La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) afrontará este viernes una reunión con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para trasladarle su rechazo al Índice de Potencial de Propagación de Incendios (IPP), cuya aplicación, según denuncian, está impidiendo el desarrollo normal de la campaña de la cosecha en la provincia.
Además, la próxima semana mantendrán encuentros con representantes del PSOE, PP y Vox para exponer la situación del sector y reclamar cambios en la normativa.
La reunión con la titular de Desarrollo Sostenible llega después de una nueva concentración celebrada este jueves a las puertas de la sede de APAG, donde agricultores y representantes del sector volvieron a mostrar su oposición al IPP con pancartas en las que podía leerse el lema 'IPP, Incompetencia Política Permanente'.
El presidente de APAG, Juan José Laso, ha asegurado que los agricultores buscan que “desaparezca” este índice y que se sustituyan sus criterios por los de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al tiempo que ha reclamado que la maquinaria agrícola quede excluida de las actuales restricciones de la resolución de prevención de incendios.
“Llevamos este mes de julio más de diez días sin poder cosechar. Esto no ha pasado nunca ni en esta provincia ni en el resto de España”, ha afirmado Laso, quien ha sostenido que Guadalajara es “la única provincia” donde, a su juicio, estas limitaciones están impidiendo desarrollar la campaña con normalidad.
También ha explicado que, en condiciones normales, a estas alturas del mes la cosecha debería encontrarse entre el 90 y el 95% de ejecución, mientras que actualmente “estamos en un 50%”. A su entender, este retraso no solo provoca pérdidas económicas, sino que incrementa el riesgo conforme avanza el verano, ya que “cada día que se retrasa la cosecha el campo se vuelve más seco”.
Asimismo, ha insistido en que trasladarán estos argumentos a la consejera con la expectativa de que “entre con sentido común” y atienda las demandas del sector.
Posibilidad de movilizaciones
De no producirse avances, ha advertido de que las movilizaciones continuarán y podrían trasladarse nuevamente a las carreteras cuando se decreten jornadas con IPP extremo.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores de Máquinas Cosechadoras (Atamaco), Félix Andrés, ha cuestionado el funcionamiento del IPP, al considerar que es un sistema “manipulable” que, según ha dicho, “no acierta” en la valoración del riesgo y ha reclamado igualmente su eliminación.
Andrés ha cifrado entre 500 y 700 euros diarios el coste que supone mantener parada una cosechadora, una situación que, según ha explicado, repercute directamente en la rentabilidad de las explotaciones y de las empresas de maquinaria agrícola.
Además, ha señalado que las medidas alternativas previstas por la Junta requieren un personal del que muchos profesionales carecen, lo que dificulta su aplicación. “Cada vez que tengo que parar me supone entre 500 y 700 euros. Es tiempo que no facturo y que no me repercute”, ha manifestado.
Durante la concentración también han participado agricultores afectados por las restricciones. Neli ha lamentado que las limitaciones estén alterando la organización habitual de la campaña y rechaza que se responsabilice de forma generalizada a la maquinaria agrícola del origen de los incendios, mientras que Joaquín ha defendido que sean los propios profesionales quienes determinen cuándo existen condiciones para cosechar y ha expresado su preocupación por las consecuencias que estas restricciones pueden tener sobre la cobertura de los seguros agrarios.
Según APAG, el objetivo de las reuniones previstas con el Gobierno regional y con los grupos políticos es lograr una modificación del actual sistema de restricciones para permitir el desarrollo de la campaña de siega sin las limitaciones derivadas del IPP.