Los tres magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han acordado finalmente este jueves no suspender cautelarmente la instalación y puesta en funcionamiento del campamento con el que el Gobierno busca acoger a los migrantes que llegaron a la Ciudad Autónoma de Ceuta los días 30 y 31 de julio en la entrada masiva desde Marruecos.
En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, deniegan así la pretensión del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que en su recurso solicitaba la medida cautelarísima -sin escuchar alegaciones del Ejecutivo- de paralizar la instalación de carpas en el Puerto de Ceuta, dependiente del Ministerio de Transportes, hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.
La Audiencia Nacional explica ahora en la resolución que, sin entrar en cuestiones de fondo, “no está justificada la adopción de la medida solicitada” de paralizar el funcionamiento del campamento porque la resolución de Transportes que habilitaba ese espacio era básicamente “una autorización temporal para ocupar una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público” que previamente había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones.
Añade que la documentación que han revisado enviada por Transportes explica que esa instalación temporal busca el desarrollo de las funciones atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional y subraya que en la resolución “no se hace pronunciamiento alguno sobre las concretas condiciones en que se va a prestar la atención humanitaria ni sobre las condiciones de prestación de servicios por parte de los agentes policiales”.
Al respecto, los magistrados indican que lo único que expone en su decisión el Ministerio de Transportes es que se aprecian “razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada” y que se añade que se da la autorización sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto“.
La Audiencia Nacional indica que el ministerio dirigido por Óscar Puente señalaba también en su resolución que se solicitaría al Ministerio del Interior “su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad”. Así, los magistrados entienden que será Interior quien determine “esas condiciones de seguridad para los agentes que presten servicio en las instalaciones y para los propios migrantes y demás personal allí destinado”.
El freno a los trabajos del miércoles
Previa a esta decisión, los magistrados habían acordado este miércoles frenar de manera momentánea el campamento porque necesitaban que el ministerio les entregara el expediente de creación del asentamiento antes de decidir sobre la paralización. El Ejecutivo entregó esa documentación ese mismo día.
La previsión del Gobierno era que a mitad de esta semana estuvieran por fin disponibles esos emplazamientos del Puerto, un lugar con capacidad para 1.700 personas que supondría un alivio, principalmente, para la playa de El Trampolín, donde miles de personas permanecen en asentamientos improvisados. El Gobierno preveía trasladar este mismo jueves por la mañana a los primeros 800 de la playa a las nuevas carpas, planificación que a partir de ahora sí se puede poner en marcha.
El SUP interpuso ese recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Transportes que permite utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida. En su recurso, el sindicato abogaba por alternativas de acogida que redujeran la presión sobre la ciudad, “como la utilización temporal de un buque-hotel, frente a soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad”.
El SUP aludía a los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta al entender que evidencian la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir.