Con la publicación este viernes en el BOE de la ampliación de la vida de la central de Almaraz hasta junio de 2030, el Ministerio para la Transición Ecológica ha insistido en que esta prórroga no trastoca el calendario de cierres del resto de plantas nucleares en España. Sin embargo, distintas voces advierten de los posibles efectos en cascada que este cambio de planes puede tener sobre las otras instalaciones atómicas de generación eléctrica que quedan en España.
En la actualidad, en el país siguen en funcionamiento siete reactores repartidos por cinco centrales nucleares. La prórroga para las unidades I y II de Almaraz (en Cáceres) hace ahora coincidir el nuevo plazo de cierre en 2030 con la desconexión prevista ese mismo año de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). A estas les deben seguir Ascó II en 2032, y luego Vandellós (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) en 2035. Así queda en teoría el calendario de cierre de todos los reactores. Aunque, como ya se ha comprobado con Almaraz, una cosa es lo que diga la planificación, y otra lo que finalmente se decida.
Para José Luis García, especialista en energía de Greenpeace España, el cierre escalonado de centrales nucleares que pactaron en 2019 las empresas eléctricas con Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, ha saltado por los aires. “Llevamos tiempo advirtiendo de esto, no era solo Almaraz. Con la prórroga, aunque se diga que solo son estos dos reactores, hay que cerrar cuatro gigavatios de golpe en 2030″, destaca el ecologista. Por eso teme que el cierre simultáneo de cuatro reactores a la vez ese año (Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes) sea utilizado como pretexto para forzar nuevas prórrogas nucleares, “bloqueando indefinidamente la transición energética”. “Por parte de las eléctricas, esto no se va a quedar aquí. Y, por parte del Gobierno, si tiene la misma credibilidad que han tenido hasta el día de hoy, evidentemente, no hay ninguna esperanza de que se cumpla el calendario”, recalca García.
En los mismo términos se expresa, Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, también muy enfadado con la prórroga otorgada por el Gobierno a la planta de Almaraz, amparándose en el nuevo contexto energético internacional y la volatilidad del precio del gas derivada de la crisis en Oriente Próximo. “Esto es la constatación de un error de cálculo de política energética, el inicio del reconocimiento de un fracaso”, destaca.
Según el representante de las renovables, no se trata solo de la complejidad de desmantelar de golpe cuatro reactores, sino de todo lo que supone esto en planificación y en cambio de la estructura de la oferta. “Aparte de incumplirse, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ha quedado obsoleto”, incide Ferrando. “Si no se puede desconectar Almaraz I y II en 2027 y 2028, ¿cómo va a ser posible cerrar cuatro reactores a la vez en 2030?″, pregunta.
Para el presidente de la Fundación Renovables, las cuatro desconexiones fijadas para dentro de cuatro años generan muchas complicaciones en cuestiones técnicas y son un freno para el avance de las energías limpias, que ya registran vertidos de electricidad por exceso de generación. Por ello, también sospecha que el Ministerio para la Transición Ecológica no pueda cumplir su compromiso de que se vaya a seguir con el mismo calendario de cierres. “Yo no me lo creo y dudo que ellos se lo crean”, subraya.
Sobre la capacidad para gestionar varios desmantelamientos a la vez, el Ministerio para la Transición Ecológica incidió este viernes en que los procesos de desmantelamiento duran “entre 10 y 15 años”, por lo que de todos modos se iban a solapar. Asimismo, aseguró que Enresa ya se está preparando para hacer frente al calendario de cierre nuclear y que ahora tiene cuatro años para ajustar su cronograma.
Pero para Greenpeace, estos argumentos no despejan las dudas sobre el calendario de cierre, sino todo lo contrario. La organización ecologista, que criticó que la prórroga a Almaraz se hiciera pública a mediados de agosto, asegura que esta decisión del Gobierno es “un error histórico que demuestra que en este país sigue mandando el mismo oligopolio energético de siempre”. Los ecologistas consideran que el nuevo plazo de 2030 asesta “un golpe mortal” a la transición energética “en un contexto en el que el cambio climático ya está aquí y nos va la vida en ello”.