El día de la ciudad autónoma de Ceuta amanece con la presión sobre el Gobierno en aumento. La Policía Nacional apunta a que los gendarmes marroquíes habrían gestionado la entrada masiva de migrantes del 30 de julio, según un documento sobre el que ha informado El Español. A raíz de este informe de la CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió explicaciones al director general de la Policía Nacional.
Esta noticia coincide, a su vez, con otra información de la misma unidad que alertaba de la posible llegada masiva a Ceuta tres días antes, de acuerdo con lo adelantado por Código 10. El informe cuestiona la versión oficial del Ejecutivo, que sostenía que no existían alertas previas sobre lo que podía ocurrir. Margarita Robles sí que ha sostenido que el CNI realizó su labor de informar, aunque se desconoce si desde Inteligencia también hubo informes escritos como en la policía.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsabiliza a las mafias que trafican con seres humanos por la crisis en Ceuta y recalca que Marruecos “no es ninguna amenaza”, sino un “socio absolutamente fiable”.
En una carta sobre la que ha informado EFE, el ministro del Interior ha solicitado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que aclare si el cuerpo disponía de información sobre que la entrada masiva “fue guiada” por gendarmes marroquíes. El ministro subraya que, si la publicación es cierta, necesita conocer desde qué momento la Policía tuvo esos datos, que considera “absolutamente esenciales” para que el Ministerio del Interior y el Gobierno adopten las decisiones necesarias.
Grande-Marlaska sostiene que, si conocían esos datos, debía haberlos trasladado de forma inmediata a los responsables de gestionar la crisis. El ministro recuerda que se había declarado una situación de interés para la seguridad nacional conforme a la Ley 36/2015. Por ese motivo, afirma que la información debía ponerse “inmediatamente a disposición” del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad designada por el presidente del Gobierno y de los demás organismos competentes. También deja claro que las diligencias judiciales no justifican una demora en la comunicación de los datos.
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En las últimas semanas, se ha evidenciado un choque significativo entre los ministros Grande-Marlaska y Margarita Robles a raíz de los avisos sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Robles, durante su comparecencia en el Congreso, sostuvo que el CNI y las fuerzas de inteligencia sí advirtieron al gobierno con antelación, y resaltó que había 25 agentes del CNI monitorizando la situación en la frontera. También otras figuras e instituciones, como el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, o asociaciones policiales, han sostenido que advirtieron de lo que podía ocurrir.
En contraste, Marlaska negó reiteradamente la existencia de informes que anticipasen la avalancha migratoria, manteniendo la versión oficial de que el gobierno no contaba con avisos “ni previos ni precisos”. Sin embargo, la revelación de este supuesto informe policial que alertaba de la posible entrada le ha puesto contra las cuerdas y aumenta la presión política sobre su gestión y sobre el Gobierno, al que socios y oposición acusan de falta de transparencia, autocrítica y señalamiento a Marruecos.
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