La prensa marroquí concentra estos días su cobertura sobre España en tres frentes que se retroalimentan: la reivindicación de soberanía sobre Ceuta y Melilla, la exigencia de devolución de los menores no acompañados y la amenaza de suspender el acuerdo de extradición bilateral. Todo ello dos semanas después -pero aún en caliente- de la mayor crisis migratoria que ha vivido España, cuando unas 80.000 personas cruzaron irregularmente a Ceuta el 30 y 31 de julio.
El diario Al-Sabah, una de las principales cabeceras del país vecino, informa de que las fuerzas de seguridad marroquíes refuerzan los controles entre Tánger y Tetuán ante el temor a “una nueva ola de migración irregular hacia la Ceuta ocupada”. El periódico titula la noticia ‘Hacinamiento entre Tetuán y Tánger debido al endurecimiento de las medidas de seguridad’ y la ilustra con imágenes de carreteras colapsadas. Según Al-Sabah, la congestión responde a dos factores simultáneos: la afluencia de veraneantes a la región norte del país y el despliegue de seguridad ante el llamamiento en redes sociales para repetir el cruce masivo este sábado.
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La expresión “Ceuta ocupada” no es un desliz. La prensa oficialista marroquí la emplea con regularidad y refleja la posición histórica de Rabat, que desde su independencia en 1956 considera los dos enclaves como territorios bajo administración española. El portal Le360, considerado portavoz oficioso de la monarquía alauí, se refiere a Ceuta y Melilla como “ciudades ocupadas” y “anomalía geopolítica”, y llega a preguntarse cuántos “dramas humanos” habrá de lamentar hasta su “reintegración en su entorno natural, Marruecos”.
Ese relato encuentra su expresión institucional en el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, que en una entrevista a la televisión saudí Asharq News afirmó que la cuestión de la soberanía de Ceuta y Melilla “sigue sobre la mesa” en cada reunión con representantes españoles. “Nos seguimos aferrando a nuestras tierras”, declaró el ministro. La respuesta española lleva el nombre de Margarita Robles, ministra de Defensa, la que más claro ha hablado en el Gobierno: “Ceuta y Melilla son españolísimas y no se tocan”. Sus palabras están en las portadas en Marruecos. Su compañero de Exteriores, José Manuel Albares, zanja que la integridad territorial de España “no ha sido ni será discutida con nadie”.
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En una segunda entrevista, esta vez a la agencia EFE, Ouahbi intensificó la presión diplomática y anunció que Rabat estudia suspender el acuerdo de extradición con España. El ministro alega que cuando Marruecos reclama a una persona detenida en territorio español, las autoridades marroquíes envían agentes para hacerse cargo de ella y, en ocasiones, la entrega no llega a producirse. “Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega o de repatriación, podemos suspender estos acuerdos”, amenazó. De materializarse, la medida tendría consecuencias directas en la cooperación judicial contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
Ouahbi critica también que España “acepta y regulariza” a personas que llegan irregularmente mientras Marruecos trata de frenar su salida: “Lo que nos agota es que, cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes”.
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Otro eje de la cobertura marroquí son los menores no acompañados. La prensa del país norteafricano instala la narrativa de que España retiene a miles de niños marroquíes contra su voluntad. El propio Ouahbi exige su devolución: “Queremos que nos devuelvan a todos nuestros niños. Se acerca el inicio del curso escolar y deben regresar a sus escuelas”. El ministro denuncia además, sin aportar datos concretos, que han recibido “denuncias de violaciones y agresiones” contra esos menores en Ceuta.
La realidad sobre el terreno es otra: organizaciones como Save the Children alertan de que unos 2.500 menores sobreviven sin protección en las calles de la ciudad autónoma, sin acceso a alojamiento ni a servicios básicos. Los datos históricos tampoco respaldan el relato de Rabat: entre 2018 y 2024, de los cerca de 28.000 menores extranjeros no acompañados acogidos en España, solo 41 fueron repatriados a sus países de origen, según la Fiscalía. La causa no es únicamente española: los propios menores manifiestan su deseo de no regresar y Marruecos tampoco ha cumplido con los trámites legales que los retornos exigen.
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Pese al tono de presión, Ouahbi califica a España de país “amigo” y se muestra dispuesto a “elaborar un plan” conjunto para “resolver definitivamente el problema migratorio”, incluso mediante nuevos acuerdos bilaterales. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, resta alcance a las declaraciones sobre soberanía, elogia la cooperación marroquí en el control migratorio y asegura que España está “preparada” para evitar una nueva entrada masiva este 15 de agosto o en cualquier otra fecha.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Marruecos confirma la detención de “un grupo de personas” por difundir los llamamientos a cruzar la frontera, y en las playas de Castillejo, desde donde partieron al mar cientos de personas hace dos semanas, las autoridades marroquíes instalan barreras metálicas y concertinas.
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