La presentación fue impulsada por el diputado nacional Alejandro Carrancio. El partido libertario cuestiona que la magistrada haya frenado la aplicación de una ley nacional en todo el territorio bonaerense.
22 de septiembre 2026, 21:18hs
La jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual, que firmó un amparo contra la ley de baja de imputabilidad. (Foto: Universidad Nacional Guillermo Brown-UNaB)
La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires formalizó el pedido de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, por la decisión que había suspendido en todo el territorio bonaerense la aplicación de la Ley 27.801, que establece el Régimen Penal Juvenil.
La presentación fue realizada por el diputado nacional y vicepresidente de LLA bonaerense, Alejandro Carrancio. En el escrito, el espacio libertario sostiene que la jueza se habría excedido en sus atribuciones al disponer una medida de alcance general sobre una norma sancionada por el Congreso Nacional.
Uno de los principales cuestionamientos de LLA apunta justamente al alcance de la resolución. Según plantea la denuncia, Pascual no se limitó a resolver sobre una situación particular vinculada al Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, sino que extendió los efectos de su decisión a toda la provincia de Buenos Aires.
La presentación fue realizada por el diputado nacional y vicepresidente de LLA bonaerense, Alejandro Carrancio (centro de la imagen). (Foto: Florencia Retamoso).
El planteo también incorpora el posterior fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, que revocó la medida adoptada por Pascual. De acuerdo con lo que reproduce la presentación, el tribunal cuestionó que una decisión judicial pudiera suspender con alcance general una ley aprobada por el Congreso y señaló los límites que impone la división de poderes.
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Con esos argumentos, LLA sostiene que el episodio no constituye solamente una discusión sobre la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, sino que también plantea un conflicto institucional respecto de las facultades de los distintos poderes del Estado. El partido considera que la Justicia debe ejercer el control de constitucionalidad dentro de sus competencias, sin reemplazar las funciones del Poder Legislativo.
La presentación solicita ahora que el Jurado de Enjuiciamiento analice la actuación de Pascual y determine si corresponde avanzar con un proceso de destitución. Además, pide que se evalúe el apartamiento preventivo de la magistrada mientras se sustancia el trámite.
Tras un debate caliente, Diputados le dio en febrero media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años. (Foto: Diputados).
La decisión de Pascual se había conocido el 7 de septiembre, cuando hizo lugar parcialmente a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por organizaciones vinculadas a la defensa de adolescentes privados de libertad. La jueza había dispuesto suspender durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense y fundamentó su resolución en las condiciones de infraestructura, recursos y personal disponibles para afrontar la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal.
El planteo generó una fuerte discusión judicial porque la medida no quedó circunscripta a una situación individual. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, al revisar el caso, sostuvo que una ley sancionada por el Congreso mantiene su presunción de legitimidad y que una eventual declaración de inconstitucionalidad debe analizarse frente a un caso concreto. Además, los camaristas ordenaron a Pascual revisar con urgencia su propia competencia para continuar interviniendo en el expediente.
Con la resolución de la Cámara, la Ley 27.801 volvió a quedar vigente en la provincia de Buenos Aires. La normativa establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y amplía su aplicación a adolescentes desde los 14 años. El tribunal de alzada también cuestionó que la suspensión general se hubiera sustentado en posibles consecuencias futuras de la implementación de la ley sin que, según su análisis, se hubiera acreditado una afectación concreta y actual de derechos.