Los estadounidenses perdieron USD 15.900 millones en estafas durante 2025, la cifra más alta jamás registrada, según datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC). El número representó un aumento del 25% respecto a 2024 y casi 430% más que en 2020.
Aunque la dimensión real del problema podría ser mucho mayor, debido a que la FTC estima que las pérdidas reales en 2024 rondaron los USD 200.000 millones —unos 550 millones diarios—, al considerar que la mayoría de las víctimas nunca denuncia por vergüenza.
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El 98% de los adultos en Estados Unidos sospecha haber sido blanco de estafadores, muchos de ellos a diario, de acuerdo con una encuesta de Associated Press con NORC Center for Public Affairs Research. Además, 3 de cada 10 afirman haber perdido dinero o información personal.
Otra investigación conjunta de la agencia AP identificó que, pese a la magnitud del fenómeno, las víctimas tienen escasos recursos legales y en muchos casos terminan sufriendo pérdidas adicionales tras el delito inicial.
Dentro del universo de fraudes, las estafas de suplantación de identidad encabezan el listado desde hace cinco años. En 2025, las pérdidas por esta categoría alcanzaron los USD 3.500 millones, casi el triple de lo registrado en 2020, indicó la FTC.
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Cerca de un millón de personas presentaron denuncias; el 20% perdió dinero, con una mediana de USD 700, aunque algunos casos superaron el millón.
Los estafadores que se hicieron pasar por empresas obtuvieron USD 1.000 millones, con las pérdidas más altas atribuidas a quienes fingieron ser representantes bancarios.
Una de las modalidades más frecuentes combina ambas formas: el engaño comienza con una alerta falsa de seguridad bancaria y concluye con un supuesto agente federal que instruye a la víctima a mover todos sus fondos “para protegerlos”, incluyendo cuentas de retiro e inversiones.
El crecimiento de las pérdidas está impulsado, en gran medida, por los avances en inteligencia artificial y el uso de criptomonedas.
La IA permite a los estafadores operar a una escala sin precedentes, porque ya no es posible detectar un fraude por errores de ortografía o gramática deficiente, advirtió Amy Nofziger, directora sénior de apoyo a víctimas de la red AARP Fraud Watch Network. “Con las herramientas disponibles para los criminales, pueden hacer que cualquier texto o correo suene 100% correcto”, señaló.
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Por su parte, las criptomonedas dificultan el rastreo y la recuperación de fondos. Las transferencias pueden ocultar la identidad de los involucrados y muchas casas de cambio operan desde jurisdicciones donde las leyes estadounidenses no aplican.
Incluso cuando los investigadores localizan el dinero robado, recuperarlo es casi imposible. Brian Glick, quien perdió USD 575.000, vio cómo el FBI intentó sin éxito que la empresa Tether congelara los monederos vinculados al fraude, ya que los fondos habían sido mezclados con otros en cuestión de horas.
Para muchas víctimas, el daño económico no termina con la estafa. Hasta 2018, las pérdidas por robo o fraude podían deducirse del ingreso imponible, es decir, la ley permitía que el valor perdido sea descontado de impuestos futuros. Esta disposición, hecha permanente en 2025 eliminó esa posibilidad para la mayoría de los fraudes comunes.
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De este modo, quien retiró fondos de una cuenta de jubilación y los perdió ante un estafador puede recibir igualmente una factura del IRS por los impuestos de ese retiro.
Susan Bivins, enfermera retirada, fue engañada para enviar más de USD 200.000 a alguien que se hacía pasar por un agente federal. Ni el FBI ni la policía local intervinieron. Luego llegó la factura del IRS por el valor de USD 80.000. Vendió su casa y aún paga la deuda vendiendo productos artesanales.
Los bancos tampoco suelen actuar como red de contención. Bajo la legislación actual, las instituciones financieras rara vez son responsables por transacciones que el propio cliente autorizó, aunque haya sido mediante engaño.
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El 29 de junio de 2026, los representantes Max Miller (Ohio) y Tom Suozzi (Nueva York) presentaron la Tax Relief for Fraud Victims Act (H.R. 9500). La iniciativa propone restablecer la deducción de pérdidas por robo en casos de fraude y extender los plazos para reclamar reembolsos impositivos.
También contempla eximir de la penalización habitual del 10% a los retiros de cuentas de jubilación vinculados a estafas. Kathy Stokes, de AARP, instó al Congreso a actuar en favor de víctimas “atrapadas con una deuda que no merecen”. “Esencialmente están siendo revictimizadas por el gobierno de Estados Unidos”, señaló.
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De acuerdo con una revisión de Gallup, 8 de cada 10 estadounidenses consideran que el gobierno federal no hace lo suficiente para protegerlos.
El contraste con otros lugares es marcado: el Reino Unido, la Unión Europea, Australia y Singapur ya cuentan con marcos que obligan a bancos y plataformas digitales a asumir parte de la responsabilidad y, en algunos casos, a reembolsar a las víctimas.
En Estados Unidos, al menos 13 agencias federales intervienen en distintos aspectos del problema sin una estrategia coordinada ni una definición común del delito.