A contraluz
El hermano del magistrado habría intentado comprar el silencio de la familia de la víctima.
La noche del 3 de septiembre fue trágica para Héctor Hugo Girón Barrientos, profesor y músico, de 64 años. Alrededor de las 21 horas, salió de la universidad donde laboraba y se dirigía a su casa, cuando en la 6ª. avenida y 8ª. calle, zona 9, su motocicleta fue embestida por una camioneta Toyota Prado que conducía Pablo Andrés Zaldaña, hijo del magistrado Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo, magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones Penal. Aparentemente, Zaldaña también habría impactado contra un automóvil Hyundai Accent. Gravemente herido, Girón fue trasladado por socorristas al Hospital General, donde falleció por politraumatismo.
La situación se complicó conforme se fueron conociendo más detalles. La camioneta involucrada pertenece al Organismo Judicial y está asignada al magistrado Zaldaña. La familia de la víctima sostiene que el accidente habría ocurrido porque el hijo de Zaldaña participaba en una carrera clandestina, razón por la cual perdió el control del automotor. Este hecho debe ser investigado a fondo porque el abogado Gerardo Zaldaña, hermano del magistrado y tío del conductor, niega tal extremo y asegura que su sobrino pudo haberse pasado un semáforo en rojo.
El hermano del magistrado presuntamente habría tratado de comprar el silencio de la familia afectada con un ofrecimiento económico. Según el acta notarial, citada por el diario La Hora, el letrado habría ofrecido a la familia del profesor Q25 mil para los gastos funerarios, con la condición de que no realizaran reclamaciones judiciales o extrajudiciales o de cualquier índole. ¿De verdad alguien puede pretender que Q25 mil conviertan una muerte en un asunto cerrado?
El Organismo Judicial tampoco ofrece una justicia pronta. La audiencia de primera declaración quedó programada hasta para el 17 de febrero de 2027. Aunque el argumento oficial es la mora judicial, quedan dudas de si no se trata de retardar el proceso para favorecer al hijo del magistrado, algo que tiene sentido en esta Corte Suprema cuyo rasgo principal es la opacidad.
Y hay algo más grave. La sobrina del maestro fallecido denunció que la familia recibió un parte policial vago e incompleto, en el que no están los nombres de los agentes, la hora del accidente y otros datos que servirían para la investigación. También señaló a fiscales del Ministerio Público que, en lugar de actuar de oficio, los han presionado para que se hagan cargo de las diligencias. Los deudos, además de sufrir por la pérdida de su ser querido, estarían siendo obligados a investigar su propia tragedia.
Si estas denuncias se llegan a comprobar, no estamos solo ante un simple accidente, sino ante una muralla institucional que buscaría la impunidad. El Estado tiene fiscales, policías, peritos, investigadores y jueces precisamente porque la justicia no puede depender de cuánto dinero, tiempo, contactos o conocimiento jurídico tenga una familia para defenderse.
Además, no se puede obviar la responsabilidad del magistrado Zaldaña. El Organismo Judicial debe explicar quién podía conducir el vehículo oficial, bajo qué autorización y por qué circulaba en horario no laboral. Cuando un automotor oficial aparece involucrado en la muerte de un ciudadano, la institución a la que pertenece no puede limitarse a investigar hacia adentro y esperar que el tiempo haga desaparecer las preguntas incómodas.
Con este caso, la justicia está bajo sospecha. No basta con decir que no habrá privilegios, hay que demostrarlo. La institución encargada de impartir justicia debe evidenciar que actúa sin favoritismo y sin que los apellidos de quienes tienen poder puedan producir una justicia veleidosa.