Más de un mes después de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la condena en la causa Vialidad, los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner –Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego– brindan una conferencia de prensa en un hotel porteño para “anunciar una información de relevancia” respecto de la estrategia internacional.
“La sentencia a Cristina es injusta y la imputación fue absolutamente falsa”, comenzó Beraldi su exposición.
“Nunca dejamos de investigar y de buscar las medidas de prueba. El 6 de agosto de este año, en el marco de la causa que se llama Los Cuadernos, una causa también armada contra Cristina Kirchner. Compareció un testigo convocado por la fiscalía, un técnico que se desempeña en la Dirección de Vialidad. Era una base de datos en la que aparecía cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso por el que habían acusado a Cristina. ¿Qué encontramos? Que cuando se hablaba de la utilización de los fondos a Vialidad por el artículo 54 se hizo una inversión de 2000 millones de dólares. A Lázaro Báez se le había asignado el 1% [0,85%] entre el 29 de enero de 2009 al 10 de diciembre de 2015. La información demuestra que lo que se había dicho en la sentencia es falso", argumentó Beraldi. Y agregó: “Frente a este hallazgo, llevamos la prueba a Naciones Unidas”.
Luego tomó la palabra el doctor brasileño Valim, que también defendió a Lula. “Esta prueba marca un giro decisivo en el caso. No hay ningún fundamento fáctico para condenarla”, dijo, y precisó un ranking de empresas que fueron destinatarias de los fondos de Vialdiad durante el período investigado. Según el gráfico, al que accedió LA NACION, el Grupo Austral, de Báez, recibió apenas el 0,85%. “Estos datos ponen a la acusación en una contradicción radical e insostenible. Son datos del órgano de Vialidad, que demuestran que ese grupo empresarial tuvo una participación mínima”, señaló Valim.
Por último, tomó la palabra el español Borrego, que dijo que se condenó a Cristina “porque estorbaba”. El abogado español, además, cuestionó el párrafo de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. “Le dedicaron apenas 11 líneas. Querían quitar de la escena política a una expresidenta”, dijo.
Beraldi es el abogado que llevó la defensa de la expresidenta en la causa Vialidad, mientras que Valim y Borrego se sumaron recientemente al equipo de abogados en tren de encarar la presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El futuro electoral
Con la “comunicación individual” presentada el 29 de julio, la exmandataria apunta a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales de 2027, en medio de la cruda interna que atraviesa el peronismo. En rigor, una de las medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional reclama que se le levante la inhabilitación para poder competir el año próximo.
Es que Cristina Kirchner fue condenada en el caso Vialidad a seis años de prisión –que cumple de forma domiciliaria en su departamento de San José 1111– y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó la última queja de la defensa.
Además del intento de revertir la inhabilitación, la presentación incluye otras dos medidas cautelares que pretenden relajar las condiciones de la prisión domiciliaria y modificar la composición de la Corte con el argumento de que no puede tener solo tres jueces.
La resolución final del Comité adopta la forma de una “recomendación” al Estado. Para el equipo de abogados de la expresidenta, una decisión de ese tipo sería constitucionalmente vinculante, aunque la Corte Suprema ha tenido pronunciamientos previos en los que señaló que los organismos internacionales no constituyen “una cuarta instancia de revisión”.
El anuncio de las novedades respecto de la presentación en Naciones Unidas llega un día después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento donde cumple su condena e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.
En la conferencia de prensa pasada, Beraldi señaló que la Justicia condenó a “una persona inocente” por un delito que “de ningún modo pudo cometer”, mientras Borrego consideró que en el proceso hubo “tantísimas violaciones y arbitrariedades”.
El brasileño Valim, profesor universitario especialista en “lawfare”, participó de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien acudió al mismo Comité en 2016 tras su condena por corrupción. Su presentación fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión. No obstante, la decisión llegó cuando la sentencia en su contra ya había sido anulada por la justicia de Brasil.
Por su parte, el español Borrego es exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Participó de un congreso organizado por Vox –en el que protagonizó una polémica al simular ser una mujer llamada “Francisca Javiera”– y presentó un escrito contra la inhabilitación electoral de Marine Le Pen, dos referencias de la ultraderecha europea.
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