Luego de que en los últimos días circularan diversas informaciones que vinculan a dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Conatracc) con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González, en el marco de presuntos delitos de extorsión, uno de los principales referentes sindicales del sector, Augusto Ramos Dolmos, salió al frente para rechazar las acusaciones y exhibir documentación oficial que respaldan su versión.
En diálogo con medios nacionales, Ramos Dolmos denunció la existencia de una campaña sistemática de desprestigio orientada a minar su imagen y poner en duda la legitimidad del gremio. Según explicó, las reuniones mantenidas a principios de agosto con el titular de Vivienda tuvieron como único objetivo analizar la situación de los proyectos de saneamiento y las condiciones laborales en las obras públicas, descartando cualquier irregularidad.
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Para demostrar su posición, el presidente de la Conatracc presentó dos certificados oficiales: uno judicial, emitido por el Poder Judicial del Perú, y otro policial, extendido por la Policía Nacional del Perú, ambos con fecha 6 de junio de 2026. Ambos documentos consignan la frase “no registra antecedentres”, lo que, según el dirigente, deja sin sustento las denuncias difundidas en algunos medios.
Ramos Dolmos remarcó que estos certificados son requisito indispensable para mantener el carné del Registro de Trabajadores de Construcción Civil (RTCC) y para inscribirse ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Afirmó, además, que la Conatracc opera bajo estrictas normas legales desde su fundación en 2005.
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El dirigente atribuyó los ataques mediáticos a una disputa interna por la representación del sector construcción. Aseguró que la Conatracc agrupa a más de 250 mil trabajadores en todo el país y mantiene presencia en federaciones y sindicatos bases.
Apuntó a sectores relacionados con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) como promotores de campañas para debilitar su espacio de negociación colectiva.
Según declaraciones recogidas por diversos medios, la organización que encabeza Ramos Dolmos exige mejoras salariales ante la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y marca distancia de los acuerdos históricos suscritos por otros gremios, a los que calificó como insuficientes. También advirtió sobre el riesgo de paralización de obras de saneamiento a cargo de Sedapal y el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), debido a demoras en los pagos a empresas contratistas.
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En el plano político, Ramos Dolmos señaló que existe un interés por interferir en la labor sindical y afectar las coordinaciones institucionales con el Poder Ejecutivo. Detalló que en las reuniones con Vivienda participaron también dirigentes de base y gestores sociales que buscan acelerar proyectos de agua potable en zonas vulnerables.
El titular de la Conatracc recordó que la organización ha decidido, de manera libre y transparente, ejercer su derecho constitucional a respaldar públicamente la candidatura de Keiko Fujimori en diferentes procesos electorales.
Relató que este tipo de pronunciamientos suele desencadenar nuevas campañas en su contra cada vez que se producen avances gremiales en favor de los trabajadores.
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Frente a lo que considera imputaciones difamatorias y calificativos despectivos, Augusto Ramos Dolmos anunció que interpondrá acciones legales contra quienes hayan difundido las acusaciones. Confirmó que buscará protección judicial para salvaguardar su honor y la institucionalidad del gremio que representa.
El dirigente sindical insistió en que los certificados oficiales son prueba suficiente para acreditar su inocencia y ratificó su compromiso de seguir al frente de la Conatracc, defendiendo los derechos laborales de los trabajadores de construcción civil en todo el país.