La inteligencia artificial (IA) tiene capacidad de moldear los sistemas judiciales que lo utilizan. Agiliza, reduce carga laboral y favorece el acceso en diferentes idiomas. Guatemala ha empezado a incursionar en ese campo a través de un plan piloto, pero con poca divulgación hacia sus usuarios.
El fenómeno de la IA ha llegado a los tribunales y despachos de abogados en varias partes del mundo para resolver problemas diversos en el ámbito judicial.
En India se ha usado para traducir documentos a diferentes idiomas locales. En China ayuda a incrementar la productividad de los jueces, en Brasil asiste en la preparación de borradores de sentencias, y la lista de beneficios continúa. Aunque también hay alertas por la mala utilización o uso engañoso de las herramientas.
En Brasil, la misma IA detectó un intento de manipulación, porque unos abogados insertaron un comando oculto en un expediente laboral para intentar engañar al sistema del tribunal. En Argentina se descubrió que un juez usó ChatGPT en una resolución, y eso llevó a la anulación de la sentencia, porque se desconfiaba qué proporción del fallo correspondía a la IA.
En Guatemala, se ha revelado a cuentagotas lo que ocurre tras las paredes del Palacio de Justicia. Empezaron a comprar herramientas de IA en julio del 2025, pero fue el 2 de julio de este año cuando el Organismo Judicial (OJ) divulgó que existe un normativo para regular el uso de la IA.
La institución usó la red social X para informar que la magistrada Clemen Vanessa Juárez Midence, quien preside la Cámara de Amparo y Antejuicio, impulsó la aprobación del normativo, al que solo se pudo acceder a través de un requerimiento de acceso a la información pública. El texto es un acuerdo de la presidencia, y lleva el número 93-2026, aprobado en marzo y firmado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes.
Luego de tres rondas de consultas, que la magistrada Juárez respondió por escrito, se conoció que el OJ implementa un plan piloto en la vocalía de Juárez, quien preside la Cámara de Amparo y Antejuicio, y la de Gustavo Adolfo Morales Duarte, vocal en la Cámara de Amparo.
Se desconoce por qué se eligió a esas vocalías para realizar las pruebas y a la fecha no hay información sobre los resultados.
El reglamento
El normativo establece que el uso de la IA tiene un carácter asistencial y de apoyo administrativo. En los 32 artículos se indica que las herramientas de IA no pueden interferir en la independencia judicial y que su uso será autorizado por la presidencia del OJ. Se establece que las herramientas autorizadas son las que adquiera ese organismo, disponibles en un entorno tecnológico institucional, que estará alimentado por un cuerpo documental específico.
La Gerencia de Informática queda a cargo de la supervisión de las tareas técnicas, de soporte o mejora que se contraten para garantizar que las herramientas “no comprometan la exactitud fáctica ni la integridad de los expedientes o documentos sujetos a su procesamiento”.
El artículo 12 del normativo remarca que la IA no puede sustituir la valoración y criterio del juez y en el 13 se indica que los empleados judiciales son responsables de “supervisar, confrontar y validar” la información generada con IA. La Gerencia de Informática está facultada para auditar, mitigar riesgos y suspender las herramientas ante riesgos técnicos o sesgos procesales.
El trabajo de la Gerencia de Informática es “evitar el impacto en derechos fundamentales” y que la implementación de esa tecnología “no afecte, directa o indirectamente, las garantías del debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad ante la ley, la protección de datos personales ni otros derechos constitucionalmente reconocidos”.
Se establece que las contravenciones al acuerdo darán lugar a sanciones disciplinarias bajo la Ley de la Carrera Judicial y de Servicio Civil, así como denuncias en el Ministerio Público.
En el 2025, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) publicó las Directrices para el uso de la IA en cortes y tribunales, que establece 15 principios universales para guiar la adopción, gobernanza y supervisión de la IA en el poder judicial. Uno de ellos indica que la IA no debe crear barreras nuevas para quienes carecen de alfabetización digital. Otro, señala que las organizaciones judiciales deben consultar a las poblaciones que puedan verse afectadas directa o indirectamente por el uso del sistema para incorporar sus comentarios al desarrollo y uso de las herramientas.
Litigantes acogen la IA con cautela
Cuatro abogados consultados para esta nota tienen opiniones divididas sobre el uso de la IA en el OJ. Para Julio Prado, exfiscal y abogado litigante, la IA puede ser de ayuda para agilizar procesos mecánicos, pero siempre existe la preocupación de cómo se hará la supervisión ante las “alucinaciones” o “invenciones que produce la IA cuando se encuentra limitada de respuestas.
