El jueves a las 10 de la mañana, el Gobierno abrirá los sobres con las ofertas económicas de los dos únicos consorcios que quedaron en carrera por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Según pudo saber Infobae, las propuestas de ambos grupos serían inferiores a los USD 500 millones que espera recaudar el Ministerio de Economía.
Ese acto definirá al ganador de una licitación que avanza desde el 15 de septiembre, cuando se abrieron los sobres técnicos y quedaron en pie dos consorcios de un total de 17 constructores que habían iniciado el proceso de forma independiente. Una vez conocido el resultado, el nuevo operador privado deberá asumir la operación completa de la empresa entre enero y febrero de 2027.
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Si bien el pliego no fijó una cifra base pública, existe una tasación de referencia elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que permanecerá encriptada hasta el momento de la apertura de los sobres. Y, aunque funciona como parámetro indicativo no vinculante para la comisión evaluadora, si la oferta más alta quedara por debajo del mínimo de ese rango, la comisión puede declararla inconveniente para el interés público.
El pliego también contempla un mecanismo de desempate: si la diferencia entre la propuesta mejor ubicada y la siguiente es igual o inferior al 5%, se declara un empate técnico y los oferentes tienen un día hábil para mejorar sus propuestas. El procedimiento se repite hasta que haya un ganador.
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El primer grupo está encabezado por Roggio ROAS, vehículo del Grupo Roggio, operador actual de Aguas Cordobesas y uno de los jugadores locales con mayor trayectoria específica en agua y saneamiento. La propuesta incluye además a Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre. Dentro de los negocios del Grupo Roggio también está la red de subtes y el premetro porteño a través de Emova Movilidad y el ramal Urquiza mediante Metrovías.
El segundo consorcio está liderado por Rowing S.A., empresa de ingeniería fundada por Walter Román, junto a Transclor, Arcos Saneamento e Participações y el fondo de inversión PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos. Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, es proveedora de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA desde 2009. El empresario es, además, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en el control accionario de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país; a su vez, recientemente adquirió junto a sus socios la mayoría accionaria que YPF vendió en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del AMBA.
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El componente técnico internacional de esta oferta es Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav de Brasil, que opera el servicio de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro bajo la marca Águas do Rio, tras adjudicarse en 2021 una de las mayores subastas de saneamiento de la historia de ese país. Entre sus inversores relevantes figuran el fondo soberano de Singapur GIC e Itaúsa, holding de la familia Setúbal.
El nuevo operador asumirá un contrato por 30 años, prorrogable por 10 años más. No deberá presentar un plan de inversión propio ni proponer una tarifa, ya que ambos parámetros estuvieron fijados de antemano en el pliego. La única variable en juego en la apertura del jueves es el precio ofrecido por el paquete accionario.
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En este escenario, las obligaciones de inversión son millonarias: el consorcio adjudicatario deberá invertir un mínimo de USD 2.000 millones en los primeros cinco años y entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones a lo largo de toda la concesión. Esa infraestructura (caños, bombas, plantas) no puede ser retirada al término del contrato y queda registrada como activo del Estado.
En materia de cobertura, el contrato fija metas escalonadas: llegar al 75,3% de cobertura de agua potable para fin de 2031 y al 90% a los 30 años. En saneamiento, la progresión va del 63,9% en 2031 al 75% al cabo de las tres décadas. La universalización de ambos servicios queda proyectada recién si se ejerce la prórroga adicional de 10 años.
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Sobre el impacto en los bolsillos de los usuarios, el presidente de AySA, Alejo Maxit, señaló en un encuentro con la prensa, del que participó Infobae, que la proporción del gasto en agua y saneamiento dentro de la canasta familiar es hoy la más baja de América Latina y que esa relación se mantendrá durante el primer ciclo tarifario, que corre de 2027 a 2031. “No va a significar que en los próximos cinco años nuestros clientes sufran una situación estresante en términos de costo del servicio de agua y saneamiento”, sostuvo.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, la factura promedio de agua sin subsidios en el AMBA alcanzó $42.975 en agosto de 2026, equivalente al 2,2% del salario promedio registrado. El contrato prevé ajustes periódicos mediante un coeficiente llamado “K”, ligado a variables de costos, y una corrección anual atada al cumplimiento de metas de calidad, el “Factor C”, que puede sumar o restar puntos a la tarifa según el desempeño de la concesionaria. Recién en 2032 habrá una revisión integral de la tarifa para el período 2032-2036. Los 160.000 usuarios con tarifa social mantendrán ese beneficio sin cambios bajo el nuevo esquema.
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AySA fue estatizada en 2006 y nunca había cerrado un ejercicio con resultado positivo hasta la gestión actual. En sus 20 años como empresa del Estado, recibió del Gobierno nacional unos USD 13.400 millones, de los cuales USD 10.000 millones se destinaron a inversiones y el resto a gastos corrientes y subsidios.
Hoy factura alrededor de USD 1.000 millones al año y registra 3,8 millones de cuentas facturadas en su área de cobertura, que abarca a los 14 millones de personas mencionadas al inicio. La compañía cerró en positivo los ejercicios de 2024 y 2025, con ganancias de $63.522 millones y $22.088 millones respectivamente, luego de haber registrado una pérdida de $503.647 millones en 2023. En ese período, las transferencias corrientes del Estado nacional a la compañía cayeron de $416.326 millones en 2023 a cero en 2025.
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