Ha sido sorprendente cómo el episodio que dio lugar a la remoción del exsubsecretario de Hacienda -luego de que un examen de pelo diera positivo al consumo de drogas, cuestión que ha sido duramente rebatida por el exfuncionario, mediante la realización de otros tests privados que no arrojaron rastros de consumo-, terminó escalando hasta transformarse en un serio problema político para el gobierno. El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, entró en una abierta pugna con el ministro del Interior así como con el subsecretario de la cartera -incluso insinuando que este último debería dejar su cargo-, en tanto que el propio ministro de Hacienda ha defendido la gestión del exfuncionario, no ocultando su deseo de que sea reintegrado.
Aunque el roce entre las autoridades ha ido bajando de tensión en estos últimos días, dicho episodio ha dejado a la vista una serie de problemas en La Moneda para poder procesar situaciones complejas. Desde luego, ha quedado a la vista lo mal que el gobierno manejó este caso, solicitando la remoción sin esperar los resultados de una contramuestra, generando un evidente daño para la reputación del funcionario afectado, y dando cuenta de protocolos frágiles respecto de una materia altamente sensible, tomando en cuenta el zigzagueo de versiones sobre la reincorporación. Pero desde el punto de vista político también han quedado al desnudo los problemas que hay entre el gobierno y los partidos que lo sustentan para impedir que situaciones acotadas terminen escalando hasta convertirse en pugnas públicas. Es llamativo que en la misma semana que el gobierno del Presidente Kast y los partidos oficialistas lograron un significativo triunfo político luego de que se terminara de aprobar en el Congreso la Ley de Reconstrucción Nacional, dicha conquista en cierto modo fue empañada por esta polémica, lo que deja abierta la interrogante de cómo se manejarán eventuales conflictos de mayor envergadura que puedan surgir en el futuro.
Esta controversia también debería resultar aleccionadora para el gobierno respecto de los riesgos que supone dejarse llevar por el “principismo”, es decir, establecer reglas y estándares que en el plano teórico lucen bien y son consistentes con un ideario moral, pero que su puesta en práctica reviste una serie de complejidades y matices que, al no ser atendidas apropiadamente, pueden terminar convirtiéndose en un verdadero disparo en los pies. Es razonable que el gobierno haya querido dar la señal desde el inicio del mandato que no hay espacio para que altos funcionarios del Estado aparezcan como consumidores de droga, no solo atendiendo a los principios de probidad que obliga la Constitución y la ley, sino además porque se estima que un funcionario expuesto al consumo de drogas, además de poder afectar el apropiado desempeño de sus funciones, puede quedar expuesto a la extorsión.
Pero esas definiciones deben armonizarse con otros principios, como es el respeto a la honra, asegurar el debido proceso -que supone que las personas tengan instancias de defensa-, que las sanciones sean proporcionales al daño causado y que existan criterios precisos sobre qué conductas derechamente dan pie para la aplicación de las máximas sanciones -en este caso la destitución- y cuáles podrían considerase como menos graves. El episodio del subsecretario reveló que estas consideraciones no estaban bien aquilatadas en los estándares que el gobierno había fijado respecto del consumo de sustancias ilícitas -donde parecen primar criterios absolutos, sin distinguir qué es un consumo problemático respecto de algo ocasional-, lo que debería ser una oportunidad para perfeccionar las normas y los criterios que se aplicarán.
Como respuesta a este incidente el Presidente de la República acaba de ingresar una reforma constitucional que incorpora una nueva causal de pérdida del cargo e incompatibilidad por detección de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilícitas respecto de una serie de altas autoridades, partiendo por el Presidente de la República, pero también incluyendo a senadores, diputados, ministros, subsecretarios, fiscal nacional y regionales, altos magistrados, comandantes en jefe, gobernadores, alcaldes, concejales y varios otros. Un examen al contenido de dicha propuesta revela que al parecer no se han asimilado suficientemente los problemas que quedaron a la vista a raíz del caso del subsecretario de Hacienda, con el agravante de que podrían dar pie a la expulsión de autoridades que incluso han sido electas, partiendo por el propio jefe de Estado.
Es cierto que la propuesta presidencial de algún modo busca unificar las varias leyes que tratan sobre inhabilidades de una serie de altas autoridades en cuanto al consumo de drogas, así como los exámenes para testear el consumo, intentando fijar un solo criterio, pero siguen en pie una serie de interrogantes. Más allá de que la propuesta establece que habrán de dictarse una serie de normas para aterrizarla, se sigue observando un criterio absoluto, sin matices, en la forma de entender el consumo de drogas. Si en definitiva se insiste en criterios tan estrictos de que el riesgo de un consumidor de estupefacientes es que no haga bien su trabajo o quede expuesto a la extorsión, cabe preguntarse por qué no se incluyen otras conductas que pueden ser igualmente problemáticas, como la adicción al juego, el consumo de alcohol, la prostitución u otras.
Por ello es indispensable que las normas que posteriormente complementarán esta reforma consideren criterios graduales y, más que “principismos”, el criterio rector sea que un consumo problemático debe quedar mucho mejor regulado, con más filtros y etapas, no bastando un mero examen. Obviar estos indispensables resguardos y decretar la cesación sin más del cargo incluso expone a las propias autoridades a la posibilidad de ser objeto de actos deliberados de terceros para perjudicarlos -en el extremo, cabía imaginarse qué ocurría ante la posibilidad de que el café del Presidente sea intencionalmente contaminado para que dé positivo en el examen-, lo que lleva nuevamente a alertar sobre los riesgos de lanzar propuestas sobre la marcha, no bien meditadas, como parece ser el caso de esta propuesta del Mandatario, y que obligarán a un cuidadoso análisis durante su tramitación legislativa.