50 personas en vilo, angustiadas en sus casas. Y unas 400 vecinas, resistiendo la calle. Esta es la escena que se vive desde las 7:00h. en la calle Llenguadoc, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, donde esta mañana estaba previsto el desalojo de 17 familias, con cerca de una decena de menores, que ocupan un edificio porque no pueden pagar un alquiler. Finalmente, más de 8 horas después del momento en que estaba previsto que llegara la comitiva judicial, el juez del Tribunal de Instrucción 42 de Barcelona ha ordenado que se ejecute el macrodesahucio.
En escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado apunta a “proseguir las actuaciones” después de que los Mossos corroboraran que hay “posibilidad” de ejecutar la expulsión. Eso, después de que no se viera ni un solo agente cerca del edificio. Tampoco ha aparecido en ningún momento la comitivia judicial. De hecho, en un documento que el cuerpo de policía ha remitido al juzgado y también consultado por este medio, la inspectora al frente del dispositivo comunicó, a las 10h, que ejecutar el desahucio podía comportar “alteraciones del orden público, posibles lesiones y daños materiales públicos y privados” y que sólo se ejecutaría si así lo ordenaba el juez.
La decisión ha llegado, pero se ha hecho derogar. El motivo, según apuntan diversas fuentes jurídicas consultadas, es que esta mañana se ha publicado el nuevo decreto de vivienda en el BOE, después de que fuera aprobado este martes en el Consejo de Ministros. El problema es que, según el texto del propio decreto, la ley no entrará en vigor hasta el jueves. “Es un limbo”, lamentan los movimientos por la vivienda, que están pendientes de un total de 41 desahucios en la capital catalana.
Lo normal es que, cuando una norma se oficializa en el BOE entre automáticamente en vigor, pero no ha sucedido así este miércoles, para sorpresa de los sindicatos de vivienda. “Es algo rarísimo, que no suele pasar. Y no sabemos a qué atenernos”, apuntaba el letrado cuando la comitiva ya hacía casi tres horas que debería haber aparecido. “Los teléfonos están que echan humo”, explican fuentes jurídicas.
“Los jueces se resisten a ejecutar con tan poco margen, y las propiedades intentan apurar”, sigue. “Pero, a la vez, los magistrados no se quieren arriesgar a suspender sin una ley que les ampare, porque se podrían arriesgar a una querella de la propiedad”, advierten las mismas fuentes.
Ha sido una mañana inusual: la convocatoria para resistir al desahucio se ha alargado muchísimo más de lo que es habitual. Además, la falta de presencia policial y la incomparecencia de la comitiva judicial ha dejado a varios centenares de activistas en un estado de calma tensa. Las canciones y los bailes se han ido intercalando con cánticos y petardos.
Otro hecho totalmente fuera de lo común ha sido la presencia de los directores generales de vivenda, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona, Miquel Bagudanch y Josep Maria Riera, que se han personado para “parar el desahucio”.
A pesar de que la mediación entre las administraciones vecinas y propiedad dura desde 2022, han acudido para apelar a los tribunales que no tomen “la peor decisión posible”, en referencia al desahucio. “Nos ha enviado directamente la consellera Paneque, porque nos ha dicho que esto se tiene que parar”, ha afirmado Bagudanch, sobre la responsable de la cartera de vivienda. A pesar de eso, los Mossos sí se han personado.
La fecha de la expulsión de esta finca se fijó a principios de septiembre, mucho antes de los últimos decretos de vivienda que han derivado en el adelanto electoral para el 29 de noviembre. Los habitantes daban por hecho su expulsión, contra la que llevan luchando más de cuatro años. Pero desde que se aprobó por primera vez el ‘decreto Maricarmen’, la semana pasada, su día a día ha sido una montaña rusa.
La alegría del pasado martes se tornó, de nuevo, en desesperación cuando los votos del PP, Junts y Vox tumbaron la norma en el Congreso. Este lunes, de nuevo, vino la esperanza cuando el Ejecutivo anunció que el Consejo de Ministros volvería a aprobarlo. Ese mismo día, los abogados de los residentes entraron una petición de suspensión en los juzgados.
