Un agricultor de la comarca del Segrià (Lleida) fue detenido después de que la Guardia Civil descubriera la presencia de miles de árboles de nectarina en su finca, correspondientes a una variedad de diseño llamada nectadiva. La intervención se enmarca en una investigación iniciada en febrero de 2025, que incluyó inspecciones y toma de muestras de los árboles y frutos. El análisis genético de estas muestras confirmó el uso de una variedad patentada, propiedad de la empresa Agreo Selections Fruit, sin la autorización pertinente.
La actuación policial se centró en la existencia de unos 5.000 árboles distribuidos en tres parcelas, donde se detectaron injertos y multiplicación no autorizada de la nectadiva. Según fuentes oficiales citadas por Segre, el propietario habría realizado actos de reproducción mediante injertos o inoculaciones en árboles de otras variedades, lo que constituye una hibridación no permitida bajo la legislación vigente.
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Esta legislación exige el permiso expreso y el pago de los correspondientes cánones a los titulares de los derechos de la variedad protegida, derechos que en el sector pueden suponer importes de entre 0,50 y 2,50 euros por árbol, dependiendo de la variedad y sus particularidades.
El sector de las variedades vegetales de diseño está regulado de manera similar a las patentes industriales. Los obtentores, empresas o instituciones que desarrollan nuevas variedades, pueden registrar sus creaciones y obtener derechos de explotación exclusivos durante un periodo de 25 a 30 años.
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La nectadiva destaca por unas cualidades específicas de sabor, conservación y resistencia a enfermedades, lo que la convierte en una de las opciones más demandadas en el mercado europeo. Su introducción en explotaciones no autorizadas supone una infracción contemplada en el artículo 274.4 del Código Penal, que señala que “la reproducción, uso o explotación de una variedad vegetal protegida sin la correspondiente autorización del titular constituye un delito de propiedad industrial y puede ser castigada con penas de prisión y multas cuantiosas”.
El agricultor detenido fue puesto en libertad después de su declaración, aunque está siendo investigado todavía. Como parte de las medidas adoptadas, se ha ordenado la destrucción de las plantas y la empresa titular de la variedad ha iniciado trámites para reclamar las regalías no abonadas durante el periodo en que se produjo el cultivo irregular. Estas regalías y posibles indemnizaciones se suman a a la prohibición de comercializar los frutos recolectados y a una posible sanción administrativa de hasta 288.000 euros.
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El caso del Segrià no es el único de estas características registrado en España. El 13 de abril de 2026, el Tribunal Supremo confirmó la condena a un agricultor valenciano de Moncada por plantar 1.270 árboles injertados con la variedad de mandarino Orri sin autorización. La empresa licenciataria en España, The Enforcement Organization S.L., interpuso la demanda y logró una indemnización de 76.200 euros, calculada a razón de 60 euros por árbol, además de la destrucción de todo el material vegetal y la prohibición de explotar y comercializar la fruta.
La sentencia consolidó la doctrina del Alto Tribunal sobre el alcance de la protección de las obtenciones vegetales comunitarias, estableciendo que el injerto no autorizado de una variedad protegida conlleva una infracción plena con todas sus consecuencias legales: cese de la actividad, destrucción del material, prohibición de explotación e indemnización.
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