista fue postulada para asumir la dependencia en el Ministerio de la Igualdad. La legislación exige la presentación de un título profesional universitario para ocupar dicho nivel directivo dentro del organigrama estatal.
Los peritajes técnicos revelaron que la hoja de vida cargada inicialmente en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) indicaba únicamente una formación de nivel técnico. Sin embargo, días después el registro digital fue modificado adjuntando diplomas que la acreditaban como Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.
El material probatorio recopilado por el ente de investigación demostró que Guerrero no asistió a las aulas de la institución universitaria, no cursó las asignaturas del programa académico y tampoco presentó los exámenes de Estado Saber Pro.
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Adicionalmente, las pesquisas financieras detectaron giros de dinero por concepto de matrícula y derechos de grado efectuados con posterioridad a las fechas de graduación consignadas en los cartones.
El Ministerio de Educación Nacional confirmó a las autoridades judiciales la ausencia de registros oficiales en las plataformas del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) que respaldaran la titulación de la ciudadana.
Esta maniobra en el portal oficial indujo en error a los encargados de la verificación de requisitos en la Presidencia de la República, lo cual derivó en la imputación por fraude procesal que hoy se encuentra en etapa de juzgamiento.
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Juliana Guerrero emitió una carta pública dirigida al país para solicitar perdón tras haber aceptado su responsabilidad penal por la presentación de títulos académicos falsos.
En el escrito divulgado a través de sus redes sociales, la activista afirmó que asume de forma consciente las consecuencias judiciales derivadas del delito de fraude procesal que procesa la justicia colombiana.
“Hoy, frente al país, quiero reconocer, con profundo dolor, que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida”, escribió Guerrero. También señaló que no busca justificar sus actuaciones ni presentarse como víctima, sino asumir las consecuencias de sus decisiones.
La joven pidió perdón al país, a su familia, a quienes confiaron en ella y a los jóvenes que la consideraron un referente. Asimismo, ofreció disculpas a la Universidad San José, a sus directivos, profesores, estudiantes y egresados.
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Guerrero aseguró que nunca tuvo la intención de causar daño al Estado o al país, aunque reconoció que esa circunstancia no elimina su responsabilidad: “Soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad”.
En el cierre de su mensaje, se dirigió a los jóvenes de Colombia y sostuvo que equivocarse no exime a las personas de responder por sus actos: “Espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar”.