Imagen es percepción
Resulta paradójico protestar contra el combustible caro bloqueando las carreteras y encareciendo aún más la economía.
Guatemala puede exhibir indicadores que hablan de estabilidad y crecimiento económico. Pero existe otra contabilidad, mucho más difícil de maquillar: la de la calle y la vida cotidiana. La del trabajador que gasta Q80 diarios en transporte; la pequeña empresa que, venda o no, debe pagar renta, sueldos y servicios; y la familia que descubre que el dinero no le alcanza ni para las tortillas.
El combustible encendió la crisis, pero los bloqueos comenzaron a multiplicar sus efectos. Guatemala depende de combustibles importados y está expuesta a una tormenta internacional que no controla. Cuando sube el diésel, no aumenta solamente el costo de llenar un tanque. Suben el transporte, la distribución de alimentos, las materias primas y, finalmente, el precio que paga el consumidor.
Precisamente por eso resulta contradictorio pretender combatir el combustible caro bloqueando las carreteras por donde circula la economía. Una carretera cerrada no es solamente una fila interminable de vehículos. Detrás hay camiones con alimentos, exportaciones detenidas, trabajadores que no llegan, comercios sin mercadería, citas médicas perdidas y pequeños empresarios contando las horas. Hay, además, combustible quemándose inútilmente mientras se protesta por su precio.
Manifestarse es un derecho, pero no puede vulnerar los derechos de los demás. La CC otorgó un amparo para proteger la libre locomoción. Entonces, ahora el Estado ya tiene herramientas para frenar este caos. ¿Y dónde está el presidente en todo esto? Exactamente donde debería estar un jefe de Estado cuando un problema económico amenaza con convertirse en una crisis de gobernabilidad: al frente. O, al menos, eso cabría esperar.
Gobernar significa pensar, planificar, anticiparse y dirigir. No improvisar un alivio que expire en pocas semanas mientras el problema permanece intacto. Guatemala necesita una política energética de largo plazo, diseñada con asesoría técnica de primer nivel y funcionarios escogidos por su capacidad, no por su cercanía ni por el privilegio de ocupar cargos generosamente remunerados con dinero público.
Ese es, quizá, el problema de fondo: “la ausencia de dirección”. Una crisis no se gobierna reaccionando cuando las carreteras ya están bloqueadas y el daño económico está hecho. Se hace anticipándola, convocando a los sectores antes de que el conflicto estalle, explicando con claridad qué puede y qué no puede hacer el Estado y construyendo una estrategia capaz de resistir el próximo aumento internacional. Porque esta crisis energética global no parece estar terminando. Todo indica que será prolongada, costosa y posiblemente más difícil.
Hoy unos exigen eliminar temporalmente impuestos; otros, subsidios directos; y otros proponen un fondo permanente de compensación. Todas las alternativas tienen costos y consecuencias. Lo que Guatemala necesita es una política seria que determine cómo amortiguar futuras crisis sin convertir cada aumento del petróleo en una negociación bajo presión.
Mientras tanto, quienes pagan primero son los que tienen menos capacidad de defenderse. Una gran empresa puede disponer de inventarios, rutas alternativas y reservas financieras. Una tienda, un taller, una panadería, un agricultor o un pequeño distribuidor difícilmente poseen ese colchón. Si no venden hoy, quizá mañana no tengan con qué comprar.
El presidente tiene la obligación de controlar la crisis, y construir una solución que sobreviva al próximo aumento del petróleo. Porque, cuando se bloquean las carreteras de Guatemala, no se detiene únicamente el tránsito. Se bloquea el trabajo, se encarece la vida y la factura termina llegando precisamente a quienes menos pueden pagarla.