Ahora bien, la petición solo podía hacerse efectiva a partir del momento en que la norma entrara se publicara en el BOE, que suele ser antes de las 8 de la mañana. “Es una carrera contrarreloj”, apunta Alonso. Las vecinas de Llenguadoc han pasado la noche en vela sabiendo que, en su caso, cada minuto contaba porque la comitiva judicial estaba citada a las 8h.
Este desahucio tiene importancia porque, además de afectar a 17 familias, lo que pase aquí sentará un precedente y despejará la duda de si el decreto ampara o no a los casos de ocupación, tanto para las personas que nunca han tenido contrato de alquiler como para aquellas a las que les ha finalizado y se han quedado en la vivienda.
“La gente piensa que sólo está pensada para el alquiler, pero no es cierto”, explica Alonso, que considera que si alguien tuviera que redactar una ley para proteger a los habitantes de Llenguadoc, “habría escrito, palabra por palabra, este texto”. En efecto, los habitantes de esta finca no tienen contrato, pero tampoco tienen alternativa habitacional, son vulnerables y están en manos de un gran propietario
Cinco años de acoso y “angustia”
La historia de Llenguadoc empezó en 2017, con el recién formado Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu. Allí se decidió aprovechar que había un edificio, entonces propiedad de Reale Seguros, que tenía las viviendas tapiadas, sin usar, para empezar a ocuparlas. Primero fueron pocas las familias que recalaron allí, compartiendo espacio con jóvenes militantes del colectivo okupa.
Al llegar la pandemia, se decidió dedicar esos 20 pisos íntegramente quienes no tuvieran dónde vivir. Ahora son una comunidad muy diversa, conformada por personas de diversos continentes, incluyendo solicitantes de asilo que huyen de guerras o de persecución. También hay personas del colectivo LGTBI. Algunas son nacidas en Barcelona; entre ellas todos los niños que habitan en Llenguadoc. El más pequeño tiene tres meses y el mayor 15 años.
Antes de cambiar de manos, la finca acogía, principalmente, a familias del gremio de los panaderos, pero la nueva propiedad decidió no renovar los alquileres. De ellas, casi todas se fueron. Excepto Pilar, la única vecina que conserva su contrato de alquiler de renta antigua e indefinido. Ella ha visto como su finca ha pasado de ser un edificio anodino, en el que no pasaba nada fuera de lo común, a sufrir acoso inmobiliario.
Pilar se quedó sola en la finca hasta que llegaron sus nuevos vecinos, que la ayudaron a resistir. Como respuesta a la ocupación de las viviendas, Reale contrató a Desokupa, que destrozó los pisos vacíos para que no los ocupara nadie más y apostó “matones” a la entrada del edificio día y noche. En esa época bautizaron la finca como “Can Segurata”, a modo de broma.
Al no ser capaz de vaciar la finca, Reale la vendió en 2025 a Thunder Optical Minur, una empresa dedicada a la administración y rehabilitación de inmuebles y vinculada al sector de las residencias de ancianos. Tal y como demostró una investigación de El Salto, después de la transacción el acoso inmobiliario creció y hubo agresiones a varios vecinos.
“Es algo que impone mucho, sobre todo como mujer o madre soltera”, dice Mel, una de las primeras personas en llegar a la finca. “Me parece terrible que estas empresas, que se dedica al negocio de los cuidados, se encargaran de maltratarnos así”, cuenta.
Para ella, no es el primer proceso de desalojo. Antes vivía en un piso junto a su hija, pero la propiedad decidió vender la finca y los nuevos dueños también se negaron a renovar los alquileres. “Es un círculo vicioso que no se acaba nunca. Es una angustia terrible por la que nadie, nadie, nadie se merece pasar. Ni la peor persona del mundo”, sostiene.
Este medio centenar de personas ahora respira tranquilo. Pero saben que esa paz no durará para siempre. A diferencia del último decreto, que estuvo en vigor poco más de 48 horas, esta vez su podría aguantar meses. Si se convalida por la Diputación Permanente, la paralización de los desahucios estaría vigente, como mínimo, hasta después de las elecciones. “Necesitamos que esto se acabe ya. Sólo queremos un alquiler que podamos pagar y un lugar donde criar a nuestros hijos. No pedimos tanto”, ruegan las vecinas.