La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, a partir de una acción preventiva presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto y alcanza a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La magistrada ordenó que las compañías se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar obras vinculadas con Sea Lion hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente. La prohibición incluye perforaciones del lecho y subsuelo marino, infraestructura submarina, conductos y líneas de flujo, sistemas de inyección, estructuras de fondeo y la instalación o puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos. También comprende obras terrestres y portuarias de apoyo.
El eje de la resolución está en la ausencia de una evaluación ambiental previa. Un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, fechado el 24 de febrero de 2026, indicó que no se había presentado un aviso de proyecto ni iniciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental con las empresas demandadas. Para Borruto, esta situación justifica la aplicación de los principios preventivo y precautorio establecidos por la legislación ambiental.
La jueza aclaró que la cautelar no supone afirmar que el emprendimiento vaya a provocar un daño ambiental. El planteo, según la resolución, consiste en determinar previamente cuáles podrían ser sus impactos y qué medidas deberían adoptarse para prevenirlos o mitigarlos. La magistrada consideró que el riesgo no era hipotético debido al grado de avance que ya había alcanzado el proyecto.
Sea Lion dejó atrás la etapa inicial en diciembre de 2025, cuando Rockhopper y Navitas anunciaron la Decisión Final de Inversión. Para entonces, las empresas habían avanzado en contratos para una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga y para equipos de perforación. La Justicia también tuvo en cuenta los trabajos de adaptación de infraestructura y el cronograma previsto para comenzar la extracción.
El emprendimiento contempla 23 pozos, de los cuales 16 serían productores de petróleo, seis estarían destinados a la inyección de agua y uno a la inyección de gas. La primera fase contempla 11 pozos conectados mediante infraestructura submarina con una unidad flotante. La producción inicial fue proyectada en unos 50.000 barriles diarios, mientras que la primera extracción está prevista para 2028.
La dimensión económica del proyecto también aumentó durante los últimos meses. Rockhopper informó que una evaluación independiente estimó 313,8 millones de barriles de reservas 2P correspondientes a las fases 1 y 2, mientras que una estimación anterior ubicó en 917 millones de barriles los recursos 2C del conjunto del campo. Se trata de categorías diferentes, por lo que las cifras no representan el mismo volumen ni el mismo grado de certeza.
El proyecto ya cuenta además con una unidad flotante seleccionada para su desarrollo. Se trata del Aoka Mizu, que será sometido a trabajos de adaptación para operar en Sea Lion. La unidad tendrá una capacidad de producción cercana a los 55.000 barriles diarios. Las empresas también comenzaron a analizar una eventual ampliación del desarrollo, con una segunda FPSO que podría elevar considerablemente la capacidad futura.
La cautelar alcanza a Rockhopper, que posee el 35 por ciento del proyecto, y a Navitas, que tiene el 65 por ciento. Ambas compañías sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas y que el proyecto se desarrolla bajo el marco regulatorio de las islas. La disputa sobre la jurisdicción argentina constituye uno de los puntos centrales del conflicto.
En ese sentido, Borruto también vinculó la acción ambiental con la cuestión de la soberanía. Al reconocer provisoriamente la legitimación del CECIM, la jueza sostuvo que la demanda no involucra únicamente una cuestión técnica vinculada con el ambiente, sino también un interés federal relacionado con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Además de suspender las obras, el juzgado ordenó a las petroleras presentar, dentro de diez días judiciales desde su notificación, información detallada sobre el estado del proyecto. Deberán informar el cronograma de construcción y perforación, la cantidad y ubicación de los pozos, los equipos contratados, las empresas involucradas, la estructura societaria y el financiamiento.
También deberán aportar estudios ambientales, análisis de riesgos, documentación sobre eventuales derrames y planes de contingencia. La Justicia ordenó preservar la documentación técnica, ambiental, contractual, societaria y financiera vinculada con Sea Lion. La medida podrá mantenerse, modificarse o dejarse sin efecto a medida que avance el expediente.
La resolución se conoció en medio de una escalada de acciones del Gobierno argentino contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. La administración de Javier Milei anunció nuevas denuncias judiciales y trabaja en un proyecto para ampliar las sanciones contra compañías que participen en actividades hidrocarburíferas y otras operaciones relacionadas con los recursos naturales de las islas.
En paralelo, otro expediente tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí se investiga a Desire Petroleum por posibles actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin autorización argentina. La causa forma parte de la estrategia judicial del Gobierno para cuestionar las operaciones hidrocarburíferas desarrolladas en el área bajo administración británica.
La medida dictada por Borruto no implica la cancelación definitiva de Sea Lion ni resuelve la controversia sobre la soberanía de las islas. Por ahora, impide que Rockhopper y Navitas continúen con las actividades alcanzadas por la resolución mientras se determina si corresponde realizar una evaluación de impacto ambiental bajo la legislación argentina y avanza el proceso judicial.
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