España podría ser multada por la Comisión Europea por hacer algo a lo que lleva años resistiéndose con la justificación, precisamente, de no quebrar el Derecho comunitario. Bruselas anunció el marte de esta semana la apertura de una "investigación en profundidad" sobre la única vez que el Gobierno ha pagado una de las decenas de condenas internacionales que pesan sobre España por el perjuicio que sufrieron en la década pasada inversores extranjeros en energías renovables por el fin de las primas a las renovables y cambio legal que dio lugar al llamado "impuesto al sol". A pesar de que son muchas y millonarias las compensaciones que se le demandan, España solo ha pagado en una ocasión, en 2025 y 36 millones al fondo 'buitre' estadounidense Blasket, que adquirió los derechos de cobro de la empresa perjudicada en origen, la japonesa JGC. Ahora, Bruselas va a investigarlo más a fondo para confirmar su análisis "preliminar" de que fue ilegal, abriendo así un nuevo capítulo de todo un 'folletín' en torno al 'impuesto al sol' en el que intervienen hasta el presidente de EEUU, Donald Trump, y la Selección española de fútbol y el Mundial.
"En esta fase, la opinión preliminar de la Comisión es que el laudo arbitral [que condenó a España a pagar] y cualquier evento relacionado con su aplicación constituye una ayuda de Estado que no cumple con el artículo 107 (1) del Tratao de la UE", que hace referencia a que no deben distorsionar la competencia, explicó la institución comunitaria en un comunicado difundido el 4 de agosto.
La compensación pagada por España, añadía la Comisión, "otorga a [la compañía japonesa] JGC una ventaja equivalente" a los que se beneficiaron del esquema de ayudas a las renovables que aprobó en 2007 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que Bruselas cuestionó porque entonces no le fueron notificadas como las ayudas de Estado que eran. Esto dio lugar a que, cuatro años después, el Gobierno de Mariano Rajoy, cambiara la norma y acabara con las primas a las renovables en lo que se conoció como el 'impuesto al sol'. Lo hizo con carácter retroactivo, lo que provocó una pérdida de rentabilidad de empresas que habían invertido años antes, al calor de las ayudas previas. Por eso, algunas empezaron a litigar contra España en cortes internacionales en litigios que todavía perduran o que ya han fallado en decenas de ocasiones en contra de España. De la misma manera, Bruselas considera que el cobrador real de los 36 millones pagados el año pasado por España, el fondo Basket "también se ha beneficiado de la compensación, después de adquirir el derecho de cobro y conseguir que se ejecutara".
Por todo esto, la Comisión "investigará más a fondo la medida", es decir, el pago del único laudo que ha satisfecho el Gobierno, "y su compatibilidad con el mercado interno, debido a que tiene dudas de una posible quiebra de los Tratados de la UE por lo que se refiere a las ayudas de Estado".
"La Comisión llevará a cabo una investigación en profundiad para determinar si sus preocupaciones iniciales se confirman", indicó en la nota sobre un proceso que podría terminar con una multa a pagar por España y en el que Gobierno podrá presentar alegaciones.
Ribera contra España (y contra Ribera) para salvar a España del pago de miles de millones
Si bien las reglas ayudas de Estado y las investigaciones comunitarias para hacer que estas se cumplen en la UE están claras en los Tratados y otros reglamentos, estas pesquisas por parte de la Comisión tienen mucha más enjudia y forman parte de una historia de hace más de una década y que entronca hasta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la Selección Española y el Mundial de Fútbol que acaba de ganar.
La investigación está comandada por la actual comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, responsable en 2018 dentro del Gobierno español de un nuevo cambio legal que eliminó el 'impuesto al sol' y ofreció una compensación a las empresas perjudicadas por su carácter retroactivo que, si bien no eran tan buenas como las primas a las renovables de Zapatero que Bruselas había cuestionado en 2007, algunos inversores sí aceptaron.
No todos y así continuaron su curso decenas de demandas en los tribunales internacionales de resoluciones de diferencias comerciales que muchas ocasiones han respaldado las reclamaciones de los inversores y condenado a España a compesar el perjucio que les causó el "impuesto al sol".
Los acreedores calculan que la deuda del Gobierno por no pagar las condenas por el 'hachazo' a las renovables asciende a más de 2.300 millones, incluyendo más de 500 millones por intereses de demora. Solo en EEUU, España acumula reclamaciones por casi 700 millones que, con el paso de los años han pasado desde los inversores iniciales a fondos 'buitre' como el que se menciona en esta investigación, Basket Renewable, que es también el promotor de numerosas acciones para embargar bienes y activos españoles en Estados Unidos que el mes pasado pusieron en la diana, sin éxito, hasta a la Selección española de fútbol durante su paso por el Mundial.
En todos estos procesos, la posición genérica en la que se mantiene España es en la de no pagar los laudos. Así lo defendía Ribera cuando era vicepresidenta del Gobierno y lo sigue defendiendo como comisaria europea de la Competencia. El año pasado echó un capote al Gobierno desde Bruselas dándole una instrucción que le conminaba a no pagar los laudos por el 'hachazo' renovable porque serían una ayuda de Estado ilegal, tal y como ahora sospecha y quiere llegar hasta el final sobre la única vez que España ha pagado, por causas que nunca han sido explicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido hoy la vicepresidenta Sara Aagesen, exsecretaria de Estado de Energía con Ribera.
La instrucción de la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea tuvo un efecto inmediato pero parcial. Inmediato porque invalidó todos los procesos judiciales y órdenes de embargo contra activos españoles dentro de la UE para que los inversores en renovables se cobren sus deudas. De hecho, a principios de este año Bruselas abrió un procedimiento de infracción contra Bélgica por no obedecer y tras ordenar uno de sus tribunales un embargo por este motivo.
Pero fue parcial porque la prohibición de pagar o de dar validez a tales procedimientos era "intra-comunitaria", es decir, dentro de la UE, lo que permitía continuar con procesos fuera de ella, en particular en tribunales del Reino Unido, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Central o jurisdicciones aún más lejanas como Singapur o Australia.
Litigios en EEUU: Trump, el Mundial y la denegación de inmunidad
A este respecto, el anuncio de que seguirá investigando esta presunta ayuda de Estado ilegal por parte de España podría abrir un nuevo escenario internacional porque la Comisión deja claro que no reconoce las condenas de tribunales de otras jurisdicciones -de fuera de la UE- como manera de justificar un pago -de 36 millones, por parte de España- que sospecha que es ilegal.
Mientras que los acreedores internacionales califican de "tribunal regional" a la Comisión Europea, Bruselas le da la vuelta y afirma que "un acuerdo internacional [como fue el Tratado de la Energía y el incumplimiento por parte de España en el que se basan buena parte los laudos que ha ido perdiendo] no puede afectar a la separación de poderes que fijan los Tratados y, en consecuencia, a la autonomía del sistema legal de la Unión".
La Comisión -y dentro de ella, su Dirección General de Competencia que dirige Ribera- hace esta declaración en un momento crucial en estas reclamaciones en Estados Unidos, la reciente negativa de su Tribunal Supremo de reconocer la inmunidad soberana que pidió el Gobierno para desactivar las reclamaciones millonarias en ese país. Un elemento necesario para la deliberación del Supremo fue el informe del Gobierno de Trump que no vio obstáculo en negar las pretensiones de España. El fallo, según los acreedores, cierra sus posibilidades de seguir evitando pagar o ver embargados sus bienes.