La sequía asociada al fenómeno de El Niño representa un duro golpe para los hogares que subsisten de la agricultura y que han perdido sus cosechas. Si actualmente se proyecta que 3.2 millones de guatemaltecos están en inseguridad alimentaria, la cifra aumentará conforme pasen los meses.
Iván Aguilar, gerente humanitario de Oxfam en Centroamérica, advierte que si no se adoptan medidas de forma rápida y a escala suficiente para atender a la población vulnerable y en pobreza, en el segundo trimestre del 2027 podríamos ver el punto más crítico de una crisis alimentaria similar a la ocurrida durante la pandemia del covid-19.
¿En Guatemala se ha actuado tarde para prever y evitar la crisis alimentaria que estamos viviendo por el fenómeno El Niño?
Los pronósticos sobre una posible intensificación de El Niño existían desde el 2025, pero a partir de abril del 2026 hubo mayor certeza sobre la probabilidad de un evento severo. Desde ese momento existía una ventana de oportunidad para impulsar acciones anticipatorias orientadas a proteger a los hogares más vulnerables antes de que se materializaran las pérdidas agrícolas.
Las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno son importantes, pero muchas pudieron ponerse en marcha meses antes para reducir el impacto actual. Por ejemplo, se pudo ampliar la cobertura del seguro agrícola, que actualmente beneficia a una proporción muy limitada de pequeños productores. Se pudo reforzar y planificar con antelación los programas de protección social y transferencias monetarias para apoyar a las familias que hoy enfrentan pérdidas de cultivos destinados al autoconsumo.
En emergencias de este tipo, la anticipación es más efectiva y menos costosa que la respuesta tardía.
Hay 3.2 millones de guatemaltecos en inseguridad alimentaria. ¿Hay riesgo de que la cifra aumente?
Sí, existe un riesgo significativo de aumento durante los últimos meses del 2026 y, especialmente, durante el primer semestre del 2027.
Lo que diferencia esta sequía de otros episodios recientes es su magnitud y extensión territorial. No estamos hablando de pérdidas localizadas, sino de afectaciones en amplias zonas productivas del país. Esto tiene un efecto acumulativo: disminuye la producción agrícola, reduce las oportunidades de empleo rural y presiona al alza los precios de los alimentos.
A ello se suma el incremento de otros costos, como el transporte y los combustibles, que terminan trasladándose a los consumidores. Si no se implementan medidas de protección social y apoyo a los medios de vida de manera oportuna, veremos un deterioro progresivo de la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables.
¿Cuándo podría registrarse el mayor pico de esta crisis alimentaria?
El período más crítico podría darse entre marzo y agosto del 2027, coincidiendo con la época de mayor escasez estacional y con el agotamiento de las reservas alimentarias de muchos hogares afectados por las pérdidas de cosechas.
Es importante aclarar que Guatemala ya enfrenta una situación preocupante. Los datos actuales muestran que alrededor de 3.2 millones de personas tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada, una cifra cercana a los niveles observados durante la crisis derivada de la pandemia en el 2021.
Hay un riesgo real de que aumenten los niveles de inseguridad alimentaria severa y que se deterioren indicadores nutricionales, especialmente entre la niñez menor de cinco años, si no se implementan respuestas oportunas y suficientes.
¿Qué acciones debería priorizar el Gobierno para apoyar a los hogares que perdieron sus cosechas?
En el corto plazo, las transferencias monetarias constituyen una de las herramientas más eficaces para proteger a las familias afectadas. Permiten que los hogares decidan cómo cubrir sus necesidades más urgentes, ya sea alimentación, salud, educación o transporte para acceder a oportunidades de empleo.
Además de ser más flexibles, suelen ser más rápidas y eficientes de implementar que la distribución masiva de alimentos, reduciendo costos logísticos y algunos riesgos asociados a la gestión de suministros (corrupción en las compras, calidad de los alimentos o clientelismo en las distribuciones).
Paralelamente, es fundamental apoyar a los pequeños productores para el próximo ciclo agrícola. Muchos han perdido cultivos e ingresos y tendrán dificultades para financiar nuevas siembras. Programas de semillas, fertilizantes, asistencia técnica y acceso a financiamiento serán esenciales para evitar una recuperación lenta y prolongada del sector agrícola familiar.
¿Deben agilizarse los procesos para la entrega de ayuda alimentaria?
Sin duda. En una emergencia de esta magnitud, la oportunidad de la respuesta es tan importante como la respuesta misma.
Los procedimientos administrativos deben garantizar transparencia y rendición de cuentas, pero también deben ser lo suficientemente ágiles para responder a una situación donde miles de familias están perdiendo sus medios de vida. Los retrasos pueden provocar que la ayuda llegue cuando los hogares ya han agotado sus reservas, vendido activos productivos o acumulado deudas.
La prioridad debe ser combinar rapidez, transparencia y criterios técnicos claros para la selección de beneficiarios, para evitar el clientelismo o el uso proselitista de las ayudas, dado que estamos cercanos al período electoral.
La falta de lluvia también compromete las fuentes de agua para consumo humano. ¿Qué efectos tendrá y cómo debe afrontarse?
La sequía está agravando un problema estructural que Guatemala ya enfrentaba antes de esta emergencia. Muchas comunidades tienen sistemas de agua insuficientes, infraestructura deteriorada o fuentes con capacidad limitada para satisfacer la demanda.
A corto plazo, esto puede traducirse en una reducción de la disponibilidad de agua para consumo humano, mayores costos para las familias y un aumento del riesgo de enfermedades relacionadas con el agua insegura.
A mediano y largo plazo será necesario invertir en infraestructura hídrica, rehabilitar sistemas de abastecimiento, fortalecer la gestión comunitaria del agua y proteger las zonas de recarga hídrica mediante reforestación, conservación de bosques y manejo sostenible de cuencas.
Los efectos se observan principalmente en áreas rurales. ¿Cómo impactarán a las ciudades?
Los impactos ya están llegando a las áreas urbanas y lo harán con mayor intensidad en los próximos meses.
El principal mecanismo será el aumento de los precios de los alimentos, consecuencia de la reducción de la producción agrícola. También puede haber una mayor presión sobre los sistemas de abastecimiento de agua en zonas urbanas que ya presentan deficiencias.
Aunque las ciudades suelen ofrecer mayores oportunidades de empleo y acceso a servicios, los hogares de bajos ingresos que viven en asentamientos precarios son particularmente vulnerables a estos aumentos de los precios de los alimentos y podrían enfrentar dificultades crecientes para cubrir sus necesidades básicas.
¿Cuáles deberían ser las prioridades de atención a la población vulnerable?
Las prioridades deberían centrarse en cuatro áreas: protección social mediante transferencias monetarias, apoyo a pequeños productores para la recuperación agrícola (2027), fortalecimiento de la respuesta nutricional para la niñez y medidas urgentes para garantizar el acceso al agua en las comunidades más afectadas.
La clave es actuar antes de que la situación empeore. Cada mes de retraso incrementa los costos humanos, sociales y económicos de la crisis.