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Salvador Illa se acerca a la mitad de su mandato en la Generalitat y si por alguna cosa se ha caracterizado su discurso es por primar la gestión del Govern por encima de cualquier otra consideración identitaria. Catalunya necesita mejorar en muchos aspectos y hay una larga lista de temas pendientes que están en la mente de todos: vivienda, transporte, infraestructuras, sanidad, servicios sociales y educación, entre otros. Lo que se le pide a Illa no es que haga milagros y resuelva todas estas cuestiones en un plis plas, sino que siente las bases de las reformas necesarias y se cambie la tendencia de los últimos años, donde la atención de los gobiernos de la Generalitat se ponía más en alcanzar la independencia que en resolver el día a día de la autonomía.
Ha habido avances en algunos aspectos que estaban paralizados, como la ampliación del aeropuerto de El Prat o la B-40, los proyectos hospitalarios del Clínic o del Josep Trueta, y también hay
que valorar positivamente el aumento de la plantilla de Mossos de hasta 25.000 agentes o el de 200 juzgados. La lista se puede hacer más larga, sin obviar que uno de los grandes logros será si se confirma la mejora del sistema de financiación.

Pero lo que no es admisible es que algunas cosas vayan para atrás. Y en el tema de la educación, no parece que el camino emprendido esté siendo un éxito. Hace justo un año se tuvo que suspender el proceso de adjudicación de plazas de profesorado por diversas irregularidades. Ahora, después de un curso marcado por las huelgas de los docentes en un conflicto que aún no está resuelto, el fiasco del informe PISA debería encender todas las alarmas. Tras los malos resultados obtenidos por Catalunya en el 2022, se deberían haber extremado los controles para mejorarlos. Y lo que ha sucedido es que se ha excluido a alumnos para que el resultado no fuera aún peor. La OCDE informó ayer que el límite de porcentaje de exclusión de alumnos era del 5% y que son raras las que llegan al 10%. En el caso de Catalunya se llegó al 23%. Y lo peor fue que el caso se conoció hace tiempo, pero no se ha divulgado hasta ahora.
Catalunya no puede suspender más en educación. Y el president Illa debe ser consecuente con su discurso de hacer avanzar el país y no hacerlo retroceder.

Director de La Vanguardia desde marzo de 2020. Ha trabajado como redactor en las secciones de Política, Sociedad y Ciudades de La Vanguardia, donde entró en 1992