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El intendente de Puerto Libertad, Fernando Ferreira, manifestó su respaldo al reclamo judicial impulsado por el gobernador Hugo Passalacqua para defender la Ley de Tierras y advirtió sobre las consecuencias de la concentración de grandes extensiones rurales en manos extranjeras. Según precisó, esta situación alcanza al 70% de la superficie total de su municipio y representa aproximadamente el 80% de los terrenos útiles.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el jefe comunal consideró fundamental que la sociedad participe en la discusión sobre la propiedad territorial, especialmente después de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional había derogado la Ley 26.737. La medida cautelar no resuelve la cuestión de fondo y fue dictada en una causa diferente del reclamo promovido desde la provincia.
“Creo que es importante que la sociedad toda se involucre en este tipo de defensas”, expresó Ferreira, quien vinculó el debate con la necesidad de preservar la soberanía nacional y mantener los límites establecidos para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Respecto de la reciente resolución del máximo tribunal, sostuvo que todavía existe incertidumbre sobre el desenlace judicial. En ese sentido, consideró que las decisiones de la Corte también deben analizarse dentro del contexto político y de las discusiones nacionales alrededor del DNU.
“Yo creo que los fallos de la Corte Suprema mayoritariamente son fallos políticos antes que jurídicos”, opinó el intendente, quien interpretó la suspensión como una instancia transitoria dentro de una controversia que continúa abierta.
No obstante, aclaró que la medida no modifica directamente la situación de Puerto Libertad, debido a que las principales operaciones de adquisición de terrenos se concretaron antes de la sanción de la normativa de 2011.
La concentración territorial y sus consecuencias
Ferreira explicó que su municipio cuenta con aproximadamente 87.000 a 88.000 hectáreas, de las cuales una proporción considerable pertenece a una misma compañía extranjera. La concentración resulta todavía mayor cuando se consideran únicamente las superficies disponibles para actividades productivas.
“En nuestro caso en particular, tenemos del total de las tierras de Puerto Libertad, que son 87.000 u 88.000 hectáreas, el 70%. Pero de las tierras útiles, el 80%”, detalló.
El funcionario reconstruyó el proceso mediante el cual la empresa Arauco pasó a controlar gran parte de esas propiedades. Según recordó, anteriormente estaban distribuidas entre tres grupos empresarios, lo que permitía negociar con distintos propietarios la posibilidad de desarrollar iniciativas económicas.
“Antes de que se venda y se unifiquen todas las tierras, había tres empresas que eran dueñas de las tierras en Puerto Libertad”, señaló. En aquel momento, las extensiones se encontraban repartidas entre el grupo Bemberg, Pérez Companc y Alto Paraná SA.
Posteriormente, Arauco adquirió las propiedades que pertenecían a esas firmas y concentró la titularidad de una parte importante del territorio municipal.
El intendente recordó que ese proceso también estuvo acompañado por consecuencias laborales. Como ejemplo, mencionó el cierre de un establecimiento maderero que anteriormente empleaba a cientos de trabajadores de la localidad.
“El grupo Pérez Companc tenía un aserradero muy importante en Puerto Libertad, que tenía más de 300 obreros”, indicó. Según relató, después de la adquisición por parte de Arauco, la planta dejó de funcionar y numerosos habitantes perdieron sus puestos.
Cuestionó el escaso impacto en el empleo local
Pese a sus críticas a la concentración de propiedades rurales, Ferreira aclaró que no se opone a la llegada de capitales internacionales. Sin embargo, consideró necesario evaluar cuánto contribuyen esas inversiones al desarrollo económico de las comunidades donde se encuentran asentadas.
“Yo no estoy en contra de que se vendan o que vengan inversiones extranjeras. Absolutamente nadie puede estar en contra de la generación de empleo”, aseguró.
En ese marco, cuestionó que la actividad forestal no tenga una incidencia laboral proporcional a la superficie que ocupa dentro de Puerto Libertad.
De acuerdo con sus estimaciones, Arauco posee unas 62.000 hectáreas en esa jurisdicción, aunque buena parte de sus instalaciones industriales y empresas contratistas funcionan en localidades cercanas.
“La pastera está en Puerto Esperanza, distante a 17 kilómetros. Los contratistas forestales están en Wanda”, explicó, para posteriormente señalar que calcula que entre 50 y 100 habitantes de Puerto Libertad trabajan vinculados a la compañía.
El jefe comunal también comparó el funcionamiento de la explotación forestal con otras producciones agrícolas que requieren mayor participación de trabajadores durante diferentes momentos del año.
“Imagínese que desde que se planta hasta que se cosecha son 12 años”, describió sobre el ciclo de los árboles destinados a la industria.
A diferencia de esa actividad, consideró que cultivos como la yerba mate o el tabaco generan una circulación más frecuente de mano de obra, con consecuencias directas sobre el movimiento comercial y los ingresos familiares.
La preocupación se extiende a otros municipios del norte
Durante la entrevista, Ferreira indicó que la problemática también forma parte de las conversaciones que mantiene con otros jefes comunales de la zona norte, espacio que preside.
Según manifestó, existen propiedades de la misma compañía en localidades como Wanda, Puerto Esperanza, Colonia Victoria, 9 de Julio, Santiago de Liniers, Puerto Piray y Montecarlo, aunque en proporciones menores a las registradas en Puerto Libertad.
El mandatario municipal sostuvo que la disponibilidad de terrenos para otros emprendimientos podría favorecer la instalación de nuevos aserraderos y ampliar las oportunidades laborales.
A su vez, planteó que la discusión adquiere una dimensión estratégica debido a la ubicación fronteriza de Misiones y a la presencia de importantes recursos hídricos.
“Esto me parece que ya es un problema geopolítico, donde el Estado debería resguardar para los misioneros o los argentinos”, sostuvo al referirse a las propiedades situadas cerca de la frontera con Paraguay, los arroyos y las reservas de agua.
Finalmente, Ferreira destacó la posición asumida por Passalacqua y recordó que los intendentes del norte ya habían conversado con el mandatario provincial sobre la necesidad de preservar las restricciones a la extranjerización.
“El gobernador de la provincia alzó la voz en representación nuestra”, afirmó, al tiempo que reconoció el acompañamiento de los legisladores que se pronunciaron a favor de mantener la protección territorial.
Para concluir, consideró que esta discusión debe trascender las diferencias políticas y concentrarse en las consecuencias que podría tener para las próximas generaciones.
“Yo creo que el interés de los misioneros está por sobre todas las cosas, por sobre todos los partidos”, remarcó.