WASHINGTON.- Luego de que se revelara que el capitán de la remolcadora que provocó la tragedia náutica en Miami Beach en la que falleció Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, recibiría un año de prisión tras declararse culpable de homicidio involuntario, el Departamento de Justicia norteamericano difundió nuevos detalles del acuerdo que Yusiel López Insúa alcanzó con la fiscalía.
“Insúa operaba un remolcador que empujaba una enorme barcaza con la visibilidad obstruida. No asignó a ningún vigía y utilizó su teléfono celular mientras navegaba. Admitió que su incumplimiento delictivo, al no seguir las normas básicas de seguridad marítima, causó esta colisión mortal”, señaló el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, en un comunicado difundido este jueves, en el que resaltó que el accidente fue “una tragedia que nunca debió haber ocurrido”.
El episodio ocurrió el 28 de julio del año pasado. La barcaza impulsada por el remolcador que operaba Insúa cerca de la isla Hibiscus colisionó con un velero de un campamento juvenil en el que navegaban Mila Yankelevich, de 7 años; Erin Ko, de 13, y Arielle Buchman, de 10, quienes murieron. También estaban embarcadas Calena Areyan Gruber, de 7 años, otra menor y una instructora de 19 años, quienes sobrevivieron al accidente.
Según los registros judiciales, Insúa, de 46 años y residente en Miami, operaba un remolcador de 25 pies que empujaba una barcaza de construcción —de 108 pies de eslora, 28 pies de manga y 149 toneladas de arqueo bruto— a través de la Bahía Biscayne. La barcaza, cargada con escombros de construcción, tenía la visibilidad frontal obstruida por una caseta de cubierta y una grúa, y no se había asignado a ningún miembro de la tripulación como vigía, reportó el Departamento de Justicia.
Insúa se declaró culpable del delito de “homicidio involuntario cometido por un marino” y se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión federal. “Un juez de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las directrices federales para la imposición de penas y otros factores legales pertinentes”, señaló el Departamento de Justicia en la nota.
Según registros judiciales consignados por el diario Miami Herald, luego de que Insúa admitiera su responsabilidad en la tragedia para evitar el juicio la fiscalía recomendó que cumpla una condena reducida de un año de cárcel y seis meses de arresto domiciliario como parte del acuerdo.
“Dado que la visibilidad frontal de Insúa estaba obstruida y no se había asignado a ningún vigía, no vio el velero, con una coordinadora y cinco niños, detenido al quedarse sin viento en la trayectoria del remolcador antes de que la barcaza pasara por encima de él, sumergiéndolo bajo el casco de la embarcación", señaló el reporte oficial.
Un análisis forense del celular de Insúa reveló actividad en Internet mientras el remolcador estaba en marcha, incluso en el momento de la colisión o poco antes, detallaron las autoridades. En el documento de acusación del 31 de marzo, los fiscales indicaron que el celular de López Insúa estaba desbloqueado en el puente de mando y que él se encontraba navegando por plataformas de comercio electrónico, incluso en el momento de la colisión.
“Él se siente pésimo por el dolor y la pérdida inimaginables que sufrieron las tres familias que perdieron a sus tres hijas, que eran muy pequeñas", declaró Walter Reynoso, abogado de Insúa, tras la audiencia del martes, en diálogo con NBC Miami. Insúa salió de la sala del tribunal de la mano de su esposa y no quiso hacer comentarios.
Los padres de Mila, Tomás Yankelevich y Sofía Reca, demandaron en febrero a la empresa Waterfront Construction, propietaria de la barcaza que colisionó con el velero, por “muerte por negligencia”. La nieta de Cris Morena se encontraba por entonces en un campamento de verano del Miami Yacht Club en Watson Island.
“La trágica pérdida de vidas en este caso es un recordatorio solemne de por qué la Guardia Costera de Estados Unidos permanece vigilante cada día. Desde inspecciones e investigaciones hasta operaciones de búsqueda y rescate, educación, divulgación y colaboración entre todos los niveles de gobierno, nuestra misión es clara: garantizar que cada embarcación que opere en nuestras aguas sea segura, cumpla con la legalidad y esté preparada”, afirmó el capitán Frank J. Florio, del Sector Miami de la Guardia Costera (USCG, por sus siglas en inglés).
“Este caso demuestra la importancia crucial de una sólida colaboración entre agencias federales, estatales y locales”, señaló, por su parte, el agente especial a cargo, Joshua Packer, del Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS) de la región sudeste. “Gracias al trabajo conjunto, logramos que se rindieran cuentas y se hiciera justicia en este trágico caso”, añadió.
El caso es investigado por el CGIS, el Sector Miami de la USCG y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés). Los fiscales federales adjuntos Michael Gilfarb y Daniel Rosenfeld, junto con el fiscal federal adjunto especial Tanner Stiehl, están a cargo de la acusación.
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