Por Josefina Araos29 AGOSTO 2026
El débil intento del gobierno por defender su proyecto de reforma constitucional ha incorporado un razonamiento que formaba parte de la identidad original del mundo republicano, pero que parecía olvidado. Uno podría pensar que el olvido respondía a las exigencias propias del ejercicio del poder, pero, por lo visto, era algo momentáneo. El argumento ha sido formulado por quienes son, quizás, la versión más respetada de ese mundo: el ministro Arrau y el senador Squella. Dicho argumento consiste, básicamente, en aludir al compromiso con las inquietudes de las grandes mayorías. Las críticas de los “opinólogos”, como dijo con desdén el ministro, serían resultado de meros sesgos de clase, disfrazados de evidencia técnica. Todo esto, cómo no, sería la prueba palpable de que todos ellos viven una desconexión con la vida cotidiana de la gente. Esta aproximación del gobierno tiene a su favor la aparente adhesión ciudadana en materias de seguridad. Y también la actitud de cierta elite política e intelectual que, efectivamente, tiende a desechar con rapidez las percepciones de las personas. Estas son, en el mejor de los casos, un insumo más frente a otros datos, y en el peor, una prueba de ignorancia o bajeza, y por ende irrelevante.
Sin embargo, nada de eso le ha permitido al Ejecutivo elaborar una defensa sólida de su reforma constitucional. Y esto se debe a que el argumento ofrecido es, finalmente, una forma de evasión. La preocupación de las personas por llegar sanas y salvas a su hogar no hace más razonable, por poner el ejemplo más debatido, un estado de excepción de la amplitud como la presentada. La inquietud de la gente marca una urgencia, pero no resuelve ni determina el camino a seguir. Y el gobierno no ha ofrecido una justificación en ese nivel. Así, presenta un proyecto que entra en tensión con aspectos relevantes de nuestro diseño institucional, sin responder a las dudas o explicar con precisión por qué ese cambio resulta indispensable. “Opinología” o no, los cuestionamientos han sido lo suficientemente transversales como para que el Ejecutivo entregue una respuesta más robusta. Por ahora, pasa de la afirmación vociferante de las precarias condiciones de vida de la gente, ignoradas por las elites, a la apertura a discutir cada aspecto del proyecto, en una suerte de debilidad disfrazada de amabilidad, que contrasta con la rudeza con que se ha levantado el argumento anterior. Dicho de otro modo, no se entiende la pintura de guerra por un proyecto que nadie ha defendido en términos razonables. Pues claro, si acaso este solo se justifica en el temor de las personas, no hay cómo reivindicar luego con “coraje” (como gusta decir a algunos) aquello que se propone.
Este argumento es además cómodo. Que el gobierno apele al apoyo ciudadano es una forma de liberarse de responsabilidad cuando, por más que tengan los pies en el barro, hoy son la elite que conduce al país. En consecuencia, deben hacerse cargo de todo lo que empujan. La gente común no tiene esa responsabilidad sobre sus hombros; en tanto ciudadanos, exigen sus derechos y levantan sus reclamos. Pero la política es la que luego, no solo resuelve qué hacer, sino que responde por ello. Suponemos que el gobierno no espera que cuando más tarde haya que rendir cuentas, su respuesta sea: era lo que pedía la gente. La política es algo más que eso; de otro modo, más valdría hacer las cosas por cuenta propia. El desafío está en convertir aquello que espera la ciudadanía en el fundamento que legitima y orienta una acción nutrida de otras consideraciones que solo ella puede y debe hacer. De lo contrario, la apelación deja de ser democrática, y se vuelve un recurso funcional a una agenda cuyas motivaciones están en otro lugar. Si este no es el caso, el gobierno debe dejar de improvisar y tomarse en serio el ruido hecho con la agenda de seguridad. Después de todo no fue sino el compromiso con esa urgencia el motivo principal por el que alcanzaron el poder.
Por Josefina Araos, investigadora del IES.
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