El alza de la inflación durará más de lo previsto. Por lo pronto, hasta 2028. Y a la espera de que el próximo 16 de septiembre entre en vigor la subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés que anunció ayer el Banco Central Europeo (BCE), esta previsión de inflación sí ha tenido un efecto inmediato.
El mercado de la deuda pública, ya de por sí turbulento por las perspectivas preocupantes que dejan un panorama internacional incierto y un precio del combustible que no deja de aumentar, reaccionó en el mismo día en el que habló el BCE: en España, el rendimiento del bono a diez años escaló hasta el 3,963%, máximos no vistos desde 2023. Por su parte, el bono a diez años de Alemania (de referencia a nivel europeo) se situó en el 3,5%, de regreso a las tasas de 2011. El bono a diez años de Francia también ha regresado a niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008, y ayer cerró en el 4,431%.
En un escenario en el que la inflación sube, y también lo hacen los tipos de interés (como hizo ayer el BCE pero también podría hacer la Fed antes de fin de año) plantea un gran desafío para el crecimiento económico a todos los niveles: se constriñe el consumo de las familias y empresas, pero también la financiación de administraciones públicas, cuyo margen de maniobra de política fiscal se estrecha ante el aumento de los costes financieros y la reticencia de los mercados a financiar su volumen de deuda pública, explica el último de los análisis del think tank Funcas.
El repunte de los rendimientos de los bonos no se debe solo a la mayor inflación o al endurecimiento de la política monetaria. "También contribuye la sensación de incapacidad de los gobiernos para contener el deterioro de los desequilibrios presupuestarios y prevenir una acumulación insostenible de deuda", explica Funcas. Aumentos del gasto público en defensa, ayudas estatales para amortiguar el efecto de la situación geopolítica, medidas sociales (y menos volátiles) como es el coste del envejecimiento de la población... Al final de todo ello se encuentra la dificultad (visible) para generar ingresos suficientes y financiar ese gasto, y "todo ello redunda en el fuerte encarecimiento de los costes financieros que deberán asumir los Estados en los próximos años", concluye Funcas.
Pero la reacción del mercado de la deuda pública no se queda para Europa y sus bancos centrales: es un efecto a uno y otro lado del Atlántico, y cada vez más condicionado por la crisis de Oriente Próximo. De hecho, a nivel mundial los bonos de los Estados han disparado su rentabilidad a niveles del 3,72%, no vistos desde crisis financiera de 2008, según datos de Bloomberg Global Goverment Bond Index. Y ayer mismo el Financial Times recogía cómo la rentabilidad del bono estadounidense a 30 años se situaba en el 5,35%, su nivel más alto desde la crisis económica de 2007, y que los analistas atribuyen a un doble golpe: el aumento de los riesgos de credibilidad, pero especialmente la subida constante de los precios del petróleo. Una situación que Donald Trump pretende alargar hasta después de las elecciones midterm, que se celebrarán en noviembre, según declaró ayer. En el caso de economías como Japón, el rendimiento ha pasado de valores casi nulos a volver a rozar ayer el 3%, cota no vista desde la década de los 90.
"El principal riesgo es que unas presiones persistentes sobre la energía y los alimentos impulsen las expectativas de inflación y aumenten las primas de riesgo exigidas por los inversores", explica la firma Generali Investments, antes de añadir: "Las cargas de deuda siguen aumentando y el gasto por intereses se está convirtiendo en una partida presupuestaria cada vez más importante" para los países.
Entre medias, llegó ayer la decisión del Consejo de Gobierno del BCE de elevar los tipos de interés hasta dejar la tasa de depósito en el 2,5%, la de las operaciones de refinanciación en el 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo en el 2,90%. El veredicto del BCE fue claro: "El conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionistas y se prevé que la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado". De esta forma y respecto a la última reunión de julio, mantuvieron las previsiones de inflación en el 3% para 2026, y las elevaron al 2,5 % en 2027 y del 2,1 % en 2028. En el caso de la subyacente (excluidos la energía y los alimentos), la situaron en el 2,5 % en 2026, para el 2,6 % en 2027 y en el 2,3 % en 2028.
Así que el BCE endurece sus políticas ante una segunda mitad de 2026 que no será fácil para el Viejo Continente. "Las perspectivas siguen sujetas a una elevada incertidumbre, con riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico", explicó el organismo presidido por Christine Lagarde tras ejecutar la segunda subida de las tasas de 2026, una medida a la que no recurría desde 2023 y que abre la puerta a un ciclo de presión para el bolsillo de los consumidores después de años en los que lo habitual han sido recortes o estancamiento. Pero, ante todo, es una respuesta preventiva del BCE mientras no haya una solución definitiva para la reapertura de Ormuz y se controle el alza de la inflación, que igualmente entraña su propio riesgo: el de que la actividad económica se deteriore ante condiciones financieras más restrictivas, estando ya sumida en un shock de precios energéticos y un panorama inestable.
Porque entre tanto, crece otra presión, la de todos los precios, y cuyo origen está en el encarecimiento de las materias primas. Ayer el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, superó la barrera de los 100 dólares tras un aumento del 5,7% durante el día. En el Viejo Continente, el precio del petróleo Brent se disparó un 5,5% y rebasó los 107 dólares por barril durante la jornada (niveles no vistos desde mayo) mientras que el gas natural alcanzaba precios no vistos desde diciembre de 2022, año en el que se disparó su coste tras la invasión rusa de Ucrania y arrancó una crisis energética que todavía dura: cotizó en los 81,70 euros el megavatio por hora al cierre de los mercados a causa de un repunte del 3% intradía.
El origen del vaivén vuelve a estar en las tensiones de Oriente Próximo, y cómo el bloqueo de Ormuz sigue presionando al alza el precio de los combustibles. Además, aumenta la preocupación en torno a las reservas con las que los países harán frente al próximo invierno, y la incertidumbre se alimenta con los nuevos ataques a petroleras o la noticia de que Arabia Saudí (uno de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP) ha producido 6,2 millones de barriles diarios en agosto, la cifra mensual más baja de 2026 y un 23% inferior a la de julio, hecho que se suma al pronunciado descenso del bombeo en Irán (-16 %), pero que la alianza de países compensa con la producción de Irak.
El caso de España y el repunte de la inflación
En este contexto de mayor endeudamiento, y "a falta de nuevos presupuestos que permitan adaptar las prioridades a los grandes desafíos, la factura por intereses se incrementará casi un 50% hasta 2030, superando los 60.000 millones de euros ese año", precisa Funcas en el caso de España.
"En caso de mantenerse los tipos en los mismos niveles que en 2025 (es decir, en torno al 3,2% los de largo plazo y el 2,2% los de corto plazo), los pagos por intereses se situarían en 2030 en unos 57.000 millones de euros, es decir, 17.000 millones más que en 2025", prosigue el think tank. Y si se tiene en cuenta la subida de los tipos de interés del 0,5% que ya ha ejecutado este 2026 el BCE, la factura aumenta en otros 3.600 millones en 2030, hasta situarse algo por encima de los 60.000 millones.
"Más allá de estos efectos -explica Funcas-, lo que está en juego es un cambio de paradigma de la política macroeconómica, por el estrechamiento de margen de maniobra de los Estados, una situación que, además, coincide con necesidades crecientes de inversión y de respuesta a todo tipo de shocks. La implicación para España es que urge aprovechar el ciclo expansivo para generar margen de maniobra y así reducir la vulnerabilidad ante futuros shocks", concluyen.