La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, derivó en un debate en la Comisión Permanente del Congreso, donde el oficialismo lo calificó como el rey del huachicol fiscal e incluso lo vinculó con el Cártel de Tijuana.
En contraparte, la oposición recordó el escándalo de huachicol fiscal del sexenio pasado, donde se señala a exsecretarios, gobernadores, legisladores y exdirigentes de Morena, por lo que calificaron el caso del exgobernador bajacaliforniano como una “cortina de humo”.
Los panistas afirmaron que Ernesto Ruffo es el primer preso político de este sexenio y recordaron que los casos de Rubén Rocha y Enrique Inzunza, señalados por nexos con el Cártel de Sinaloa, se mantienen impunes y sin acciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
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El debate transcurrió con grandes ausencias, principalmente la del coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya. Tampoco estuvo el del PRI, Manuel Añorve, ni mucho menos Alito Moreno. El oficialismo tuvo la baja de Gerardo Fernández Noroña.
El tema lo llevó a tribuna el senador morenista Homero Davis, quien dijo que el caso Ruffo causó “un daño multimillonario a la hacienda del país” y apuntó: “En el México de hoy nadie está por encima de la ley. La justicia no admite privilegios ni distinción de colores”.
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“Exigimos un debido proceso estricto. Que sea la autoridad judicial la que determine las responsabilidades conforme a derecho. Lo que no vamos a tolerar es la doble moral de quienes tras sustentarse como paladines y convertir una investigación judicial en un litigio político”, apuntó.
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Gibrán Ramírez, diputado de Movimiento Ciudadano, expuso que el caso Ruffo muestra que para el oficialismo “si el señalado es adversario, hay conferencia presidencial, condena y escándalo. Y si el señalado pertenece a sus propias redes, entonces aparecen las excusas, los silencios y una presunción de inocencia que nunca conceden a los demás”.
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El actuar de las autoridades en torno a la detención de Ernesto Ruffo, acusado de contrabando, generó polémica en la Comisión Permanente del Congreso. Foto: ANDREA MURCIA. CUARTOSCURO
“Desde Movimiento Ciudadano hemos denunciado uno de los episodios más graves de esta república mafiosa: el huachicol fiscal. Una trama en la que participaron altos mandos de la Secretaría de Marina, una trama marcada por el asesinato del contralmirante que hizo la denuncia inicial y de otros implicados, una trama que involucra a empresarios y funcionarios de alto nivel”, añadió.
“A Ruffo se le señala por su participación accionaria en una empresa y el oficialismo ya prácticamente dictó sentencia desde Palacio Nacional. Pero Enrique Inzunza, vergüenza de este Congreso, y a Rubén Rocha Moya, ejemplo nacional de impunidad, no eran accionistas de una empresa: eran responsables del gobierno de un estado que lleva meses hundido en una crisis de violencia y para ellos sí hay prudencia, para ellos sí hay presunción de inocencia”, dijo.
El diputado federal del PAN, Máximo García López, denunció que Ruffo es el primer preso político del sexenio y no es una casualidad, porque “es curioso” que se da a partir de los audios de la gobernadora de Baja California, donde está dispuesta a entregar información de seguridad nacional.
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Comentó que es una “persecución política”, ya que a Ernesto Ruffo se le trata como prisionero de alta peligrosidad, sin que hasta el día de hoy, corroborado por sus abogados, no hay una sola prueba que pueda incriminarlo.
Recordó que hay señalamientos “específicos, como el exsenador de Morena, Gerardo Novelo, en su terreno, de su propiedad, 8 mil millones de litros de huachicol. El señor está amparado, hay un solo detenido, dónde está eso que ustedes vienen aquí a llenarse la boca, señalando que no hay impunidad. El problema más grave es que no se mide con la misma vara, a la oposición se le trata, se le denigra”.
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Carolina Viggiano, senadora del PRI, indicó que “independientemente de que el tema del exgobernador Ruffo sea o no sea real, nadie les cree y nadie les cree porque han hecho del sistema de justicia un instrumento de persecución política, porque hay una gran impunidad, sea o no sea, merece un justo juicio”.
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