El pasado verano, Antonio Ballesteros y su mujer, Alicia, hicieron las maletas y se fueron una semana a la playa. A sus 69 años, este fotógrafo jubilado, trabajador "autónomo, autónomo, no de los que tienen empleados a su cargo", cogía por primera vez unas vacaciones de más de dos días desde que empezó a trabajar. Lo mismo podría decir su mujer, que le había acompañado en la tienda tanto en los fríos inviernos como en los tórridos veranos de Aranjuez, Madrid, capeando las crisis económicas, la pandemia y hasta el fin de la fotografía analógica. "Nunca se cerró el negocio y nunca dejamos de trabajar. Nunca", recalca Antonio, que ha hecho llegar su historia a 20minutos a través de nuestra comunidad, Ciudadano20.
El matrimonio calculaba que sería la primera de muchas escapadas gracias a lo que entonces parecía una inminente indemnización que recibirían del banco que les había concedido su primera hipoteca y al que habían demandado por haberles cobrado una serie de gastos ilegales. Las mejores perspectivas se cumplieron y la sentencia fue a su favor. A finales de 2025 el juez sentenció que el banco debía pagarles casi 7.000 euros, una cantidad que les permitiría vivir por fin con holgura con la pensión de Antonio, mientras Alicia seguía pagando la cuota de autónomos hasta alcanzar los años de cotización suficientes para cobrar también la pensión.
Nueve meses después, sin embargo, el dinero sigue sin llegar y el matrimonio debe sobrevivir con poco más de 900 euros limpios a fin de mes (1.256 euros de la pensión de Antonio, menos la cuota de autónomos de su mujer). La culpa, según denuncia Ballesteros, es del juzgado madrileño que gestiona su caso y que sigue sin realizar el ingreso del dinero que ya pagó el banco sin dar mayores explicaciones.
"Vamos a ver, ¿en nueve meses no has tenido tiempo para hacer una transferencia? Yo entiendo que pueden tardar un par de semanas, vale, ya me parece tarde, pero bueno, vale. Pero nueve meses que ya vamos… es que ya piensas hasta mal", se lamenta Antonio, que lleva todo este tiempo en contacto con su abogado y mirando cada día la cuenta bancaria sin saber el motivo de la demora. "Parece mentira que yo soy autónomo toda la vida y tú tenías que pagar la cuota religiosamente el día 30 o 31 y si no se te metía un 20% o un 25%. Y ahora resulta que ahí hay un capital de 6.900 y pico euros y llevan ya con ellos nueve meses. La rabia que me da esto es que no puedes hacer nada y, chico, con 900 euros, joder, hay gente que vive, pero yo creo que eso no es vivir, eso es malvivir".
Faltan medios en la Administración
El atasco en las llamadas cuentas de consignación es una queja recurrente por parte de afectados y asociaciones como el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) desde hace años. Estas cuentas están a nombre de la Administración de Justicia y es donde se ingresan las cantidades que llegan a los tribunales que son o bien depósitos que deben permanecer ingresados por disposición legal o bien consignaciones ingresadas por una de las partes para ser entregadas inmediatamente a la contraria.
"Esto es una herencia histórica que venimos heredando desde hace muchísimos años, no es una cuestión novedosa. La razón fundamental es doble. Por una parte, la falta de medios humanos y por otra, pues también hay un déficit probablemente de adaptación legislativa", declara Eugenio Ribón, decano del ICAM, entidad que presentó hace un año una proposición no de ley en el Congreso con el fin de cambiar el modelo y evitar el "continuo bloqueo" de fondos consignados. "Esta labor se está desarrollando por parte de los letrados de la Administración de Justicia, que son un cuerpo superior que se tiene que dedicar a ejercitar manualmente la transferencia. La analogía sería como si fuéramos al banco y tuviéramos al cajero con manguitos, contando billetes y monedas".
