En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo sobre las inconsistencias detectadas en su evolución patrimonial y negó haber pagado US$245.000 por las refacciones de su casa en el country Indio Cuá, como había declarado el contratista Matías Tabar. En un escrito de 78 carillas, su defensa sostuvo que el incremento registrado tiene un “sustento razonable y verificable” y afirmó que el costo de las obras fue de US$175.000, financiados con fondos que, según aseguró, provenían de sus ahorros. Además, atribuyó parte de los fondos cuestionados a operaciones con bitcoins realizadas entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública.
La presentación fue realizada ante el requerimiento del fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, que tramita el juez federal Ariel Lijo. La Fiscalía había señalado previamente una serie de inconsistencias en la evolución patrimonial del exfuncionario y le había pedido explicaciones sobre el origen de distintos fondos y operaciones.
Como argumento central, la defensa sostuvo que “no existe enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación” y afirmó que las operaciones cuestionadas, ahora, cuentan con documentación de respaldo. El descargo deberá ahora ser analizado por la Fiscalía y el juez federal Ariel Lijo, quienes deberán contrastar la documentación aportada con los elementos que ya forman parte del expediente.
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La presentación se produce a 137 días de la entrevista con el periodista Alejandro Fantino en la que había dicho que estaba trabajando en el tema, luego de que se conociera que pagó en efectivo refacciones carísimas que se realizaron en su casa del barrio privado Indio Cuá.
Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con esa vivienda que Adorni compró junto a su esposa, Bettina Angeletti, en el barrio privado de Exaltación de la Cruz. Según la presentación de la defensa, el inmueble fue adquirido por US$120.000: US$100.000 mediante un préstamo hipotecario garantizado con otra propiedad y los US$20.000 restantes en efectivo.
Acá es donde aparecen versiones contrapuestas: Tabar declaró ante la Justicia que había recibido US$245.000 en efectivo por los trabajos realizados en la propiedad, que incluyeron intervenciones en pisos, baño, cocina, quincho y pileta. Según el contratista, los pagos se realizaron en dos etapas: US$55.000 durante 2024 y US$190.000 en 2025.
Ahora, la defensa de Adorni cuestionó esa cifra y sostuvo que el desembolso efectivo del exfuncionario fue de US$175.000. En el escrito, además, se plantearon diferencias entre las distintas planillas aportadas por Tabar y se señaló que una de ellas arrojaría un total de US$285.929, una cifra diferente tanto de los US$245.000 declarados por el contratista como de los US$175.000 que sostiene la defensa.
Sobre el origen de esa cantidad de dinero, según Adorni, los US$175.000 salieron de sus ahorros que estaban una cuenta bancaria.

Los otros puntos que debe explicar Adorni
Otro de los puntos sobre los que la Fiscalía había pedido explicaciones estaba relacionado con los dólares declarados en efectivo. Según la presentación de la defensa, Adorni informó US$565.000 al inicio de 2023, US$513.000 al cierre de ese año y US$388.961,52 al finalizar 2024, bajo el concepto de “venta de activos”.
La explicación presentada ante la Justicia apunta a la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin, cuyas operaciones, según la defensa, habrían representado US$591.544,61.
De acuerdo con el escrito, esas billeteras fueron utilizadas entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y actualmente no conservan saldo. La defensa sostiene que los bitcoins fueron adquiridos con ahorros provenientes de la actividad profesional privada de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
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Según la presentación, la mayor inversión se produjo en 2017 y alcanzó los US$199.883,20, mientras que las posteriores ventas se realizaron mediante operaciones personales y en efectivo.
Para respaldar la titularidad de las billeteras, la defensa afirmó que Adorni firmó mensajes utilizando las claves privadas de las ocho direcciones ante un escribano y entregó las claves en un sobre cerrado y lacrado.
Otro de los puntos discutidos es la diferencia entre los ingresos y egresos registrados durante el período analizado. De acuerdo con los datos incorporados a la causa, los ingresos comprobados del matrimonio alcanzaron aproximadamente $229,752.283,20, mientras que los gastos reconstruidos llegaron a $272.820.832,20. La diferencia entre ambos montos es de $43.068.549, un desfasaje que la Fiscalía busca que sea explicado por el exfuncionario.
La defensa reconoció que hubo rectificaciones en esas declaraciones, aunque sostuvo que fueron realizadas antes del requerimiento fiscal y de una eventual fiscalización de ARCA. También afirmó que el exfuncionario pagó las obligaciones tributarias correspondientes.
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