Actualizado Miércoles, 26 agosto 2026 - 01:58
Un aumento del 900%. Es lo que están registrando los juzgados de Ceuta, en cuanto a delitos denunciados, desde la entrada ilegal de 80.000 magrebíes y subsaharianos en los pasados días 30 y 31 de julio: las denuncias ante los juzgados, según ha podido saber EL MUNDO, se han multiplicado así por diez tras el Gran Salto y con los en torno a 10.000 migrantes que malviven en las calles de la ciudad autónoma, en condiciones de absoluta insalubridad, lo que ha llevado al Gobierno a activar la Ley de Seguridad Nacional después de prácticamente un mes negando la necesidad de un mando único que enfrentara la situación, extrema, y usara todos los recursos del Estado para atajarla.
De las 20 denuncias diarias que los juzgados ceutíes solían registrar en los últimos años se ha pasado en los últimos 27 días, según las cifras a que ha tenido acceso este diario, a algo más de 200 cada jornada, lógicamente desbordando la capacidad de gestión del sistema, como está sucediendo en el enclave con el resto de servicios y con la paciencia de los vecinos.
Según el recuento oficial, pues, se han incrementado, sobre todo, los delitos como robos con violencia, robos con fuerza, ilícitos contra la libertad sexual y otros contra el orden público. En concreto se han denunciado 31 delitos contra el orden público en estos 27 días, tales como desobediencia o atentado contra la autoridad.
Desde el 30 de julio se han confirmado además un total de 16 agresiones sexuales denunciadas, y sólo en cuatro de esos casos se habría detenidos a migrantes vinculados a los hechos, según los datos a que ha accedido EL MUNDO.
Llamativamente, la mayor parte de víctimas de estos delitos sexuales son las propias mujeres migrantes que entraron en Ceuta por El Tarajal o bien nadando, a principios del 30 de julio, o ya caminando por la frontera, que los policías marroquíes mantuvieron abierta en determinados momentos del aluvión.
El dato evidencia que la seguridad que el Gobierno local pedía al Estado central no es sólo para los propios ciudadanos legales del enclave, sin también para los recién llegados, como lleva semanas repitiendo, tanto a los medios como en los foros institucionales, el alcalde-presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
Una de las víctimas de estas agresiones sexuales fue en concreto una menor migrante, de 15 años, que denunció una agresión sexual grupal, sin que por el momento se haya podido identificar a los autores, como ha podido recabar este diario. La evolución de las agresiones sexuales y su incremento, tal y como los refieren a este diario responsables policiales, fueron muy rápidas. A 7 de agosto se habían denunciado ya seis agresiones sexuales, con varias menores atendidas por los servicios sanitarios.
El día 12 se contabilizaban ya nueve migrantes enviados a prisión y dos expulsados por delitos cometidos desde el Gran Salto: cinco por atentado contra agentes de la autoridad y tres por agresiones sexuales, una de los cuales incluía penetración a una menor (de estos tres, dos pasaron a prisión provisional y uno fue expulsado). Además, se registró igualmente un investigado por tráfico de drogas, otro por allanamiento de morada y otro por lesiones agravadas.
El 18 de agosto ya eran 11 las menores marroquíes que habían denunciado agresiones sexuales. Y el día 21 la Policía detuvo a un marroquí acusado de agresión sexual por una mujer de 22 años, no consta si española o magrebí, en la ceutí playa de Calamocarro, donde precisamente Vivas ofrecía al Ejecutivo central unos terrenos finalmente no utilizados, según el Real Decreto aprobado este martes, a cuyo borrador ha tenido acceso EL MUNDO.
Otras víctimas de la situación son, como es lógico, los propios miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que comentan a quien les quiera escuchar regularmente la situación de precariedad en que trabajan, siempre expuestos a que cualquier intervención encienda la mecha de una posible situación peligrosa con los migrantes, a los que se les van acabando el dinero y los víveres, y que en definitiva campan a sus anchas por Ceuta sin que las fuerzas del orden puedan más que pastorearlos y pedirles colaboración.
Al igual que Juan Jesús Vivas, no pocos agentes comentan el riesgo constante en que trabajan al tratar con migrantes en situación en extremo desesperada, y que ante la falta de alimento, techo o asistencia sanitaria pueden actuar de maneras impredecibles.
Cuando falta apenas un día para que la situación de crisis humanitaria y de seguridad nacional en Ceuta se asome al abismo de las cuatro semanas sin intervención expeditiva del Estado, aún no existe siquiera un recuento oficial, realizado o bien de forma policial o por los técnicos del Ministerio de Migraciones, sobre cuántas personas duermen al raso y se alimentan como puede en los apenas 20 kilómetros cuadrados de Ceuta.
El Gobierno central emplea habitualmente la cifra de «más de 5.000». Fuentes policiales trasladaron a este diario hace tres días otro recuento: 8.000 personas, distribuidas de la siguiente forma: 2.000 en la playa del Trampolín, 1.500 en las carpas ya dispuestas, 2.500 menores sin control y el resto diseminado por la ciudad. El Gobierno local maneja la cifra de 10.000.