No existe un plazo legal para que los letrados de la Administración de Justicia realicen esta transferencia, aunque estas deberían producirse sin dilaciones indebidas. La realidad es que, en la práctica, los tiempos dependen de la carga de trabajo del juzgado y de la oficina judicial.
En 2024, el despacho Arriaga Asociados denunció que el Juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid, especializado en litigios sobre cláusulas abusivas de préstamos hipotecarios y el que lleva el caso de Antonio Ballesteros, tenía más de 40 millones de euros ya consignados pero pendientes de entregar a ciudadanos que habían ganado sus procedimientos. El ICAM calcula que hay 4.800 millones de euros bloqueados actualmente en las cuentas de consignación de los juzgados de toda España, una cifra que los letrados matizan, defendiendo que los retrasos son puntuales.
"Usando datos oficiales que emite el Consejo General del Poder Judicial, el saldo medio de todas las cuentas de consignaciones de los tribunales es de unos 5.000 millones de euros, que es la consecuencia de la permanente evolución de entradas y salidas. En los últimos años entran casi 8.000 millones y salen esos 8.000 millones de euros. Los letrados para ello hacemos unas cinco millones de operaciones de pago, unas 1.500 por cada funcionario. El trabajo y la responsabilidad que asumimos es muy alto", declara Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), que, con todo, admite que "faltan medios humanos" en el cuerpo. "Actualmente en torno al 20% de los puestos de letrado de la Administración de Justicia no están cubiertos por funcionarios de carrera, lo que no es admisible".
Intereses de demora para la Administración
Para el ICAM la solución estaría en una modificación normativa que introduzca intereses de demora a la Administración cuando los plazos se alarguen pasado cierto tiempo y la automatización de estas funciones ante la aparente falta de personal. "En primer lugar, que se apliquen intereses de demora automáticos en el caso de falta de cumplimiento por parte de la Administración y, luego, yo creo que lo deseable y lo sencillo, es que en el siglo XXI no haya una persona haciendo transferencias. Un grupo A1 que ha estudiado una oposición de 200 temas que su trabajo no sea meter 20 dígitos y darle a intro. No es una cuestión de voluntad, verdaderamente yo entiendo que es una cuestión de falta de medios", declara Ribón, decano del ICAM.
Desde la CNLAJ, Casado defiende el papel de los funcionarios en este procedimiento: "Los Letrados de Justicia sabemos que una de nuestras principales responsabilidades es la gestión de la cuenta. Nos preocupa sobremanera y por ello le dedicamos la máxima atención. Desde luego que para que sea así, el elemento personal, es muy importante para garantizar que la gestión de esos fondos es rápida y correcta".
Entre tanto, Antonio Ballesteros sigue esperando el dinero que le permitiría afrontar con holgura la merecida jubilación de él y su mujer, que se está viendo hasta la fecha marcada por una continua frustración.
"La sensación es de que estás vendido. Hasta hoy no tengo ninguna noticia. Cuando hablo con el abogado me dice que es que están saturados en el juzgado. Y a mí qué me importa que estén saturados", se lamenta Antonio, que, a pesar de todo, relativiza las penalidades económicas que le está provocando el retraso en el pago. "No te digo que pasamos hambre porque no es eso ni mucho menos, pero parece mentira que yo me tenga que estar privando de ciertas cosas que podría hacer. Por ejemplo, pues, mira, tengo un coche de 6.000 euros de segunda mano. Me lo compré hace dos años porque el mío se nos estropeó al final, porque tenía 20 años, y no me da para más. Si hubiese andado mejor, pues, oye, no te voy a decir que me hubiese comprado un Mercedes ni mucho menos porque ni me gustan los coches ni me hace falta, pero algo un poquito más seguro".
La pareja esperará noticias desde la playa. Este año, otra vez, sus vacaciones se limitarán a seis días en un hotel barato. Cruzan los dedos para poder estar un poquito más el año que viene y disfrutar por fin de la jubilación como llevaban años soñando.
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