Tal vez sin proponérselo, el Presidente José Antonio Kast echó a andar, de algún modo, su primera reforma política.
El proyecto antidrogas, que ingresó esta semana por la Cámara, no solo obliga a las autoridades a someterse a exámenes periódicos, también establece nuevas causales de cesación del cargo si se comprueba el uso de sustancias ilícitas.
Con ello, esta reforma a la Constitución no solo tiene un componente administrativo o de seguridad pública, también tiene implicancias de orden político, ya que ministros, senadores y diputados, incluso el propio mandatario, podrían ser destituidos.
No es la única de las reformas con al menos algún grado de tinte político que hoy ya está en manos del Congreso. Lentamente un conjunto de iniciativas, algunas con trámites avanzados y otras aún en el plano de las ideas, comienzan a configurar una nueva agenda legislativa, que se sumaría a las de reactivación económica y de seguridad.
De hecho, en medio de la polémica por el surgimiento de agendas paralelas, que se escapaban del relato de un “gobierno de emergencia”, el Presidente Kast, en la reunión que sostuvo con los diputados UDI en Cerro Castillo, valoró el creciente debate de reformas políticas, según la versión de algunos legisladores.
No obstante, el jefe de Estado solo pidió asegurar que las iniciativas que sean empujadas tengan los votos.
Con ello, La Moneda dio luz verde a impulsar esta discusión que originalmente era promovida por la UDI, RN y Evópoli, además de otros partidos de oposición, como el PS. Sin embargo, a poco andar, en el gobierno, el Partido Republicano, cuyos principales dirigentes siempre sostuvieron que ese tema no era “urgente”, desde un rol oficialista se convencieron de la necesidad de hacer ajustes al sistema político.
Aunque fórmulas hay varias, desde el PC a los republicanos hay un diagnóstico compartido en que la fragmentación de partidos y grupos parlamentarios es un problema para la acción del Ejecutivo y del Congreso, ya que otorga un poder desmesurado a sectores no alineados o independientes, en desmedro de las grandes coaliciones.
“Nuestro sistema político muestra falencias por su enorme dispersión. Ello hace más difícil la gobernabilidad y la construcción de acuerdos con el Parlamento. En el Congreso tenemos iniciativas que buscan mejorar estos aspectos y esperamos que concluyan pronto su tramitación y sean ley”, comentó a La Tercera el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), quien como senador también fue autor de algunas iniciativas en este campo.
Para abordar esta problemática, desde la derecha se conformó una mesa técnica para afinar propuestas que van desde reducir escaños parlamentarios hasta regular herramientas que dan poder a grupos minoritarios o que apuestan por la polarización.
“Debemos hacernos cargo de la fragmentación del Congreso. Revisar el número de diputados, la extensión de los distritos y los pactos electorales es fundamental. Además, seguiremos impulsando los cambios en lo relativo a las acusaciones, que esperamos cuenten pronto con la urgencia del gobierno”, comentó el jefe de los diputados RN, Diego Schalper.
“El sistema político requiere cambios profundos que terminen con la fragmentación extrema que tenemos hoy y la mala calidad de la política. Es importante rebajar la cantidad de parlamentarios, bajar la cantidad de parlamentarios electos por distritos y aumentar el número de distritos, de manera que sean más pequeños y que exista una mayor cercanía de las personas con sus representantes”, comentó la diputada Constanza Hube (UDI).
Esta incipiente agenda política también se engrosaría con el anuncio presidencial de una reforma para reducir ministerios. Si bien en su cuenta pública el mandatario la incluyó dentro de su eje de reconstrucción económica y fiscal, tiene una implicancia política si se llega a modificar el diseño del centro de gobierno (los ministerios de La Moneda).
Reformas casi listas
En el Congreso, además, ya hay dos reformas en estado avanzado, que vienen desde la administración de Gabriel Boric. El problema es que el gobierno de Kast, hasta la semana pasada, las mantenía en el congelador.
La razón para no dar prioridad a estas reformas era básicamente que no calzaban en el relato gubernamental de las tres emergencias en materia social, económica y de seguridad.
Una de las reformas congeladas era la que buscaba “promover la gobernabilidad y la representatividad”, que fue impulsada por el exministro de las carteras del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS).
Aquella propuesta fortalece a los comités parlamentarios y eleva restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos, además de los requisitos para candidaturas independientes. Si bien la reforma fue apodada en su momento como una nueva “ley antidíscolos”, en el trámite se le borró la principal herramienta que impedía que parlamentarios se cambiaran de bancada.
No obstante, el efecto más apremiante para las tiendas políticas, incluso las grandes, no solo las pequeñas, es que tendrán un plazo de aproximadamente dos años para actualizar sus cifras de militantes, tarea que siempre ha sido tortuosa.
Esta iniciativa está en un 99% aprobada por la Cámara y el Senado, con un consenso amplio en casi todos sus temas. Sin embargo, hay un detalle relacionado con una nueva exigencia para la declaración de principios de los partidos, que buscaba condenar la violencia. El punto fue rechazado transversalmente y derivado a una comisión mixta para hacer una nueva redacción concordante con la Constitución. En caso contrario, corría riesgo de ser eliminada por el Tribunal Constitucional.
Los integrantes de la comisión mixta que deberá proponer el nuevo texto, exclusivamente en ese punto, ya están nombrados y ahora solo dependen de que la presidenta de la instancia, la senadora Danisa Astudillo (PS), los convoque, posiblemente la próxima semana. Una vez resuelta la nueva redacción, la propuesta debe votarse directamente en las salas de la Cámara y el Senado.
Alto quórum
La otra reforma avanzada es la que crea un “umbral” para que los partidos puedan tener representación en la Cámara. Si no logran un mínimo de cuatro parlamentarios o un 5% de los votos, el candidato presuntamente electo de aquella colectividad no puede asumir y el escaño se entrega a otro postulante de la misma lista, cuya tienda sí haya logrado el “umbral”.
Esta reforma que modifica la Constitución, además castiga con la pérdida del escaño al parlamentario que renuncie a su partido o su comité.
La iniciativa ya fue aprobada por el Senado con fuerte resistencia del PC y el Frente Amplio, y hoy espera su momento para ser puesta en debate en la sala de la Cámara. En todo caso, también genera rechazo en ciertos partidos nuevos de derecha y en otras tiendas pequeñas de la izquierda.
Si bien uno de sus promotores, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), tiene la facultad para poner en debate esta reforma, su alto quórum (89 diputados) obliga a construir un consenso antes de llevarla a la tabla.