"En este momento no hay ninguna IA que no tenga la capacidad de no fabular... es capaz de mentir”, asegura. Su propia experiencia al utilizar Grok, Claude, Gemini y ChatGpt y su conocimiento como exfiscal le hace reflexionar sobre cómo algunas personas pueden tomar por válidas todas las respuestas de la IA y la necesidad de un filtro humano que supervise para evitar que un error pueda impactar en la protección de un derecho reclamado a través de un amparo.
El abogado Alexander Aizenstatd, experto en derecho constitucional, no cree que el uso de la IA pueda eliminar el problema de fondo que retrasa la resolución de amparos. "Los tiempos de tramitación de los amparos en la Corte Suprema de Justicia exceden por mucho los de cualquier otro tribunal que yo haya conocido. Mientras que en un juzgado de Primera Instancia y una sala uno puede esperar que un amparo tome aproximadamente un año, en la Corte Suprema de Justicia eso puede tomar hasta cuatro”, explicó.
"Los tiempos de tramitación de los amparos en la Corte Suprema de Justicia exceden por mucho los de cualquier otro tribunal que yo haya conocido".
Alexander Aizenstatd, experto en derecho constitucional
Uno de los problemas de fondo es la inestabilidad en la integración del OJ, señaló el experto. Hubo una Corte Suprema de Justicia que extendió su período de cinco años por falta de elección y este año hubo cambios inesperados en la formación de las cámaras. A eso se suma la acumulación de amparos del ámbito electoral y laboral que presenta la Procuraduría General de la Nación.
El abogado Pablo Pacheco, quien fue letrado en la Corte Suprema de Justicia del 2017 al 2021, resalta que la IA puede ser útil en la redacción de “la resulta”, que es la fase de los antecedentes de un proceso, especialmente en los casos laborales.
"La resulta de la sentencia o del proyecto de sentencia es todo el formato, desde el acápite con la identificación y los antecedentes del amparo, hasta llegar a los considerandos. En la resulta se pierde bastante tiempo. Creo que la IA sería muy útil para los letrados, porque les facilita tener el expediente listo para entrar a los considerandos y resolver el fondo. Incluso me atrevería a pensar que, si hay una IA bien formulada, podría sugerir líneas jurisprudenciales sobre las cuales la Corte ya ha resuelto”, indicó.
Víctor López, máster en leyes e inteligencia artificial, resalta que, además de alucinaciones, la IA lleva consigo sesgos por la forma en que fue entrenada, lo cual también puede ser un riesgo para el sistema judicial. Y, en cuanto a la supervisión humana, sugiere que el OJ informe en qué partes se usó IA, porque “eso daría mayor certeza jurídica de que la parte resolutiva la hizo un ser humano”.
Respuestas incompletas
A inicios de agosto, Prensa Libre consultó a la magistrada Clemen Vanessa Juárez Midence por el normativo para el uso de la IA en el OJ. La magistrada no concedió una entrevista y decidió responder varias preguntas por escrito.
Según Juárez, “el Organismo Judicial no ha dispuesto un uso generalizado de la inteligencia artificial”, sino que “la institución asumió una postura preventiva con dos acciones fundamentales: fijar límites estrictos para evitar cualquier uso indebido y normar adecuadamente su aprovechamiento responsable".
También dijo que en su vocalía se realiza un “plan piloto”, con un reducido número de usuarios, para que la IA sirva de “apoyo operativo para la gestión de expedientes voluminosos”, esto a pesar de que el OJ ha erogado hasta inicios de agosto del 2026 Q1.3 millones para herramientas de IA.
Sobre la tecnología contratada, se limitó a indicar que "de trata de un software especializado de apoyo documental diseñado para operar de forma acotada dentro de un entorno institucional cerrado. No constituye una herramienta comercial abierta ni un chat público de internet". Y que “la iniciativa se planteó para atender la necesidad operativa que representa el manejo de expedientes voluminosos —los cuales en materia constitucional frecuentemente superan cientos de folios digitalizados—, con el fin de coadyuvar a agilizar las labores operativas previas a la decisión judicial”.
Sin embargo, varias de las consultas quedaron sin respuesta, pues indicó que correspondía responder a la Gerencia de Informática. Se le consultó la meta cuantitativa y cualitativa respecto de la reducción de la mora judicial, específicamente en el trámite de amparos y otras garantías constitucionales, pero indicó que, de momento, no se contemplaban métricas de ese tipo.